El canon AEDE tendría un impacto negativo de 1.133 millones, según un estudio

La compensación a los editores de prensa prevista en el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, conocida como canon AEDE, tendría un impacto económico negativo de 1.133 millones de euros al año para los internautas, según un informe de Analistas Financieros Internacionales (Afi).

Este estudio, encargado a Afi por la Coalición Pro Internet, asegura que ese impacto económico negativo sale del tiempo adicional que los usuarios tendrían que dedicar a buscar y localizar la información deseada en ausencia de agregadores, un tiempo que se dejaría de dedicar a otras actividades más productivas.

Ese “coste de oportunidad” es el que se valora en términos monetarios a partir del ingreso medio por hora de los internautas, si se considera que un incremento de tan sólo un segundo en el tiempo que debe dedicar un usuario medio para encontrar cada noticia supondría una merma de su bienestar individual valorada en 65,7 euros al año.

Álvaro Martín, uno de los responsables del informe económico de Afi, que coincide con la tramitación parlamentaria del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en la que se prevé el derecho irrenunciable de los editores de prensa a percibir un canon de los prestadores de servicios electrónicos de agregación, ha asegurado que “no hay justificación económica que demuestre la intervención pública”.

En cambio, ha precisado, “sí hay aspectos que pueden alterar el potencial innovador de España y el incremento de la sociedad de la información” en el país, y ha añadido que el “cuestionable beneficio a unos cuantos puede lastrar el efecto multiplicador de la agregación de noticias sobre los demandantes de la información”.

La introducción de un canon, demandado por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), establece, según el informe, barreras de entrada para nuevos agregadores que no se encontraron los que ya están asentados en el mercado, además “de atentar contra la libertad de empresas y perjudicar a los editores de menor tamaño”, según Álvaro Martín.

También señala el informe de Afi que las supuestas ventajas efectivas derivadas de la modificación de la LPI probablemente no compensarían “los enormes costes” que sufriría el sector editorial en términos de pérdida de tráfico de visitantes y de ingresos publicitarios.

Asimismo, el hecho de que sea Cedro, la asociación que gestiona los derechos de autor y de propiedad intelectual de los autores y editores, la encargada de hacer las diligencias para aplicar el canon también genera suspicacias, al tratarse -según el informe- de un “operador monopolista, en lugar de permitir la participación de otros agentes cualificados”.

Es en la parte que el estudio dedica a detallar las implicaciones microeconómicas de esa medida para los internautas españoles donde se señala que el impacto agregado sobre el bienestar ascendería a unos 1.133 millones de euros, el 0,11 por ciento del PIB, teniendo que cuenta que en España existen unos 17,2 millones de internautas lectores de noticias “online”.

En cuanto a las implicaciones macroeconómicas del canon, según Afi, se podrían producir procesos de deslocalización de actividad y empleo en sectores de elevado valor añadido, además de desincentivar la innovación tecnológica y empresarial directamente relacionada con los servicios de información y comunicación.

Por último, el estudio asegura que su introducción supondría un cambio normativo discrecional orientado a proteger el modelo de negocio de un limitado grupo de editores, “en detrimento del interés general”, lo que supondría “un menoscabo de la seguridad jurídica en España”.

Arsenio Escolar, presidente de la Coalición Pro Internet y presidente de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas, ha calificado la reforma de la LPI de “chapuza jurídica”.

Además ha señalado que, ante la ausencia de un informe previo de impacto económico, han querido “ayudar al Gobierno” encargando a Afi este estudio, que le van a pasar a todos los grupos del Congreso con el ánimo de que el Ejecutivo “se lo replantee” y considere “otros argumentos”.

Por su parte, Emilio Ontiveros, presidente de Afi, ha señalado que el informe ha sido realizado por su equipo de Economía Aplicada y ha indicado que encargos como éste forman parte de la “línea de trabajo” de la organización respecto al impacto de tecnologías de la información sobre el crecimiento económico.