Contadores ‘inteligentes’, usos cuestionables
Según la página web de Endesa, actualmente hay instalados en España 13 millones de contadores ‘de nueva generación’, en línea con lo establecido por la Directiva Europea 2009/72/EC, que anima a los países miembros que en 2020 más del 80% de los contadores y redes eléctricas sean ‘inteligentes’. Con estos nuevos aparatos, las distribuidoras contarán con información a tiempo real del consumo de los hogares, lo que eliminará el problema de las lecturas estimadas. Teóricamente, los contadores inteligentes también deberían permitir a las empresas adaptar mejor la producción de energía al consumo real, y al consumidor tener una mejor comprensión del gasto energético que genera y aprovechar tarifas especiales (nocturnas, etc.).
A pesar de que en el discurso de las empresas los contadores inteligentes sólo tienen ventajas, hay ya muchas voces que han planteado sus dudas ante algunos de los problemas que pueden generar los ‘smart meters’. En España el debate ha sido escaso y se ha centrado en la eliminación de puestos de trabajo y en las radiaciones supuestamente dañinas, pero a nivel europeo la proliferación de los contadores inteligentes no ha estado libre de polémica, y por temas relacionados con la privacidad, la seguridad, la protección del consumidor/a y el coste.
Cuando estos ‘meters’ empezaron a instalarse en Holanda, en 2009, el Senado paró su proliferación después de obtener un estudio universitario encargado por una asociación de consumidores que establecía que la legalidad de estos aparatos era dudosa, ya que al leer remotamente los datos de consumo de cada hogar a intervalos de 15 minutos suponía una vulneración del derecho a la intimidad. En la campaña cívica que se generó se utilizaron argumentos poderosos, como el hecho que de haber existido contadores inteligentes en 1944, a las SS les habría sido muy fácil descubrir que había actividad en el anexo secreto que albergó a la familia de Anna Frank hasta su deportación.
Efectivamente, la lectura del consumo eléctrico a intervalos frecuentes permite no sólo calibrar el consumo, sino también identificar patrones vitales (hora de acostarse, comer, etc.) y tipos y marca de electrodomésticos utilizados. De esta información se pueden sacar datos agregados de alto valor comercial, pero también datos personalizados de valor policial (las plantaciones de marihuana generan un elevado consumo eléctrico, por ejemplo).
Finalmente, el Senado holandés sólo permitió la instalación de los contadores inteligentes si estos incluían tanto la posibilidad de elegir intervalos menos frecuentes como la de no proporcionar lectura alguna (‘opt-out’).
Más allá de los temas de privacidad, varias voces han apuntado a los problemas de seguridad –la existencia de redes de datos ‘inteligentes’ permite una mejor manejo de estos por parte de las empresas, pero al reunir una gran cantidad de información en una sola plataforma (smart grid), éstos datos se vuelven también más vulnerables, y el daño causado por intromisiones es potencialmente muy superior. Si todos los datos de consumo eléctrico se canalizan en una misma plataforma, por ejemplo, un intruso podría eliminar el suministro de infraestructuras clave o regiones enteras. O un ladrón podría hacer los mismo remotamente con una vivienda en particular.
Finalmente, se ha cuestionado la relación coste-beneficio para el consumidor, que es quién acabará pagando la factura de los smart meters directa o indirectamente. En el caso español, dónde el consumo real supone una mínima parte de la factura eléctrica y la tarificación nocturna es una broma de mal gusto, plantear que un mayor conocimiento del consumo pueda llevar a reducciones significativas del gasto del consumidor es, cuanto menos, engañoso. Según la prensa británica, se prevé que un contador inteligente pueda ahorrar a cada hogar unos 33 euros, mientras que su coste es de 400 euros.
De hecho, en 2012 el Supervisor Europeo de Protección de Datos apuntó que ‘si bien los contadores inteligentes pueden tener muchas ventajas, también permiten la recogida masiva de datos personales que pueden revelar qué hacen los miembros de una familia en la intimidad de sus hogares’ y pidió a la Comisión Europea que realizara estudios sobre el impacto de estos aparatos y que ‘valorara si son necesarias nuevas leyes a nivel europeo para asegurar la adecuada protección de los datos personales en los contadores inteligentes’.
Mientras se debate esta posibilidad, las eléctricas siguen instalando contadores inteligentes. Y en el caso de España, lo hacen sin informar del intervalo de lectura, de los riesgos ni de la posibilidad de rechazar el control en tiempo real. Tampoco se nos informa de qué precauciones en términos de adopción de mecanismos tecnológicos de protección de la privacidad se han tenido en cuenta o están en estudio (y haberlos, haylos).
A diferencia de Estados Unidos (California), Holanda, Gran Bretaña o Francia, esto no parece haber levantado suspicacias. Sólo algunos medios online, como Gigahertz, se han hecho eco hasta ahora de los riesgos de los smart meters, sin que ni gobierno, ni asociaciones de consumidores ni la Agencia Española de Protección de Datos hayan planteado ninguna cuestión sobre la instalación obligatoria de estos nuevos –y caros- artilugios en todos los hogares del país.
Parece, pues, que ante la posibilidad de apostar por un uso más eficiente y limpio de los recursos energéticos en origen, preferimos, de nuevo, comprar maquinitas cuyo impacto en la reducción de consumo y emisiones es hoy inexistente. A unas empresas que gozan ya del ‘inventado déficit tarifario’ y de una abultada tarifa eléctrica, les vamos a regalar ahora unos datos personales que no sólo cuestan derechos, sino que tienen un valor de mercado del que las eléctricas, si nadie se lo exige, jamás tendrán que rendir cuentas.
