Cómo la empresa privada presiona sobre el acceso a Internet en Estados Unidos
El estado de Georgia, en Estados Unidos, ha visto como un proyecto de ley que se acaba de proponer trata de impedir la entrada del sector público en las redes de acceso a Internet. El texto prohibiría el desarrollo de líneas de conexión por parte de los municipios si existe algún hogar en el área que disponga de una conexión de al menos 1,5 Mbps (Mbits por segundo).
El proyecto de ley habría sido impulsado mediante acciones de lobbying por las operadoras AT&T y Windstream. La ambición de estas compañías es evitar la competencia que podría suponer un proyecto público, manteniendo así su posición como dominadoras del mercado. El problema está en algunas zonas rurales, donde las conexiones son lentas.
El límite impuesto por el proyecto de ley, 1,5 Mbps, está incluso por debajo de la definición oficial de banda ancha dictada por la Federal Communications Commission (FCC), la agencia gubernamental estadounidense encargada del área de comunicación, que estableció el mínimo para este estándar en 4Mbps. Si algún ciudadano dentro del término municipal alcanza esa velocidad de conexión, las autoridades locales no tendrán poder para construir su propia línea.
Desde las operadoras creen que afecta a la libre competencia el que el estado se introduzca en el mercado de las redes de conexión a Internet. Sin embargo, se niegan a mejorar las infraestructuras para que la población tenga un mejor acceso. La inversión en zonas rurales puede resultar muy costosa para las ganancias que las compañías obtendrían. Por ello, la tecnología permanece inmutable desde su instalación, ya que de esa manera se siguen cobrando las facturas mensualmente por un servicio que dista de acercarse a los estándares.
La velocidad de conexión como un bien público
En zonas donde no existe competencia entre empresas privadas y a nadie merece la pena generarla, las operadoras no necesitan hacer inversión para asegurar sus ganancias. Sin embargo, los ciudadanos sí necesitan que se invierta en esas infraestructuras. Cada vez más Internet se está postulando como un bien básico para las personas por las oportunidades que ofrece.
Aunque no esté al mismo nivel que la electricidad o el agua potable, el acceso a Internet –entendido como una conexión de capacidad estándar – ofrece facilidades que abren un debate sobre si puede ser considerado como bien público. La Red se ha convertido en una fuente de información para todo y sus capacidades mejoran la comunicación entre las personas.
Impedir que algunas zonas tengan una conexión con acuerdo a los estándares podría equivaler a limitar el acceso a la información e incluso a la participación en un determinado ámbito de la sociedad, como es la Red. Las áreas rurales dentro de un país son las más descuidadas en este aspecto, ya que las compañías necesitan realizar grandes inversiones para llegar a pocos consumidores, justo lo contrario que en las ciudades.
Éste es el curso natural del mercado. Las empresas privadas miran por sus cuentas y no actúan sin que haya una exigencia externa. Sin embargo, para los ciudadanos una conexión de banda ancha es un bien preciado. De hecho, en Estados Unidos la otra cara de la moneda son los proyectos de redes ultrarrápidas, como Google Fiber, que se están desarrollando en algunas poblaciones. Atraídas por la competitividad que proporcionan, han llegado empresas, que aumentan la innovación y las oportunidades de empleo para la zona.
Afianzando el control del mercado mediante leyes
La práctica del lobbying es algo tácita e incluso socialmente aceptado e Estados Unidos, a pesar de que existen críticas al respecto. Hay compañías que ejercen presión para que se legisle a su favor en determinados aspectos. En el caso de las líneas de acceso a Internet creadas por municipios, han sido muchos los textos legales que han tratado el tema y en ocasiones ha salido a la luz la influencia que en ellos han ejercido las operadoras.
En Carolina del Sur, un proyecto de ley que aprobaron la Asamblea y el Senado a mediados de 2012 estaba respaldado por AT&T, la operadora mayoritaria en el estado. Ésta habría pagado 1.000 dólares a Michael Gambrell, miembro de la Asamblea y autor principal del texto.
Una gran mayoría de estados en EE UU dispone de leyes que obstaculizan la entrada en el sector de las telecomunicaciones de autoridades públicas. Aunque hay lugares donde se ha puesto freno a este tipo de textos. Carolina del Norte rechazó en 2011 una legislación encaminada a ceder el mercado sin condiciones a las operadoras.
El gobernador Bev Perdue se negó a firmar el proyecto de ley que había aprobado previamente la Asamblea General de Carolina del Norte. El motivo que dio fue que las restricciones planteadas a los municipios podrían tener el efecto de disminuir las opciones de los ciudadanos.
Imagen: cvilletomorrow
