El vacío legal sobre la localización móvil entorpece operaciones de rescate

Damien Vigoroux, un ciudadano francés de 31 años residente en Barcelona, desapareció en la zona montañosa de Montserrat y a día de hoy siguen sin encontrarlo. Se fue de excursión solo el domingo 5 de octubre, por la tarde envió algunos WhatsApp con fotografías y después ya no estableció más contacto con nadie. Sus familiares denunciaron la desaparición y al día siguiente se puso en marcha una búsqueda conjunta entre la policía y los bomberos.

A esas alturas el móvil estaba apagado, con lo que no se pudo contactar con Damien para pedirle que enviara su localización. La búsqueda en el terreno resultó infructuosa. Pero tampoco fue posible obtener la última posición del terminal, un smartphone Android, cuando estuvo encendido. Los allegados y las autoridades implicadas solicitaron a Google los datos de geolocalización del terminal, debido a lo útil que podía resultar para las tareas de búsqueda.

Marc Torrijos, compañero de trabajo de Damien, fue uno de los que intentó hablar con Google. La empresa podía tardar unos 30 días en facilitar los datos de geolocalización, según apunta Torrijos. Demasiado tiempo para resultar útil en una operación de rescate. El plazo se debe a que esta información procede de satélites que no son propiedad de Google y no existen vías legales para acelerar el proceso. Lo mismo ocurre con la localización GPS que Apple o Microsoft integran en sus dispositivos.

Al final la respuesta de Google tardó el triple que esa estimación de 30 días, tal y como señala Torrijos. No se había encontrado el rastro de la localización del teléfono de Damien, con lo que no había información útil para la búsqueda en este caso. Sin embargo, la compañía había tardado alrededor de tres meses en proporcionar un dato que de haber servido lo hubiera hecho sobre todo en las primeras horas o días. Con este tipo de solicitudes de información, Google actúa como con otras, bajo su política de empresa que implica una serie de trámites que normalmente no se caracterizan por su agilidad, como ocurre en los procesos que involucran a grandes compañías e instituciones internacionales.

La utilidad de la geolocalización en emergencias

Los servicios de rescate ya utilizan la geolocalización para llegar hasta una persona en apuros. Pero para hacerlo es necesario que esta pueda llamar al 112 y enviar su localización motu proprio, por ejemplo a través de WhatsApp. El dato de geolocalización puede resultar crucial en una desaparición, pero para obtenerlo tiene que ser la persona afectada la que lo proporcione, algo que no puede hacer en caso de que esté inconsciente o se haya quedado sin batería.

En el caso de Damien, Pablo Castro, uno de los bomberos que participó en las tareas de búsqueda, explica el interés por acceder a la información de GPS, pues se podría haber obtenido la última localización del móvil encendido. “Sabíamos que lo llevaba encima, que lo utilizó, y la configuración por defecto no suele limitar la geolocalización del usuario de Google o Apple”, explica Castro. Meses después Google ha informado de que no había registro, pero la celeridad a la hora de conocer esta información puede resultar crucial en otros casos de desaparición.

Hay otras formas de obtener la posición de una persona con la información del teléfono móvil. Las autoridades suelen pedir la triangulación telefónica, que consiste en sondear la potencia procedente de las antenas que le llega a terminal. Comparando las intensidades de varias antenas se puede obtener la zona aproximada donde se encuentra el móvil. En las ciudades la precisión que se alcanza es muy alta, pues hay infinidad de amplificadores, pero en una zona montañosa hay pocos repetidores y el margen de error es significativamente mayor.

Para obtener la localización por triangulación hay que pedir permiso a un juez. Este lo autoriza y el proveedor de telefonía, que gestiona las antenas, envía los datos. La resolución judicial es ejecutable de inmediato y los plazos son bastante rápidos, entre horas y días, según fuentes jurídicas. En el caso de Damien, la información de las fotos que envió por WhatsApp no servía, pues la aplicación de mensajería borra (al menos para Android) el Exif de las imágenes, donde se encuentra el dato sobre el lugar donde se tomaron.

Sin embargo, la información que posee Google, que almacena un historial de localizaciones de cada usuario, puede tener una gran precisión si el GPS está activado. Al igual que los datos que Apple, Microsoft o BlackBerry tienen de sus usuarios móviles. Un ejemplo de lo útil que esta información puede ser se ilustra con otro caso de desaparición, esta vez en Estados Unidos. Aquí los servicios de emergencia lograron acceder a la aplicación Find My iPhone y dieron con la persona en cuestión, que había sufrido un accidente de coche, después de haber estado buscando sin éxito durante 12 horas.

Vacío legal

“La probabilidad de que alguien con Android, con la geolocalización activada, se pierda en una montaña es bastante alta”, destaca Castro. Pese a esta probabilidad y a la utilidad de la información, no existen cauces legales para obtenerla con diligencia. En España, de momento solo hay legislaciones sectoriales. La Ley 25/2007, de conservación de datos, derivada de la directiva europea de retención de datos (que fue invalidada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), obliga a las operadoras a almacenar una serie de información de cada usuario. Esta normativa no implica a Google, Apple o Microsoft, que no son operadoras.

“La ley de enjuiciamiento criminal no tiene ninguna previsión en este sentido, solo tiene un apartado dedicado a las escuchas telefónicas, que está desde 1988. En el ámbito penal está completamente huérfano de regulación. En el civil ni se contempla. La situación es de vacío normativo. No hay nada legal, por escrito, que pueda servir a un juez para ordenar este tipo de cosas. Ya ha habido una sentencia del Tribunal Supremo en la que advierte de la necesidad de que el legislador regule esto”, indican fuentes jurídicas.

La polémica está sembrada entre el derecho a la privacidad y las trabas legales para investigar casos de desaparición o delitos. El anteproyecto de reforma de ley de enjuiciamiento criminal que se acaba de presentar contempla en el artículo 368 la posibilidad de pedir este tipo de diligencias. No deja de preocupar la capacidad de intervención que ostentarían las autoridades. Si bien hoy en día se pueden dar situaciones tan incoherentes como que un juez no autorice intervenir el teléfono de una supuesta víctima de secuestro, pues solo se pueden intervenir los terminales de personas sospechosas de haber cometido un delito.

Hoy en día en casos de emergencia o de intento de suicidio, por ejemplo, no hay ninguna norma que avale pedir los datos de localización GPS a un juez. No está establecido ningún procedimiento civil para llevar a cabo una cesión de este tipo de datos. Pero ni siquiera con la futura legislación que salga del anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal se resolverá la problemática.

Esta información procede de sistemas de satélites cuyos servicios Google o Apple arriendan, pero cuya propiedad es del gobierno de Estados Unidos u otras instituciones de carácter internacional, pues se trata de tecnología de origen militar. Existen problemas de jurisdicción y de confidencialidad a la hora de pedir estos datos.

Por su parte, Castro critica que los protocolos no son abiertos. “No es ya que no se renueven sino que no son flexibles a los avances de la tecnología”, recalca. Esto implica que los servicios de emergencia no puedan hoy utilizar un dato tan aparentemente accesible como la geolocalización de un smartphone. Pero también conlleva que las nuevas facilidades que pueda proporcionar la tecnología cotidiana en el futuro no se contemplen en un marco legal y, por tanto, no se puedan usar en situaciones de emergencia.

Imagen: mendhak