Por mucho que quieran enterrarlo, el Castor se ha convertido en un obstinado zombie que reaparece constantemente en los medios de comunicación para plantarnos ante nuestras caras un ejemplo paradigmático de proyecto-estafa. El pasado 22 de diciembre se conocía la sentencia el Tribunal Constitucional (TC) que estimaba parcialmente el recurso presentado por el Gobierno de Catalunya, el Parlament y el grupo del PSC en el Congreso y anulaba la indemnización de 1350,7 millones de euros que se pagó a las empresas promotoras del almacén de gas Castor, entre ellas ACS de Florentino Pérez.
El enrevesado lenguaje técnico-jurídico nos hace dudar de lo más esencial: ¿es esto una buena noticia?, ¿dejaremos de pagar Castor?, ¿se depurarán, por fin, responsabilidades por el fallido proyecto Castor?, ¿se establecerán mecanismos de control para que no tengamos más 'castores'?
Intentemos desencriptar e interpretar los hitos más importantes de la sentencia:
1. El TC no ve justificado el uso del Real Decreto Ley (RDL) para aprobar la indemnización.
El TC declara “inconstitucionales y nulos” los artículos que establecían la indemnización y considera que no concurría “situación de extraordinaria y urgente necesidad” que justificara la aprobación de un decreto ley para “atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista”. La Constitución Española reserva la categoría de RDL a casos que requieran una justificada urgencia y necesidad. El rango de RDL permitió al ejecutivo del Partido Popular evitar el trámite de control por parte de la ciudadanía o las instituciones, incluída la vía contenciosa.
2. El TC no ve justificada la necesidad de hacer un solo pago y en 35 días.
El TC argumenta que “no se explica qué función cumple ese plazo en relación con el presupuesto habilitante de la norma de urgencia. El TC viene a decirnos que el carácter de urgencia era para la protección de personas, bienes y el medio ambiente pero no para la protección de las inversiones, y que la urgencia de lo segundo no está justificada. Este hecho es muy importante porque la indemnización del Castor se pagó en un tiempo record.
En este punto cabe recordar que la deuda del Castor fue refinanciada por la Europe 2020 Project Bond Initiative, una iniciativa del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que obligaba al retorno de la inversión en unas fechas determinadas. El 30 de noviembre de 2014 era una de estas fechas de devolución y es sabido que las presiones desde Europa forzaron el pago urgente. Recordemos que el RDL entraba en vigor el 4 de octubre y los 35 días de margen casaban con los requerimientos del BEI.
3. El TC señala la necesidad de una ley del Parlamento para atribuir pagos al sistema gasista.
El TC considera que no se dieron las razones de urgencia y necesidad para que la indemnización se hiciera a cargo de ENAGÁS TRANSPORTE S.A.U. ni de que ésta obtuviera el derecho a cobro del sistema gasista. La jugada de que ENAGÁS se hiciera cargo de la indemnización permitió al ejecutivo de Mariano Rajoy evitar que el Castor no formara parte de los presupuestos públicos y que no influyera en el techo de déficit. El Ministro de Energía, Industria y Turismo en ese momento, José Manuel Soria, afirmó en un rueda de prensa que “no es el gobierno quien ha pagado, es el operador”, refiriéndose a ENAGAS. Soria sabía perfectamente que ENAGAS transferiría el total de la indemnización, más los intereses del crédito concedido por Bankia, Banco Santander y Caixabank, a los consumidores de gas pero quería mostrar con esta maniobra de confusión que no había dinero público de por medio.
¿Y qué podemos hacer?
Esta sentencia del TC confirma el despropósito de este proyecto-estafa que se carga sobre las espaldas de la ciudadanía. El carácter de urgencia para proteger a las personas se deriva y transforma en la urgencia de proteger, a toda costa, al inversor. El ordenamiento jurídico se subordina a la disciplina financiera. De las posibilidades que existían respecto al pago de la indemnización se tomaron las que tenían una repercusión más negativa para la población. Se sorteó la democracia con un RDL, se hicieron genuflexiones ante el poder financiero y se confeccionaron trampas para que la contabilidad pública no reflejara el Castor.
El actual Ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se ha apresurado a rebajar las expectativas que pudiera generar la sentencia del TC diciendo que no pone en duda la indemnización ya que solamente falla contra el método empleado para hacerla efectiva. Una opinión bien diferente tienen las organizaciones de la sociedad civil que en estos últimos tres años han impulsado diferentes campañas de denuncia bajo el nombre de #NoPagoCastor que culminaron en un Juicio Popular al Proyecto Castor el pasado 17 de junio de 2017 en Barcelona. En su veredicto anticipaban muchas partes de la sentencia del TC haciendo especial referencia al rango normativo por el cual se había otorgado la indemnización.
Hasta que no se conozca cómo se va a hacer efectiva la sentencia del TC, hay diferentes cosas que podemos exigir como cuidadania:
Primera y más urgente: en breve se van a aprobar los pagos al sistema gasista para el año 2018. En ellos se incluye tanto la indemnización como el mantenimiento del Castor que suman prácticamente 100 millones de euros. Este pago debe ser congelado. Es lo mínimo que se puede exigir con la sentencia del TC en la mesa y con un 11% de la población del Estado padeciendo pobreza energética.
Segunda: depuración de responsabilidades. Por el momento, en el caso Castor las únicas que han tenido que rendir cuentas son las consumidoras de gas (7.708.000 exactamente), pero no se les ha reconocido ningún tipo de responsabilidad a los autores intelectuales y materiales del proyecto-estafa: el BEI, ACS y el Estado. La sentencia del TC abre el camino a una posible asunción de responsabilidades.
Tercera: exigir que se revisen si existen más contratos con cláusulas abusivas como la del proyecto Castor que protegen las inversiones y subordinan los derechos de la ciudadanía, y qué medidas de control y/o disciplinarias se aplica a empresas como ACS que siguen ejecutando obra pública después del fracaso del Castor.
Por encima de todo, Castor es un ejemplo elevado a la enésima potencia de los privilegios de las élites extractivas frente a la población. La sentencia del TC abre la puerta a exigir el no pago de los más de 3.200 millones de euros de deuda ilegítima que se nos han asignado por Real Decreto Ley. No pagar Castor es ganar un pulso a las élites extractivas. ¡Ganemos Castor! No será fácil pero no cejemos en el empeño.
