Anticipaciones electorales
No se trata de adelantar las elecciones generales. Sino de que todos los partidos están ya en campaña electoral de cara a mayo (municipales y autonómicas) y especialmente a noviembre –y no se sabe si a unas elecciones catalanas anticipadas–, y cada vez más cosas se explican bajo ese prisma. Eso no es una novedad. Sí lo es que la perspectiva de que las elecciones arrojen resultados complejos de gestionar está haciendo reflexionar a muchos, impulsando ya algunos consensos e impidiendo algunos acuerdos. Pues casi todos anticipan que después de noviembre el bipartidismo se habrá resentido y serán necesarios pactos, ya sea de Gobierno o de legislatura, en un país en el que falta (no así en algunas comunidades autónomas como Cataluña, el País Vasco o Andalucía) una cultura de coaliciones, muy al uso en otros países de la Unión Europea y en las instituciones de ésta.
La recuperación económica no cala lo suficiente y eso lo sabe el PP. Más aún cuando vuelven a crecer las dudas sobre la economía europea y la estabilidad de la Unión Monetaria. Según el último barómetro del CIS, el 78,8% de los ciudadanos valora de forma negativa la situación económica (19,2% regular y 1,6% bien). Prácticamente están empatados los que se muestran optimistas sobre la evolución futura de la economía (22,2%) con los que piensan que dentro de un año ésta será peor (21,9%). Aunque en 2013 la sociedad española se mostraba más pesimista. Pero si la percepción de la situación económica ha mejorado algo, no ha ocurrido lo mismo con la situación política que un 79,8% de los ciudadanos valora de forma muy negativa. Son más los que creen que la situación política dentro de un año será peor (26,8%), que los que consideran que mejorará (12,8%). Es decir, que la crisis económica ha llevado no a una crisis política –el PP tiene su mayoría absoluta–, sino a una crisis de la política que no se resolverá sólo con una eventual mejora de la economía.
A ello contribuye, sin duda, la percepción de la corrupción, que puede haber alcanzado un nuevo nivel con el caso de las tarjetas black de los consejeros de Bankia, que puede ser sólo la punta del iceberg de lo que ocurrió en esa caja. La corrupción y el fraude se han consolidado como segundo problema (tras el paro) de los españoles, siempre según el CIS. Y quizás, en un país cuya sociedad ha castigado poco en las urnas a los corruptos, eso esté cambiando y los partidos lo están percibiendo. De ahí sus reacciones ante las tarjetas negras, que además son corrupción extractiva, frente a otra clientelar que puede haber en parte funcionado durante las burbujas. Hay un claro hartazgo que nutre la indignación y la alienación frente al sistema político (y económico, pues las empresas tienen mucho que ver).
Las anticipaciones electorales están llevando al PP a hablar ya de pérdida de mayorías absolutas y a tener que “aprender a pactar”. Va a haber una fragmentación del voto y de los resultados. Si en 2008 PP y PSOE (ambos obtuvieron más votos que en 2004 y en 2011 aunque los populares subieron, los socialistas bajaron) llegaron a sumar 83% de los votos, los resultados de las europeas no llegan a un 50%. En la encuesta de octubre de eldiario.es el bipartidismo recupera algo (58%). Pero la necesidad de consensos vuelve a aparecer imperiosa, cuando se perfilan varias posibilidades. Para el PSOE no dejaría de ser un problemón, casi un suicidio, pactar con el PP, salvo si fuera para una legislatura corta de reforma constitucional. Pero, de hecho, ya se están dando mayores consensos entre PP y PSOE en algunos terrenos “de Estado”, como sobre la participación española en la coalición internacional contra el Estado Islámico –la decisión de enviar 300 militares a Irak para labores de formación, ha pasado sin alboroto–, mientras tampoco la oposición hará ruido sobre la Estrategia de Acción Exterior si el Gobierno admite algunas enmiendas. O en materia de la llamada “regeneración democrática”, con la aparente renuncia del PP a cambiar la ley electoral en las municipales de modo a favorecer a la lista más votada.
También hay que entender bajo este prisma el paso atrás de Rajoy en la reforma de la Ley del Aborto, y algunas otras medidas. Pero la anticipación de cómo puede ser el Parlamento que salga de las elecciones de, en principio, noviembre de 2015, está frenando otros posibles avances. Por ejemplo, en lo que respecta a la Reforma del Reglamento del Congreso para facilitar las comparecencias o las comisiones de investigación. El PP, que aún aspira a gobernar en la siguiente legislatura, no quiere verse sometido a un Parlamento mucho más atomizado y con un incontrolable frente de izquierdas (si a Podemos se le puede calificar de izquierdas, término que ellos mismos rechazan en favor de “ciudadano”). Del mismo modo, esta perspectiva enfría aún más en el PP las ganas de una reforma a fondo de la Constitución, cuyos principios habría de fijar el Parlamento saliente, sin que esté garantizada su continuidad por una nueva mayoría suficiente en las nuevas Cortes. Vienen tiempos políticamente novedosos.
