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¡Copago para la demagogia ya!

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.

Antón Losada

La ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, se ha debido perder la primera clase del curso general que imparte Rajoy desde que es presidente del Ejecutivo: “Marianismo en el Gobierno: cómo practicarlo y cómo funciona”. O faltó, o no presta atención en los consejos de ministros y no toma nota como debería. Debe ser la única miembro del gabinete, junto con sus seguramente jóvenes y brillantes asesores, que no es consciente de que precisamente el voto de los pensionistas y mayores de 65 años ha mantenido a Rajoy en la Moncloa y al PP en el poder.

Los pensionistas conforman el núcleo duro del marianismo, su santo grial, su nirvana, su tierra prometida. Sólo está permitido darles buenas noticias. Por eso un copago que iba a hacer justicia con los miles de pensionistas que, según la ministra, ganan cien mil euros y reciben casi regaladas sus medicinas va camino de acabar convertido en una rebaja general y barra libre de ibuprofeno y paracetamol mientras el cuerpo aguante. La ministra debe haber perdido el apetito para media legislatura después del atracón que se está dando con sus propias palabras.

El único copago que realmente tiene sentido en los servicios que presta el Estado del Bienestar es aquel que debería aplicarse, sin piedad, a todos los gestores y decisores públicos que se empeñan en seguir haciendo demagogia, a pesar de la abrumadora evidencia en contra, hablándonos de sus virtudes como instrumento para mejorar la eficiencia del sistema o aumentar su proporcionalidad o su justicia.

El gasto farmacéutico sigue donde estaba porque la razón que explica que supere con mucho la media de la UE no reside en el gusto abusivo de nuestro mayores por los jarabes, sino en el enorme y descontrolado poder del lobby de la industria farmacéutica, que infla los precios y ha logrado bloquear todas las medias de racionalización intentadas durante los últimos treinta años.

Que paguen más quienes más tienen, repiten sin cesar los demagogos del copago obviando que, si el sistema fiscal que financia los servicios funciona de manera justa y progresiva, eso ya ha sucedido y ya han pagado más quienes más tenían. Si no opera con la mínima justicia y progresividad, los copagos solo multiplicarán las injusticias.

Sin apenas resistencia el eslogan de recurrir al copago para garantizar la progresividad del sistema ha ido calando entre buena parte de la izquierda y los defensores de lo público. Con demasiada facilidad se ha abandonado a la universalidad como característica irrenunciable del Estado del Bienestar, mientras discursos como el de la ministra de Sanidad y el Gobierno Rajoy lograban consolidar la percepción de que los servicios y políticas universales resultan injustos porque benefician por igual a ciudadanos más afortunados. Cómo hacer más selectivo, no más justo, el sistema se ha convertido en el eje del debate sobre la reforma del Bienestar.

Su carácter universal fundamenta el concepto del Estado del Bienestar y es garantía de su legitimidad. Quienes creemos en cuanto ese concepto representa debemos afirmarlo sin concesiones, sin excepciones. El modelo universal de provisión del bienestar refuerza la legitimidad del Estado del Bienestar porque funciona de manera inclusiva, los problemas se perciben más claramente como comunes y compartidos, su implementación resulta más transparente dado que todos recibimos lo mismo y, por esa misma razón, el reparto de las cargas puede efectuarse de manera más equitativa y diáfana.

Los modelos selectivos minan la legitimidad del Estado del Bienestar porque resultan exclusivos y discriminatorios, incentivan la percepción de que los servicios públicos atienden problemas que afectan a otros, no los nuestros, y hacen que el reparto de las cargas y los beneficios se vuelva más opaco y difícil de controlar debido a la complejidad que conlleva su propio carácter selectivo.

Abandonando el modelo universal, en favor de la introducción de elementos más selectivos como el copago, se minan las bases de la legitimidad del propio Estado del Bienestar; y deslegitimarlo supone precisamente la única victoria que aún no han conseguido por completo los piratas de lo público.

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