¿A quién crees, a los inmigrantes o a la Guardia Civil?

De entre todas las conclusiones que nos deja la muerte de quince personas en aguas fronterizas de Ceuta, yo me quedo con una derivada nada secundaria: los inmigrantes decían la verdad. Y los responsables de la Guardia Civil mentían.

Hemos estado una semana escuchando la versión oficial de Interior y de la Guardia Civil: declaraciones, notas de prensa, vídeos y comparecencia parlamentaria. En paralelo, hemos escuchado las voces de los supervivientes, que sostenían una versión completamente diferente a la oficial. Si las autoridades comenzaron diciendo que no habían intervenido, que todo había sucedido en el lado marroquí, y que no habían empleado material antidisturbios, las personas supervivientes hablaban de falta de auxilio, disparos de pelotas y expulsiones en caliente.

Mientras los inmigrantes han mantenido su versión desde el primer día, los responsables de Interior la han ido cambiando día a día, hasta que ayer el ministro admitió el uso de material antidisturbios también en el agua, y las expulsiones en caliente. Hasta que las pruebas se hicieron incuestionables, se dedicaron a negarlo todo, justificar lo que ya no podía ser negado, y finalmente amenazar con querellas a quienes no tragasen con la versión oficial.

Es decir: los inmigrantes dijeron la verdad, y los mandos de Interior mintieron. No solo mintieron: insistieron en la mentira durante una semana, desinformaron mediante un vídeo manipulado para culpar a los propios inmigrantes, acusaron a los discrepantes de hacerle el juego a las mafias. Y todavía hoy no estamos seguros de que la última palabra, la del ministro, sea cierta o aparezcan nuevas contradicciones.

Esto no quiere decir que los inmigrantes digan siempre la verdad, ni que las fuerzas de seguridad mientan siempre. Pero deberíamos tenerlo en cuenta la próxima vez que se nos dé a elegir entre la palabra de un inmigrante y la de un policía.

Porque lo cierto es que ese tipo de disyuntiva se da a menudo. Llevamos años escuchando denuncias de abusos, malos tratos, detenciones irregulares, violaciones de derechos humanos en los CIE (cuya sola existencia ya es una violación de los derechos humanos), deportaciones de las que no se informa, redadas policiales en las calles, arbitrariedad en las fronteras, agresiones y hasta violaciones a mujeres.

En todos los casos, las ONG suelen dar apoyo a las víctimas y difunden sus denuncias, pero en demasiadas ocasiones las autoridades rechazan las denuncias, y convierten todo en un duelo de credibilidades: la palabra del inmigrante frente a la palabra del funcionario policial.

Es cierto que ese comportamiento no solo lo sufren los inmigrantes. Ocurre a menudo con manifestantes golpeados, ciudadanos identificados o detenidos de forma irregular, y de forma sistemática en todas las denuncias de tortura policial, no solo con acusados de terrorismo, aunque especialmente con ellos. Pero en el caso de las personas migrantes su indefensión es aun mayor, cuando se trata de personas a los que se niegan derechos y que a menudo tienen miedo de denunciar, pues acabarán expulsados.

Lo sucedido en Ceuta debería hacernos pensar en esa indefensión, lo vulnerables que son, y el papel fundamental que juegan las organizaciones que los apoyan y defienden, así como los periodistas que cuestionan la versión oficial y eligen investigar.

Insisto: no digo que siempre digan la verdad uno y mientan los otros. Pero tengamos en cuenta lo sucedido la próxima vez que nos den a elegir entre dos versiones.