Cómo el copyright puede hacer un tractor obsoleto

John Deere es el nombre del mayor fabricante de maquinaria agrícola a nivel mundial. Podría ser el de cualquier ciudadano corriente de origen anglosajón, de hecho fue el nombre del fundador de la compañía, de profesión herrero, que emigró a Illinois en busca de mejor fortuna. La encontró y casi dos siglos después la empresa que creó domina su sector.

Los tractores y en general la maquinaria agrícola son productos con una vida útil longeva pero también muy costosos. Para un agricultor la compra de uno de estos vehículos es una inversión, que tratará de amortizar al máximo en los siguientes años. Asimismo intentará alargar la vida útil de su inversión, para lo que necesitará hacer reparaciones. Y aquí es donde entra en juego la petición que John Deere hizo recientemente a la Oficina de Copyright de Estados Unidos.

El documento enviado a las autoridades estadounidenses en materia de propiedad intelectual afirma que los clientes que compran sus vehículos reciben “una licencia implícita” para usar el software que contiene el tractor o la cosechadora. Esta licencia permanece vigente durante la vida útil del producto, según apunta el documento, y no permite que el usuario tenga la propiedad del software, solo derecho a su uso. Dada la creciente cantidad de software que contienen los vehículos, sin que los de tipo agrícola sean una excepción, este aspecto resulta fundamental para alargar su vida útil.

Alargar la vida útil gracias al software

Sin software, un smartphone no sería “smart” ni “phone” y un tractor moderno tan solo es una robusta pieza de ingeniería que no se puede encender. Los fabricantes de productos donde el software es esencial restringen las actualizaciones, de manera que con el paso de los años los dispositivos más antiguos no pueden instalar las nuevas versiones del sistema operativo o del firmware.

Ocurre con los iPhone, pero también con los dispositivos Android, pues los fabricantes versionan el sistema operativo, con lo que cada actualización del mismo tiene que pasar antes por sus manos para que sus terminales puedan instalarla. Sin nuevas actualizaciones el hardware se empieza a quedar obsoleto, aunque aún despliegue un buen rendimiento. A algunos se les podría alargar su vida útil introduciendo en ellos otro tipo de software más ligero, pero para esto es necesario acceder a las tripas del dispositivo.

Por una simple cuestión de negocio, los fabricantes no piensan en alargar la vida útil de sus dispositivos, al contrario, cuanto más cortos sean los ciclos de renovación de producto mayores serán sus ventas. De ahí que se pongan trabas para acceder al interior de un dispositivo. En electrónica algunas marcas como Dell, HP y Lenovo ofrecen sus manuales de servicio abiertamente. En cambio, otras como Apple, Acer o Sony no permiten el acceso a sus manuales de servicio, reparación o mantenimiento. Si estos se filtran, las compañías hacen uso de sus derechos de propiedad intelectual para sacarlos de la Red.

Con una palabra que significa literalmente “fuga de la cárcel” se denomina al proceso de “destrabar” un iPhone u otro dispositivo de Apple, es decir, suprimir algunas de las limitaciones impuestas por este fabricante en dispositivos que utilicen el sistema operativo iOS mediante el uso de kernels modificados. Tras un jailbreak, el usuario puede acceder por completo al sistema operativo, descargar aplicaciones que no estén disponibles en la tienda oficial sin dejar de poder hacer uso de todas las funciones del dispositivo. 

Apple llegó a afirmar que el jailbreak era ilegal en Estados Unidos porque contravenía el DMCA (Digital Millenium Copyright Act), pero la Electronic Frontier Foundation preguntó a un regulador federal si esto era realmente así. Un año y medio después se obtuvo la respuesta: hacer jailbreak al iPhone es legal en Estados Unidos, aunque Apple anunció que puede violar la garantía. 

En el caso de los smartphones la conexión entre el software y el alargamiento de la vida útil del hardware se ve más directamente. Pero este nexo también existe con los tractores o con los coches. Este tipo de productos se podrían reutilizar más de lo que lo hacen, pero para ello serían necesarias técnicas de ingeniería inversa y el desbloqueo de los sistemas digitales.

Parar reparar estos vehículos, donde la vertiente digital ha adquirido una gran importancia, se necesita tener acceso a los códigos de diagnóstico y los esquemas de los circuitos. Se trata de información que los fabricantes mantienen en secreto. Tampoco ofrecen las piezas de reparación ni las herramientas, de software propietario, que ayudarían a la arreglar los vehículos.

En The Guardian expusieron el caso de una herramienta desarrollada por BMW que ayuda a resolver un problema de mecánica difícil de manejar. Pero la compañía no la ofrece a talleres y su propiedad intelectual impide que nadie construya algo parecido, con lo que este problema mecánico solo se soluciona en la planta de reciclado de BMW, por la que pasan 6.000 coches al año en comparación con los 1,8 millones que la firma vendió en el ejercicio de 2012.

El DMCA como guía

En Estados Unidos, el Digital Millenium Copyright Act entró en vigor en 1998 para legislar un campo borroso entre el hardware y el software. En esta ley se han amparado las compañías para afirmar que los consumidores no poseen el software de sus productos sino solo una licencia de uso. Algunas empresas han utilizado esta normativa para evitar que se modifique el software de sus productos, ya sean estos una tableta o un tractor.

Y es que para modificar el software muchas veces hay que copiarlo, para lo que a su vez hace falta romper la seguridad de los productos. De esta manera, cualquier hacker que lo haga está violando la legislación de copyright. El sector de la electrónica es solo uno de ellos: los coches y, como ha pedido John Deere, también la maquinaria agrícola podrían regirse por estas normas.

Son varias las marcas que han realizado peticiones similares a las de John Deere, que la Oficina del Copyright de Estados Unidos tendrá que resolver en el mes de julio, definiendo qué dispositivos se pueden modificar y cuáles no.

Por el momento, la inversión de 100.000 dólares que hizo Kerry Adams, un agricultor de California, en dos máquinas transplantadoras, se ha volatilizado. Las máquinas están rotas y sin una herramienta de diagnosis adecuada se antoja imposible la reparación. La suya es solo una historia individual.