Falciani y el Estado español: paradigma de la corrupción estructural
Hervé Falciani, ex trabajador del banco HSBC, ha decidido salir a la luz y declarar la guerra a los gestores e intermediarios financieros que posibilitan la evasión fiscal. Hace unos años Falciani extrajo cuantiosa información proveniente de su banco para inmediatamente habilitar los mecanismos informáticos necesarios que permitiesen a las autoridades fiscales de diferentes países, entre ellos España, utilizarla. No fue fácil. Durante el proceso Falciani fue detenido y llevado a la cárcel, de la que salió en condiciones de máxima seguridad: con ocho guardaespaldas y chaleco antibalas. Desde entonces se esconde en España bajo un sistema de protección de máxima seguridad auspiciado por la ONU.
La conocida como lista Falciani llegó a España en 2010, bajo Gobierno del PSOE. La lista contenía el nombre de 659 españoles que habían evadido sus obligaciones fiscales, y el Gobierno de entonces anunció haber recaudado hasta 260 millones de euros gracias a aquella información. Sin embargo, el portavoz de economía del PSOE, Pedro Saura, declaró “extrañamente” el 23 de abril de 2013 que la lista Falciani en realidad son dos y que ellos no llegaron a disponer nunca de la segunda. Aquel mismo día varios grupos parlamentarios pidieron al Gobierno del PP hacer pública la totalidad de la lista Falciani. Cosa que, “extrañamente”, fue rechazada. Asimismo, en una respuesta a Izquierda Unida el Gobierno aseguró en febrero de 2013 estar trabajando en un proyecto de ley que permitirá publicar los nombres de los evasores fiscales.
Aunque se desconocen los nombres de todos los millonarios que se beneficiaron de la existencia de los paraísos fiscales, sin embargo sí que se ha ido conociendo el procedimiento que se usaba y usa aún para evadir impuestos. Las investigaciones judiciales siguiendo diferentes casos de corrupción han sacado a la luz algunos nombres de actualidad como Bárcenas, Gao Ping o Correa. Y la conclusión es demoledora: la corrupción financiera y política es estructural en el sistema, tanto a nivel del Estado español como a nivel europeo. Y no sólo no es combatida por las autoridades responsables sino que además estas mismas autoridades están implicadas hasta el tuétano y han promovido legislación que ampara y protege este tipo de “delincuencia”.
Recientemente la investigación de la trama Gürtel permitió conocer el nombre de Arturo Fasana y el de su empresa Rhone Gestión. Desde Suiza, Fasana gestionaba el dinero de grandes fortunas españolas que buscaban ocultar sus patrimonios y riqueza a la Hacienda Española, pero también gestionaba cuentas vinculadas a procesos de corrupción política en España. Así, el entramado financiero resultante desveló que, desde el primer eslabón de la cadena hasta el último de ellos, hay un sinfín de nombres, empresas y ubicaciones geográficas que hacen muy difícil la investigación policial posterior.
Pero la previsible opacidad financiera no ha impedido que veamos la basura. Mientras Fasana gestionaba las cuentas de Gürtel, también recibía en las mismas cuentas, tal y como reveló InfoLibre, dinero proveniente de grandes empresas españolas como Repsol-YPF. Empresa ésta en cuya privatización, por cierto, jugó un importe papel el rey Juan Carlos. Además, el propio Fasana gestiona cuentas de más de una treintena de grandes fortunas españolas. Según una exclusiva de Interviu, incluso Corinna habría sido cliente del gestor suizo, quien habría planificado un sistema para ocultar las comisiones que la amiga del rey recibía por su intermediación entre las grandes empresas españolas y los Gobiernos de distintos países –entre ellos el de España, como reveló el periódico El Mundo y a pesar del desmentido del Gobierno. Una perversa conexión que no queda ahí. Según El Confidencial, y citando fuentes policiales, entre los clientes de Fasana se ocultan varias instituciones del Estado y un gran número de empresarios y grandes fortunas. La propia Casa Real tuvo que salir rauda al paso y reconocer que efectivamente el Rey había tenido en el pasado cuentas en paraísos fiscales, como apuntó El Mundo, aunque matizó que se trataba por cuestiones de herencia. En todo caso y según otros testimonios, como los citados anteriormente, los informes policiales con toda esta información acaban traspapelándose misteriosamente.
Cuando en un Estado de derecho se normaliza socialmente que el tesorero del partido que da soporte parlamentario al Gobierno tuvo al menos una treintena de millones de euros en paraísos fiscales, estamos ante un síntoma de la putrefacción del Régimen. Sobresueldos y tejidos financieros para evadir impuestos o para pagar favores empresariales, como las presuntas donaciones realizadas por empresas como Mercadona al Partido Popular y reveladas por los papeles de Bárcenas, son todos elementos que forman parte del mismo sistema.
En definitiva, los Urdangarines y Bárcenas no son sino la punta del iceberg de un régimen podrido y carcomido por la corrupción estructural de un sistema económico de casino del que han sido los mejores valedores los Gobiernos que han tratado de apuntalar el régimen a través de la ocultación y la denegación de información. A una pregunta de Izquierda Unida, el Gobierno se negó a declarar si Bárcenas estaba en la lista Falciani. Y la propia Mesa del Congreso censuró una batería de preguntas dirigidas al Gobierno, también realizadas por Izquierda Unida, acerca de las relaciones entre Fasana, Rhone Gestion, el Centro Nacional de Inteligencia y la Casa Real. Opacidad permanente para ocultar que el propio régimen está erosionado por la corrupción, permitiendo de esa forma que se materialice el saqueo a los bolsillos de los ciudadanos.
Es tarea de los demócratas ser contundentes contra esta perversión de lo que deberían ser las instituciones democráticas. Es momento de denunciar y señalar con el dedo a tantos estafadores y ladrones que pululan por las grandes empresas, en sus mansiones de lujo o en los escaños de los parlamentos. No olvidemos que los defraudadores son delincuentes, y de los más peligrosos, porque su acción afecta de forma directa a la calidad de vida de los ciudadanos. Necesitamos urgentemente construir una democracia transparente, al servicio de las necesidades de la gran mayoría social. Hay que actuar con rapidez y audacia, porque debemos hacerlo antes de que se sacrifiquen los avances democráticos en aras de salvar miserables e ilegítimas fortunas.
