El Congreso aprobará el 22 de julio la Ley de Propiedad Intelectual
La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados aprobará la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual en un par de semanas, concretamente el próximo 22 de julio, martes, según han concretado la mesa y los portavoces parlamentarios en la materia este martes en una reunión a puerta cerrada en la Cámara Baja.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, justo una semana después de que se cerrara la fecha para que los grupos parlamentarios presentaran sus propuestas al articulado de la ley que ha presentado el Gobierno.
El caso es que el Gobierno quiere acelerar la tramitación de esta reforma y por eso pidió a finales de junio a la Cámara Baja que habilitase el mes de julio, periodo no hábil parlamentariamente, para poder aprobar la normativa en julio y ser enviada directamente al Senado para ya zanjarse su tramitación tras el verano, al contar con competencia legislativa plena.
Una reforma parcial
El Ejecutivo siempre ha defendido la “urgencia” en la tramitación de esta ley en que se trata de una reforma “parcial” de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyo objetivo es adecuar la legislación española en la materia a dos directivas comunitarias pendientes.
Se trata de una normativa europea de 2011 que amplía de 50 a 70 años el plazo de protección de artistas de obras musicales con letra, así como otra de 2012 por la que se establecen garantías jurídicas para las 'obras huérfanas', aunque también aprovecha para meter en la ley una tasa de carácter irrenunciable llamada Canon AEDE o Tasa Google.
Así, el Gobierno realizará una reforma de “más amplio calado” previsiblemente el año que viene, tras la aprobación de una directiva comunitaria sobre la materia, según adelantó en sede parlamentaria el responsable ministerial del ramo, José Ignacio Wert.
Rechazo al Canon AEDE, también llamado “Tasa Google”
Esta reforma parcial conlleva también la puesta en marcha de la llamada 'tasa Google', una compensación a los editores por el uso de sus contenidos en agregadores de noticias, y que ha recibido numerosas críticas del sector editorial.
De hecho, la semana pasada, la Coalición Pro Internet, que preside el director de '20minutos.es', Arsenio Escolar, presentó un informe en el que alertaba, entre otros puntos, de que la implantación de este canon tendría un impacto negativo de 1.133 millones de euros al año para los cerca de 17 millones de internautas españoles que consultan medios de comunicación 'on line'.
Se trata de un estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI), a petición de la coalición, en el que se pone de manifiesto que “el gran perjudicado más allá de las empresas son los internautas porque la agregación de noticias aporta doble beneficio: les permite acceder a una selección de medios más amplia, conocer medios que de otra manera no conocerían, así como la reducción de tiempo que tienen que dedicar para encontrar las noticias que les interesan”, explica.
Del lado parlamentario, PSOE y CiU quieren que esta tasa se extienda a periodistas y fotógrafos, mientras que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD piden su supresión, según se desprende de las 162 enmiendas parciales que los grupos han presentado en el Congreso al proyecto de ley del Gobierno.
“Semejante pago podría terminar repercutiendo en plataformas de participación comunitaria en Internet como Twitter, Facebook o Menéame, donde se difunden y comparten titulares de prensa con el enlace correspondiente y supondría una alteración de la cultura P2P, que es fundamental en la sociedad del conocimiento”, alertaron desde la Izquierda Plural, por ejemplo.
Inicio del trámite parlamentario
La normativa fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 14 de febrero, y su debate de totalidad tuvo lugar en el Congreso en abril. En aquel momento, PP, UPN y Foro de Asturias tumbaron las seis peticiones de la oposición (PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, ERC, BNG y Amaiur) por retirar y devolver al Gobierno la ley. CiU y el PNV se abstuvieron en la votación.
En aquel debate Wert explicó a su vez que con esta ley se va a “mejorar” la protección de los derechos de la propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital, se va a dar una nueva regulación del concepto de copia privada.
Además, el ministro resaltó que se refuerzan los instrumentos para luchar contra la piratería, ya que la norma establece que vulneran la ley no sólo quienes alojan contenidos ilícitos sino todos aquellos que de forma sistemática, con propósito comercial y a sabiendas, facilitan el acceso ordenado, clasificado e indexado de contenidos ilegales para su utilización por terceros.
Las sanciones por incumplir la ley irán de los 30.000 a los 300.000 euros. Además, se podrá actuar sobre los anunciantes y plataformas de pago electrónico que sean mediadores de actividades ilícitas y bloquear técnicamente las páginas.
Otro de los puntos más criticados durante la tramitación parlamentaria de la normativa ha sido la ausencia de comparecencias en el Congreso de expertos en la materia, al mismo tiempo que los grupos parlamentarios han criticado que esta normativa no ha sido elaborada con el consenso del sector.
