Tras el 24M: territorios libres de proyectos impuestos

“Si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo”. Abraham Maslow, psicólogo americano conocido por su teoría de la jerarquía de las necesidades humanas.

El Estado español es un alumno avanzado por lo que se refiere a las infraestructuras y los proyectos mal planificados, mal ejecutados y con elevados presupuestos, que han acabado convirtiéndose en inútiles o cuasi inútiles. Las costosas líneas del AVE, que contaban con rutas de menos de 10 pasajeros en 2012, los aeropuertos sin aviones de Castellón, Corvera (Murcia) y Ciudad Real, con un precio de construcción de 150, 200 y 1.100 millones de € respectivamente, las urbanizaciones deshabitadas o parcialmente construidas de Seseña  (Castilla la Mancha), Aldea (Tarragona), Valdeluz (Guadalajara) y los despropósitos del sector energético, con compensaciones de 700 millones €/año a centrales que no entran en funcionamiento así como el fracasado proyecto de almacenamiento de gas Castor, con un coste de 4.700 millones de € que abonaremos entre todos, son algunos ejemplos.

Semejante paisaje fantasmagórico hubiera asustado al mismísimo Bella Lugosi y conduce a la siguiente reflexión: nos debemos de ahora en adelante, como ejercicio de responsabilidad ineludible, a una planificación reposada, consciente y de largo plazo, para determinar qué infraestructuras son realmente necesarias.

Pero es aquí donde nos topamos con la aseveración de Maslow. Y ahora el martillo no está en Madrid, está en Bruselas, lleva por marca Juncker y ve clavos por todos lados. El plan de inversión para la reactivación económica presentado a bombo y platillo por el presidente de la Comisión Europea (CE) Jean-Claude Juncker el pasado noviembre pretende movilizar hasta 315.000 millones de €. Tiene dos pilares principales: reactivar el crecimiento económico con la construcción de infraestructuras, especialmente energéticas, y un esquema de inversión con un protagonismo inusitado de la esfera financiera.

La nueva nomenclatura de la imposición. El caso de las infraestructuras energéticas

Sorprende ver que el binomio infraestructuras y esfera financiera se convierta en la salvación para los europeos, pero transformar esa sorpresa en crítica se hace harto complicado. La exigencia desmedida (para la realización del Plan Juncker y otros grandes planes) no siempre tiene cara de régimen autoritario claramente visible. Utilizar todas las herramientas al alcance para construir una realidad con un solo camino de tránsito es a lo que llamamos la nueva nomenclatura de la imposición.

Esta afirmación se hace especialmente visible en el caso de las infraestructuras energéticas. Palabras como dependencia, vulnerabilidad, diversificación, seguridad, pobreza, unión, interés común... se transforman en fórmulas, indicadores, presupuestos y proyectos estratégicos, que las calculan, cuantifican y materializan. Se construye una nomenclatura que con justificación técnica coadyuva a sentimientos como la incertidumbre, la inseguridad y el miedo.

Hemos visto cómo en los discursos oficiales se vinculaba directamente la dependencia energética con la vulnerabilidad y los cortes de suministro, estableciendo un pasaje llano para las políticas de seguridad energética de la UE. También la dependencia de un solo proveedor, Rusia, activaba la diversificación, sin cuestionar de qué, de dónde y de qué manera. De ahí que facilitar a través de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) la explotación doméstica de gas de esquisto y su importación desde EEUU se convertía en un apuesta necesaria y razonable, en vez de una opción arriesgada y costosa económica, social y ambientalmente. Y para enfrentar al monstruo ruso cabe apostar por la Unión Energética y sus proyectos de interés común. Pero, otra vez, unión para qué, interés de quién y bajo qué visión de lo común.

La escala municipal como parte de la respuesta. El mapa de afectados por proyectos energéticos

El territorio peninsular padece especialmente esta lógica de la imposición puesto que es un enclave geográfico de suma importancia. El tránsito de gas desde el Norte de África debe pasar por el Estado español, aunque su déficit de interconexiones gasísticas y eléctricas con el resto de la Unión Europea, hace urgente la construcción de nuevas infraestructuras transpirinaicas, reza la retórica oficial.

Numerosos grupos locales se han opuesto a este tipo de proyectos organizándose a través de colectivos como ADENC (Barcelona), No a la MAT (Girona), IAEDEN (Girona), No a la autopista eléctrica (Huesca), Ecologistas Martxan- Ecologistas en Acción (Euskal Herria), No a la Alta tensión-Autopista Elektrikorik Ez (Euskal Herria), SUSTRAI (Navarra), entre muchos otros. Estos grupos tienen narrativas comunes por la falta de transparencia e información, las promesas incumplidas y los impactos no esperados asociados a los proyectos. La sensación más compartida quizás, es la de que alguien, desde un centro de decisión alejado, decidía que el proyecto debía ubicarse en/pasar por su territorio. Cómo afectara eso a la vida local era algo que se podía paliar con compensaciones económicas, con los mejores estándares ambientales o con leves variaciones de ubicación o trazado.

[MAPA] Para participar en el mapa: mca@odg.cat

En la actualidad, se proyectan un gran número de infraestructuras de interconexión en su mayoría incluidas en el listado de proyectos de interés común y en el Plan Juncker. El megagasoducto MIDCAT pasará por Girona para conectar con Francia, dos proyectos de líneas de muy alta tensión cruzarán los Pirineos, por Sabiñanigo y por algún lugar de Navarra, y una última línea submarina pasará por el Golfo de Vizcaya. Ante esta ofensiva los grupos locales antes mencionados y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) han confeccionado un mapa colaborativo que tiene información básica de cada caso en catalán, castellano, inglés y francés, y que puede ser actualizado con nuevos casos.

Este primer paso podría dar como fruto una alianza de afectados por proyectos energéticos que enfrentara la lógica irrefutable de los grandes planes de infraestructuras desde la escala local, dotándose de herramientas de participación ciudadana en los territorios, estableciendo consultas previas, libres e informadas, e incidiendo en los centros de decisión de Madrid o Bruselas. Hasta que ello no cristalice, se seguirá cuestionando la necesidad y/o utilidad de dichos proyectos que por su contrastado déficit democrático, y por ser sentenciados por el martillo de Maslow o de Juncker, serán denominados, sin dudarlo, proyectos impuestos.