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OPINIÓN | 'Este año tampoco', por Antón Losada

Cuncta ferit, dum cuncta timet

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un acto defendiendo la prisión permanente revisable

Elisa Beni

Cuncta ferit, dum cuncta timet. “Todo lo golpea pues todo lo teme”, según dijo Claudiano. El miedo como organismo vivo que anima a una sociedad. Los que lo estimulan y lo utilizan. A eso asistimos. La venganza como castigo y el miedo como refuerzo. Van a golpearlo todo. Van a derruirlo todo. No en busca de un mundo mejor sino en busca de mantenerse en el poder. Vomitivo. Real. Peligroso. Masivo.

No voy a pedir ningún tipo de disculpa, casi obligada en estos tiempos, para afirmar que las víctimas no están facultadas para marcar los designios en materia criminal de una sociedad democrática. Más allá: son los menos facultados. Late en ellas un humano, lógico y normal sentimiento de resarcimiento que no queremos que anime nuestras decisiones. No lo queremos. La locura de los tiempos lleva a pensar que prestar oído a esos instintos, comprensibles pero superados, es una forma de empatía. No lo es. Es una forma de azuzar nuestros miedos más irracionales, más animales, más primarios.

Puedo comprender la humanidad del sentimiento pero no su sacralización. Tampoco voy a compartir la oleada de adhesiones que comporta. Yo no me adhiero, es más, voy a pedir a todos los que manejan como argumento la posibilidad de que ellos fueran los afectados por la violencia y el dolor que se aparten. Lo siento pero no están en condiciones de juzgar ni de decidir racionalmente qué barreras debemos franquear como sociedad. Cuando me inquieren: ¿qué pensarías si hubieran asesinado a uno de los tuyos? tengo la respuesta presta. No sé que sentiría. Puede que ganas de desmembrarlos, torturarlos y acabar con ellos, aunque quiero pensar que no. En todo caso  sé lo que tendría que hacer: apartarme de los juicios puesto que estaría invalidada para ellos.

Nadie puede ser juez y parte. Nadie puede ser víctima y juez. Tal posibilidad es un abismo de incivilidad en el que no queremos volver a caer. Los jueces están obligados a abstenerse de juzgar por 16 causas. Una de ellas, de las más claras, es su relación de pareja o cualquier otro parentesco por consaguiniedad o afinidad directa de hasta cuarto grado con cualquiera de las partes o el fiscal. ¿Por qué creen que hemos decidido que un juez está inhabilitado para serlo cuando tiene hasta un cuarto grado de proximidad con las partes en conflicto? ¿qué nos hace pensar que los parientes en primer grado de sufrimiento tienen la capacidad y el ánimo sereno para saber lo que debemos hacer? Ustedes mismos cuando toman partido pensando en la posibilidad de recibir tamaño sufrimiento, ven su juicio perturbado, carecen de imparcialidad y no deciden en torno a la razón sino al sentimiento. Todo lo temen y todo lo quieren golpear.

La postura más inane es la del gobernante que sabe que va a golpear los pilares que sustentan todo el sistema y aún así sigue adelante. Sí, ese sistema que les legitima para gobernar. Sin embargo, deciden pasar por encima. Esos son los más odiosos. Cuando el gobierno aprueba en Consejo de Ministros una reforma por la cual reforzaría el castigo -con una pena inhumana- para los procesados que no confiesen el lugar en el que escondieron el cadáver, sabe que está dinamitando principios tan sagrados que no quiere ni mencionar. Quiero pensar que en el fondo creen que esto les dará una tajada electoral pero que nunca será puesto en práctica.

En un Estado democrático decente, el acusado tiene derecho en todo procedimiento penal a no ser forzado a ninguna actividad humana que pueda provocar su auto incriminación. Amenazar con agravarle el castigo si no localiza el cuerpo del delito es cargarse de un plumazo la presunción de inocencia -pues supone afirmar que él es el autor de crimen y además que él escondió el cuerpo- pero no sólo este derecho sino también el principio de igualdad de armas y el principio del indubio pro reo.

Es evidente que el descubrimiento del cadáver ha sido siempre una cuestión relevante puesto que clarifica la situación policial y jurídica del acusado, ayuda sobre manera a la investigación y consecución de pruebas y da cierta tranquilidad y reposo en el duelo a los alcanzados por el dolor del delito violento. Tal necesidad se ha dado siempre y, aún así, nadie se ha atrevido a vulnerar los principios citados por ninguna de las dos razones primeras. Sólo la tercera, la que afecta a las  víctimas, es la esgrimida por el PP para cambiar las reglas de juego. Cuncta ferit...todo lo golpea.

Tampoco me extraña, puesto que fue el Partido Popular el primero que rebajó todos sus escrúpulos a la hora de confundir el obligado respeto y apoyo a las víctimas de delitos violentos con su sacralización y utilización política. Fue tras el atentado que sufrió Aznar en 1995 cuando la política del PP respecto a las víctimas varió. Su acercamiento a la AVT y el reforzamiento de ésta como lobby de presión política resulta históricamente evidente. De facto, sólo las víctimas asociadas en grupos de presión cuyos objetivos eran similares a los de los populares recibieron tan gran impulso económico y social.

Lo mismo sucedió tras el 11-M. Las diferencias entre las asociaciones de víctimas dispuestas a asumir el discurso de la conspiración que inspiraba al PP entonces y las que aceptaron el origen yihadista de los atentados fueron y siguen siendo claras. El trasvase político de víctimas a grupos de ultraderecha -como VOX- o a la proximidad de Partido Popular ha sido constante. Sólo el Partido Popular tomó una decisión tan controvertida como nombrar asesor para la reforma del Código Penal al padre de una víctima sin ningún conocimiento técnico, Juan José Cortés. No hay nada que rechine tanto como una víctima directa legislando. 

Hemos pasado del abandono procesal de las víctimas de los delitos violentos y sangrientos a su sacralización. Hemos pasado de un sistema que las obviaba, las abandonaba en los pasillos y no tenía en cuenta ni mínimamente su sensibilidad y su dolor, a un sistema que permite que la víctima intervenga directamente en facetas en las que su interés particular no permite la intervención imparcial. El Estatuto de la Víctima de 2015, además de trasponer las directivas europeas de 2011 y 2012, introdujo una figura de víctima que es parte siempre en el proceso, incluso sin personarse, y que puede intervenir en la propia ejecución de la sentencia y en el proceso de reinserción de los delincuentes. No se me ocurre nada tan poco apropiado.

El día de julio en que terminó el juicio que condenó a la guillotina al penúltimo ejecutado en Francia, un joven que había secuestrado y matado a una niñita española de ocho años, bajo las ventanas abiertas por el calor, la muchedumbre gritaba: ¡A muerte!, ¡a muerte! Francia tiene miedo, abrían los informativos. Una de las jurados dejó escrito: “Esa idea de venganza no alivia nada el sufrimiento. Es un sufrimiento suplementario el que se crea. Otro drama que se añade”. Los depredadores sexuales no desaparecieron en Francia. Ni lo harán con las medidas del PP, que está usando el miedo y la angustia y la falsa sensación de que algo nos puede proteger totalmente para cosechar un puñado de votos que se le alejan de una forma evidente. No hay mejor definición de populismo: un gobernante promete lo que el pueblo demanda aun a sabiendas de que es injusto y contraproducente porque sabe que eso le ayudará a conservar el poder.

Las víctimas sufren como ninguno podemos ni imaginar, pero eso no les hace tener razón. La razón está en el universo opuesto de las emociones, los sentimientos y las tripas. El PP está legislando para los instintos más primarios pero eso no nos hará mejores sino que nos emputecerá.

Cuncta ferit... Todo lo golpean, si les beneficia.

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