Resulta obvia la fuerte alarma social que general el continuo y obsceno goteo de casos de corrupción, a cual más escandaloso. Pero no son tan evidentes algunas de las consecuencias de esa corrupción sobre nuestra calidad de vida, como tampoco las circunstancias que la están alentando, entre las que destaca la impunidad que ampara hasta límites indecentes tanto a corruptores como a corrompidos. Veamos brevemente unas y otras.
La corrupción ligada a especulación urbanística, que tanto ha medrado en nuestro país sobre todo desde la promulgación de la Ley del Suelo de 1998 del PP, la del “todo urbanizable”, hizo que se alcanzaran unos niveles de ocupación de suelo tan inusitados como insostenibles. Entre 1997 y 2005 prácticamente se cementó o asfaltó la mitad de la superficie que habíamos ocupado durante toda nuestra historia previa, y nuestro consumo de cemento se situó en una tonelada por habitante y año. Se creó así un patrimonio inmobiliario sobredimensionado, infrautilizado y de pésima calidad en cuanto a su eficiencia energética. Pero, paradójicamente, este desmesurado parque inmobiliario –que nos ha convertido en el país europeo con más viviendas por habitante– no ha solucionado nuestro grave problema de acceso a la vivienda.
Apabullantes son también los datos ligados a las obras públicas. Por más que resulten repugnantes, aquí lo relevante no son los porcentajes que se pagaban (y que se siguen pagando) por la adjudicación de jugosos contratos públicos, el conocido 3%. No, lo más pernicioso ha sido la desmesurada inversión pública que se ha dirigido a construir obras innecesarias, en las que dejaba de ser un problema que fuesen disparatadamente caras puesto que justo eran esas las que más comisiones permitían. Esta dinámica nos ha convertido en el país europeo con más kilómetros de autopistas o de AVE, y el de más aeropuertos (el 76% deficitarios) o con mayor capacidad portuaria sin usar (un 60%).
Y aquí es donde se ve con toda crudeza que la corrupción lleva a los recortes: algunos años se ha invertido tanto en nuevas líneas de AVE como se ha recortado en sanidad o en educación. Solo estas dinámicas de corrupción permiten entender esta tremenda y cruda paradoja: el Estado español es el que más porcentaje de su PIB dedica a las grandes infraestructuras de transporte, a pesar de su dotación récord, mientras que es el que menos recursos canaliza a protección social aunque seamos el país de la UE-15 que menos porcentaje emplea en ello.
Para que esta corrupción medre en la medida que lo ha hecho en el Estado español es necesario que los corruptos y los corruptores disfruten de altos grados de impunidad. El régimen del 78 heredó buena parte de las estructuras del franquismo y ello ha permitido que las antiguas oligarquías (banca, eléctricas, constructoras) sigan siendo las que han dictado buena parte de las políticas económicas, favoreciendo estas dinámicas corruptas.
No descubrimos nada nuevo si denunciamos el vergonzoso papel de muchos responsables del Ministerio Fiscal que actúan como defensores de los corruptos, o la escandalosa falta de independencia de muchos tribunales y órganos de gobierno de los jueces. Ni tampoco si señalamos el doble rasero de medir ante según qué delitos, cuando parece mucho más grave enviar un tuit malsonante o llenar un carro de productos de primera necesidad en un supermercado sin pagarlo que expoliar millones de euros de fondos públicos.
Hay muchos otros mecanismos que permiten que la impunidad sea la norma. Así, por ejemplo, se ha reducido el tiempo de instrucción de las causas penales complejas a 18 meses, prorrogables otros tantos, algo manifiestamente escaso y más si se tiene en cuenta la penuria de medios de nuestra administración de justicia y las estrategias de dilación de las defensas, con la connivencia de muchas fiscalías. Baste recordar que la instrucción de la causa Gürtel se inició hace ya 15 años.
Otro de los intentos en este mismo sentido es el de poner dificultades a la acusación popular, la que ejercen organizaciones sociales como Ecologistas en Acción como forma de garantizar la defensa de lo público y del interés común. Tanto el propio ministro de Justica, Rafael Catalá, como su fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se han pronunciado claramente en este sentido. De hecho, cada vez se encuentran más trabas para ejercerla. El último ejemplo: todas las acusaciones populares que hemos pedido personación en el caso Lezo hemos sido agrupadas en un único abogado que nos ha de representar a todas.
A esto se suman las tasas, posibles condenas en costas y fianzas abusivas que se imponen a las organizaciones que intentan ejercer la acusación popular. Un ejemplo para entender de qué estamos hablando: Ecologistas en Acción recurrió antes de que empezaran las obras la construcción de una urbanización de lujo, Marina de Valdecañas, en una zona protegida de Extremadura. El tribunal Superior de Justica de Extremadura nos dio la razón cuando ya empezaba la urbanización, pero nos pidió una fianza de 41 millones de euros –no es una errata– para paralizar las obras. Obviamente una ONG sin apenas recursos y que se nutre de trabajo voluntario como la nuestra no pudo poner en el juzgado esa cantidad y las obras continuaron. Dos años después el Tribunal Supremo ratificó la sentencia pero para entonces la urbanización estaba casi concluida, la empresa se había declarado en quiebra y todo parece indicar que será la Junta de Extremadura la que cubra los gastos de restauración y de indemnización a los compradores que “de buena fe” no sabían que eso era una urbanización ilegal, a pesar de nuestras continuas denuncias.
Además están las prescripciones. Los delitos de guante blanco y corrupción tienen penas comparativamente menores con respecto a otro tipo de delitos, y son también de los que antes prescriben. Muchos de los delitos que aparecían en los papeles de Bárcenas, por ejemplo, no se han podido enjuiciar por haber prescrito, a pesar de existir evidencias documentales de la comisión de estas actuaciones delictivas.
Por último, está la lentitud de la justicia. Ecologistas en Acción también denunció por lo contencioso administrativo la ilegalidad de la ampliación de la M-30 por parte del Gobierno de Ruiz-Gallardón. La demanda se puso antes del inicio de las obras y para cuando nos dieron la razón de forma irrecurrible todas las instancias judiciales españolas y europeas, la obra ya llevaba tres años inaugurada. Hoy se están conociendo los sobrecostes e irregularidades en los que se incurrió durante su construcción.
Y si todo lo demás falla, siempre quedan las amnistías. Estos días se está hablando de la amnistía fiscal de Montoro que además de inmoral ahora se constata que también fue ilegal, pero sin ningún efecto práctico para la sufrida ciudadanía. También han sido frecuentes los casos de banqueros o constructores amnistiados por Consejos de Ministros de diferente signo político. O como último recurso se puede recurrir a acuerdos políticos secretos para taparse mutuamente las vergüenzas y evitar investigaciones incómodas.
Ante este estado de cosas no es de extrañar el hartazgo ciudadano, que ve como su bienestar y condiciones de vida merman por los recortes y por los impactos ambientales ligados a la corrupción política mientras que la impunidad campa por sus fueros. Y por eso decimos basta y convocamos a una gran movilización ciudadana el próximo 24 de junio en Madrid como inicio de una serie de movilizaciones que fuercen un cambio radical en el que comportamientos como los aquí descritos no sean posibles.
