Desigualdad y paro de larga duración
A estas alturas, ya nadie pone en duda que el principal problema económico y social al que nos enfrentamos es el paro de larga duración, definido como el número de parados que lleva más de 1 año en paro. Por un lado, sabemos que cuanto más tiempo se está en el paro, menor es la probabilidad de encontrar empleo debido a que, con el paso del tiempo, las capacidades de las personas en paro se quedan obsoletas (produciéndose así deterioro de su capital humano). Por otro, al pasar más tiempo en el paro, se va consumiendo el derecho a percibir prestaciones. Es decir, con el paso del tiempo, los parados de larga duración reducen paulatinamente su probabilidad de encontrar empleo y, simultáneamente, dejan de cobrar prestaciones Se trata de una cuenta atrás agónica en la que cada mes de retraso tiene consecuencias reales para miles de personas.
Pero, ¿de cuántas personas estamos hablando? Tal y como se puede ver en el siguiente gráfico, hay más de 3,1 millones de parados de larga duración y si nos centramos en el colectivo más vulnerable, aquellos que llevan más de dos años en paro, este numero asciende a 2,3 millones. En esta crisis se ha alcanzado el mayor número de personas en paro de larga duración de nuestra historia.
Y, ¿qué está pasando con las prestaciones? Si miramos la tasa de cobertura, medida como el porcentaje de parados que perciben prestaciones sobre el total de parados, usando para ello datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), podemos ver como solo el 28% de los parados perciben prestación.
La tasa de cobertura de los parados de larga duración es incluso más baja ya que no alcanza al 25%. Lo que nos lleva, tal y como podemos ver en el siguiente gráfico, a una situación en la que casi 2,5 millones de personas llevan más de un año en el paro y no perciben prestación.
Sin embargo, la autentica dimensión del problema es que, de ellos, la gran mayoría llevan buscando trabajo más de dos años. Es decir, 1,8 millones de personas llevan más de dos años en paro y no perciben ninguna prestación.
¿Cuál es la respuesta por parte de la Administración? Tras más de siete años de crisis, la respuesta sigue prácticamente inexistente. Y, paradójicamente, se saca pecho presentando unos presupuestos donde la partida de prestaciones por desempleo para 2016 cae un 33% (es decir, un ahorro de casi diez mil millones de euros). Un ahorro que, como acabamos de ver, se debe principalmente a que las prestaciones se agotan al aumentar el paro de larga duración.
La consecuencia directa de la inacción política es el aumento de la desigualdad. El enquistamiento del paro de larga duración, con el consiguiente agotamiento de las prestaciones, lleva inevitablemente a que muchas familias se vean abocadas a vivir en la pobreza. No es de extrañar que la desigualdad en España esté creciendo. Antes de la crisis, el 10% más pobre de la población ganaba unas siete veces menos que el 10% más rico. Ahora, el 10% más rico tiene unos ingresos 11 veces mayores.
En el siguiente grafico vemos cómo ha evolucionado la población en riesgo de pobreza. Antes de la crisis, el porcentaje de población con unos ingresos inferiores al umbral de riesgo de pobreza en España estaba por debajo de la media de la UE15 para todos los niveles educativos. Éramos un país donde la desigualdad estaba por debajo de la media europea. Actualmente, nuestro país está claramente por encima independientemente del nivel de estudios completados. La tasa de población en riesgo de pobreza es especialmente alarmante para las personas que no han completado sus estudios secundarios, entre las que una de cada tres se encuentra en riesgo de pobreza. Son también los más afectados por el paro de larga duración y la baja cobertura social.
¿Qué podemos hacer? El principal instrumento que tenemos son las políticas activas de empleo, cuyo objetivo es que las personas en paro encuentren un empleo. Hay un consenso generalizado de que nuestras políticas activas no funcionan. En primer lugar, las bonificaciones generalizadas a la contratación, además de resultar muy caras, son ineficientes, pues sabemos que la mortalidad del contrato se dispara una vez terminado el periodo bonificado. En segundo lugar, el diseño institucional del Estado hace que las políticas activas y las pasivas pertenezcan a dos niveles de administración distintos (las primeras a las comunidades autónomas y las segundas a la Administración central). Esta separación administrativa genera incentivos perversos y dificulta la coordinación entre ambas, eliminando los efectos positivos de ofrecer conjuntamente políticas activas y pasivas. Una correcta armonización de las políticas de empleo con los incentivos correctos y el desarrollo de políticas activas efectivas focalizadas en los parados de larga duración son pasos totalmente necesarios para frenar el avance de la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Y al mismo tiempo, al ser una inversión que mejora la empleabilidad de los parados con mas dificultades, tendrá un efecto positivo sobre el empleo y la generación de riqueza. A veces, lo que es bueno para algunos, lo es también para todos.
