El Congreso pide más control y vigilancia de las redes sociales
Después de dos años de debate, la subcomisión de redes sociales creada a instancias de la comisión de Interior a propuesta del PP, realizada siempre a puerta cerrada, y por la que han pasado hasta 48 comparecientes desde abogados a empresarios y expertos en tecnología, ha aprobado sus conclusiones. Son cerca de 50 recomendaciones –no tienen como objetivo un proyecto de ley- sobre el uso de estas redes que si bien, en un principio estaban destinadas a la protección de los menores, tras la creación de otra comisión en el Senado con el mismo fin, se amplió a otros marcos como la ciberseguridad incluyendo medidas regulatorias, tanto penales como civiles, y policiales.
Precisamente, estas medidas, aprobadas por unanimidad por todos los grupos del Congreso sin ninguna voz divergente, son las que han llamado la atención de expertos de la red, ya que como señala Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma para la Libertad de la Información (PLDI), “son un espaldarazo a las medidas de carácter represivo y muestran una cierta desconfianza hacia internet. Además, de todos, ya que nadie ha hablado en contra”. Y para él, esta cuestión es la más preocupante, ya que hay partidos “que han votado en contra de las leyes del PP en relación con Internet y ahora vota a favor. Y son todas las medidas liberticidas contra Internet que ha aprobado el Gobierno en esta legislatura. Lo que se está justificando es la posibilidad de censura de internet”.
Dentro de las recomendaciones regulatorias se encuentra, por ejemplo, el apoyo a la regulación del agente encubierto, estudiar la tipificación de la suplantación de la identidad en el entorno digital, una regulación sectorial de la seguridad y la privacidad y la adaptación al entorno digital de la Ley Orgánica de Protección Civil de Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y la propia Imagen con especial atención a la notoriedad y vulnerabilidad de las personas ofendidas. Esto último, en el caso de llevarse a cabo conllevaría una modificación constitucional ya que el Derecho al Honor se encuentra en nuestra Carta Magna, y abriría un debate sobre el Honor en las redes sociales. También se ha establecido el apoyo al famoso derecho al olvido en la red.
“Con respecto a estas medidas, por ejemplo, el derecho al honor, no hay que olvidar que estamos en el país de Europa donde más se defiende el Honor, y en cualquier caso, quien tiene que controlar esto son los agentes judiciales no el Gobierno. Eso sería censura. También lo es el derecho al olvido. Porque una cosa es una multa o un embargo a alguien que no es una personalidad notoria, y otra cosa cuando has tenido una intervención destacada en algo y exigir que se quite eso. Eso es acabar con la memoria de un país”, sostiene Almeida para quien, otra medida como la tipificación de la suplantación de la identidad digital, “es acabar con el anonimato, una figura que siempre ha sido importante en los movimientos civiles, políticos y sociales”. No obstante, esta cuestión ha quedado en mero “estudio”.
A este experto lo que le preocupa es que en las recomendaciones apenas quede presente el aparato judicial. “Cuando se habla de implantar canales de comunicación entre las empresas gestoras de redes sociales y fuerzas de seguridad, ¿qué falta aquí? El juez. O, con respecto a la cesión de datos de tráfico, se vuelve a obviar al juez, por lo que el policía podría pedir los datos a las empresas sin autorización”, resume.
Comparecientes: a favor de las medidas
No obstante, según algunos de los comparecientes en estos debates, las conclusiones no han puesto tanto énfasis en el control de los usuarios en Internet. Como admite el abogado Alejandro Touriño, “no creo que vayan en sentido opresivo sino que ponen ciertas cuestiones en común. Y se ha mostrado que hay una diversidad de opiniones. Por ejemplo, yo soy de los que cree que, desde el punto de vista de identificación de usuarios, no podemos navegar en la red sin estar identificados, pero ha habido otras personas que se mostraron contrarias. Lo que se ha abierto es el debate”.
Para otros participantes que prefieren mantenerse en el anonimato, las cuestiones debatidas han ido, no por el control, sino más bien por la coordinación entre las administraciones públicas y privadas y la autorregulacion sectorial, que las empresas de redes sociales tengan sistemas de regulación para que los problemas que se susciten no pasen a mayores.
La protección de los menores, ¿excusa?
Aunque el asunto de la protección de los menores después fue ampliado, sí que estos han sido el núcleo central en las medidas relacionadas con la educación y la formación con la finalidad de protegerles del ciberacoso o bullying en Internet. Para ello se han puesto sobre la mesa el uso que realizan tanto menores como adultos de las redes sociales en España, según un estudio de IAB Spain publicado en enero de 2015.
Así, el 82% de los adultos las usa, principalmente, Facebook (96%), YouTube (66%) y Twitter (54%); mientras que en el caso de los menores (14-17 años) el porcentaje que navega por ellas alcanza al 97% siendo también Facebook (78%), YouTube (70%) y Twitter (61%) las más utilizadas, aunque con Instagram (60%) a corta distancia. Entre los datos se ha querido destacar otro estudio de la Universidad Miguel Hernández que señala que hasta un 50% de los jóvenes ha sufrido alguna vez acoso por Internet y que hasta un 5,9% de este ciberacoso fue de carácter sexual.
En este sentido, las medidas para la protección de los menores, además de las educativas, como una mayor formación para los escolares y profesores, también han incluido observaciones de carácter penal, como la incorporación al Código Penal de una definición de Pornografía Infantil, la tipificación como delito del acceso en línea a archivos de pornografía infantil y su visionado en streaming. En relación con las medidas policiales se han pedido mayores recursos para la lucha contra esta problemática.
Para Alejandro Touriño estas cuestiones son necesarias en tanto en cuanto “los menores sí se encuentran en situación de riesgo”, aunque también matiza que “estamos ante nuevos hechos y tenemos que ver los riesgos reales que Internet genera. Legislar en el sentido de otorgar garantías en relación con todos lo que tenga que ver con la pornografía infantil sí debe estar penalizado, pero yo no creo ni en la persecución ni en el control sino en la gestión”.
La interpretación de Almeida varía, ya que sostiene que el apartado relacionado con la protección de los menores “es el cajón desastre para justificar todo. Lo mejor para proteger a los menores son las madres y padres, que son los que tienen que decir qué ven y qué no ven sus hijos. Pero es esta parte donde cargan las tintas”.
Todas estas medidas son prescripciones que, no obstante, ya están siendo asimiladas en algunas reformas normativas aprobadas o en trámite como la Ley Orgánica del Código Penal; el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el proyecto de la reforma del sistema de protección a la infancia y la adolescencia; o la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. Y esto resulta preocupante: “Internet representa la libertad y eso es lo que defiende el artículo 20 de nuestra Constitución). Solo los jueces pueden intervenir para controlar contenidos. Si es el Gobierno, es censura”, zanja Almeida.
