La Comisión Europea propone un fin gradual del “roaming” y defender un internet neutral

La Comisión Europea (CE) propuso hoy medidas para acabar de manera gradual con los cargos por utilizar el móvil desde otros países de la UE y proteger mejor la neutralidad de la red a nivel comunitario, en un amplio paquete legislativo para facilitar el acceso a los servicios digitales en toda Europa.

La CE aprobó una regulación con vistas a crear un verdadero “mercado único” de las telecomunicaciones en toda la UE que considera su plan “más ambicioso” en 26 años de reformas encadenadas en ese sector, explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La propuesta, que explicará mañana la vicepresidenta de la CE y responsable de la Agenda Digital, Neelie Kroes, ha sido respaldada sin enmiendas y por unanimidad por el Colegio de comisarios, informaron fuentes comunitarias.

Uno de los objetivos de la CE en esta regulación, que ahora deberán debatir el Parlamento Europeo y los Veintiocho, es que los cargos por el uso del móvil en itinerancia en la Unión vayan desapareciendo progresivamente.

Para ello, propone prohibir cobrar por las llamadas recibidas en el móvil desde otros Estados miembros a partir de julio de 2014.

Además, quiere que los operadores escojan entre ofrecer planes para usar el móvil en otros países a precios fijados en función de la competencia nacional, o bien separar los servicios móviles nacionales de aquellos que se presten en itinerancia y permitir que éstos los suministre otra empresa que los ofrezca más baratos, sin que el cliente tenga que cambiar de número o tarjeta “SIM”.

También en el ámbito telefónico, la CE quiere que los operadores no cobren más por una llamada fija internacional dentro de la UE que por una nacional de larga distancia, y que limiten el precio de las llamadas entre móviles dentro de toda la Unión a un máximo de 0,19 euros por minuto más el IVA.

A la hora de establecer los precios, la Comisión admite que las compañías puedan recobrar “de forma objetiva los costes justificados”, pero no los “beneficios arbitrarios” que asegura que obtienen actualmente por esas llamadas.

Por lo que se refiere a la neutralidad tecnológica en la red, la CE defiende la prohibición del bloqueo o “estrangulamiento” de los contenidos por parte de los operadores, a fin de que los clientes tengan un acceso “total y abierto” a internet independientemente del precio o velocidad de su conexión.

Precisa que se podrán ofrecer “servicios especializados” con “calidad garantizada” -televisión a través de protocolo de internet (IPTV), vídeos a la carta, aplicaciones que incluyan imágenes de alta resolución médica, quirófanos virtuales o aplicaciones críticas que utilizan intensivamente datos almacenados en la “nube”- si no se interfiere con la velocidad de conexión prometida a otros clientes.

La propuesta también pretende simplificar las normas para que los operadores ofrezcan sus servicios en otros Estados miembros a través de una única autorización, así como armonizar el alquiler de redes de otras compañías.

Para proteger mejor a los consumidores la CE aboga por contratos con un lenguaje sencillo, más facilidad para cambiar de operador o modificar un contrato, tener la posibilidad de firmar un contrato de doce meses si el cliente lo desea, poder cerrar un contrato si la velocidad de conexión no es la prometida o recibir los emails en la nueva dirección tras cambiar de proveedor.

En lo referente al espectro radioeléctrico, la Comisión defiende una asignación coordinada a fin de garantizar un mejor acceso a las redes móviles 4G o WiFi y que los operadores puedan desarrollar planes de inversión “más eficientes y transfronterizos”.

La CE adoptó además una recomendación complementaria con la que quiere incrementar la certidumbre legal para estimular más la creación de nuevas redes.

En concreto, propone “armonizar más” y establecer los costes que los operadores históricos cobran por dar acceso a empresas competidoras a sus redes de cobre, y garantizar que los operadores que quieran acceder a esas redes lo hagan de manera “equitativa”.

Si se cumplen esas exigencias de competencia y no discriminación, la CE cree que el precio mayorista de acceso a las redes de banda ancha de nueva generación lo puede determinar el mercado en lugar de los reguladores.