Justicia medieval para los peligrosos sociales
El título XV del Código Penal (artículos 311-318) dice: “De los delitos contra los derechos de los trabajadores” y se supone que está para proteger a estos de los abusos de los empresarios. Los artículos que desarrollan este título dejan claro que se trata de proteger a la parte más débil de la más fuerte, de los empresarios. Especialmente el artículo 315 protege a trabajadores y trabajadoras de las presiones, coacciones y limitaciones que los empresarios puedan ejercer contra un derecho fundamental en una democracia, el derecho de huelga. Sin embargo, la situación que vivimos es tal que el título XV, y en particular el artículo 315, se ha convertido en un instrumento para castigar a los trabajadores en lugar de defenderlos. Una ley que se hizo para proteger el derecho de los débiles (como es lo normal en democracia) se está usando para lo contrario, para castigarlos y reprimirlos; y con extraordinaria brutalidad, además. Hay pocos ejemplos de una perversión legal semejante.
Dos trabajadores, Carmen y Carlos, que estaban en la calle defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras fueron condenados a 3 años de prisión y el tribunal ha ordenado ya su ingreso en la cárcel. Se les juzgó por su participación en un piquete informativo durante la huelga de 2012 y debido a una identificación aleatoria de la policía. Durante el juicio, el fiscal pidió una “sentencia ejemplarizante, no sólo para ellos sino para que a nadie se le ocurra hacer nada parecido”. Ana y Tamara han sido condenadas a 3 años de cárcel por el crimen de echar pintura a una piscina durante una huelga; Carlos y Serafín se enfrentan a otros tres años por paralizar camiones, para 8 trabajadores de Airbus piden ¡8 años de cárcel!; a la secretaria general de CC OO en Baleares, Katiana Vicens, se le piden cuatro años y medio por subirse a un autocar y, supuestamente, (ella lo niega) romper una ventanilla. Todos están acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores.
El artículo 315 del Código Penal se está aplicando reiteradamente, y con una dureza inusitada, contra aquellos a quienes tiene que defender y casi nunca se ha empleado para juzgar, y mucho menos condenar, a empresarios que coaccionan a sus trabajadores y trabajadoras para que no hagan huelga, algo que ocurre prácticamente siempre y para lo que este artículo fue redactado y aprobado. No les ha hecho falta aprobar un artículo específico, les basta hacer una interpretación completamente torticera de éste. Sorprenden las palabras del fiscal pidiendo una sentencia ejemplarizante para que “a nadie se le ocurra hacer nada parecido” y sorprende la prontitud del tribunal en pedir la entrada en prisión.
Mientras, Blasco, el ladrón condenado por quedarse con el dinero destinado a cooperación ve cómo su pena es aplazada hasta no sabemos cuándo; lo mismo que Matas, lo mismo que tantos y tantos ladrones y corruptos que pululan por instituciones públicas y por organizaciones empresariales. Lo mismo que las administraciones que violan derechos fundamentales y que nunca cesan por ello a ningún responsable, lo mismo que los empresarios que pagan en B, no hacen contratos, o impiden a sus trabajadores ir a la huelga. Concejales ladrones que continúan en posesión de su acta durante años, políticos corruptos que aguantan en el cargo el tiempo que haga falta, representantes públicos probadamente podridos que se atreven a expulsar a una diputada honrada de su escaño… Para todos estos nunca piden los fiscales penas ejemplarizantes y aun cuando salen las sentencias nunca lo son, por otra parte.
Esta es una justicia medieval que se ceba con los pobres y que deja tranquilos a los ricos. Es una justicia que contempla con benevolencia robar dinero público, prevaricar, perseguir el lucro personal mintiendo o violando la ley y que, en cambio, contempla con aprensión a las personas dispuestas a solidarizarse con otras, a salir a la calle en la defensa pacífica de los derechos colectivos, siempre en peligro. Es decir, es una justicia medieval que mide con distinto rasero a las personas y a los delitos. Los delitos de los ricos son poca cosa; los delitos de la gente común en interés de todos es un peligro. Es una justicia cuya legitimidad queda bien claro que proviene de la desigualdad y de la distinta consideración de las personas según la casta (sí, la casta) a la que pertenezcan: las élites y la gente corriente. Es una justicia propia de los regímenes dictatoriales, una justicia que considera que toda aquella persona que esté dispuesta a luchar, a protestar o a rebelarse, es un peligro social y merece cárcel.
Vivimos una situación de indefensión tal que se está generando no sólo una dolorosa sensación de injusticia, sino que va mucho más allá, que genera rabia y frustración, que produce asco, una nausea infinita y unas ganas incontenibles de salir a la calle. El PP es el culpable directo, pero lo son también los partidos y los políticos que colaboran con su silencio, los que están en las instituciones jugando tranquilamente el juego institucional sin denunciar constantemente lo que está pasando; son culpables todos los políticos y políticas que no alzan la voz para denunciar que no sólo estamos en una situación de emergencia social porque crecen la miseria y la precariedad, sino porque también se está instaurando calladamente un régimen represivo capaz de hacer cualquier tipo de interpretación injusta de las leyes sin que pase nada, sin que funcionen los controles que se supone que deben existir en un estado de derecho.
La justicia injusta y desigual en situaciones de emergencia social como la actual siempre genera estallidos sociales. Las pasadas elecciones europeas han sido ya un estallido, aunque aún sea pequeño. Ahora tenemos que seguir poniendo toda nuestra capacidad, toda nuestra inteligencia, toda nuestra voluntad, para que el camino comenzado el día 25 de mayo tenga un recorrido largo. Tenemos que hacerlo por Carmen y Carlos, por Ana y Tamara, por los 8 de Airbus, por Katiana, por todos nosotros, por nosotras; porque esto es realmente insoportable.
