Mariano Rajoy sigue donde estaba
Hemos conseguido escapar de momento de una situación, como era la que generaba la actuación del Parlament y del Govern de la Generalitat como si Catalunya fuera ya independiente del Estado español, imposible de soportar en cualquier Estado, ya que soportarla por más tiempo lo convertiría en un Estado fallido. Lo hemos conseguido de momento sin entrar en el callejón sin salida que habría supuesto una aplicación indefinida en el tiempo del artículo 155 CE, que tampoco hubiera sido soportable, porque habría supuesto en la práctica la destrucción del Estado de las Autonomías.
Esto es lo que ha significado la aplicación del artículo 155 CE que se ha acabado imponiendo. Catalunya deja de tener Parlament y Govern propios, pero únicamente por un plazo de 55 días, que son los que necesariamente tienen que transcurrir entre el decreto de disolución del Parlament y el momento en que los ciudadanos ejercen el derecho de sufragio.
El ejercicio del derecho a la autonomía ha quedado suspendido. No es verdad lo que dijo el presidente del Gobierno de que no se había suspendido la autonomía de Catalunya. Se ha suspendido. Mariano Rajoy ha pasado a dirigir la Administración de Catalunya. No directamente, sino por persona interpuesta, pero ha pasado a dirigirla. Lo va a seguir haciendo durante los próximos cincuenta días. Y ha ejercido la máxima expresión del poder de un presidente de Gobierno en un Régimen Parlamentario: la disolución del Parlamento. Esto se ha producido.
Al hacer coincidir la intervención de la Comunidad Autónoma con la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones, el presidente del Gobierno anula los efectos materiales de la intervención, ya que, disuelto el Parlamento, el Gobierno deja de existir propiamente como tal, para pasar a convertirse en un Gobierno en funciones. En estos próximos cincuenta días no hay dirección política, sino gestión de los asuntos de ordinaria administración. La Administración Electoral vigilará el proceso, a fin de que la voluntad general pueda constituirse de manera genuinamente democrática.
Política y electoralmente el camino hacia el 21D, hacia el “rayo de luz” (Iceta dixit) que señale el final del túnel, parece todo lo despejado que puede estarlo tras un periodo tan largo de desencuentro entre el nacionalismo catalán, acompañado por un porcentaje considerable de la sociedad catalana no nacionalista y, sobre todo, no independentista, con el resto de la sociedad catalana y con el de las de las restantes regiones con la excepción de la del País Vasco.
En principio los plazos del proceso electoral se empiezan a imponer y los partidos se aprestan a poner su maquinaria a punto para competir. La secuencia es tan vertiginosa que agota prácticamente la energía de la que todavía disponen los diferentes partidos, que, no se olvide, llegan a esta competición como lo hacen los ciclistas en la tercera semana del Tour.
Las posibles perturbaciones para que las elecciones se celebren como deberían hacerlo, no vienen de la posible competición electoral, sino de la decisión del presidente del Gobierno de hacer uso de la Fiscalía General del Estado para tratar de imponer su estrategia contra el nacionalismo catalán.
Porque el problema no son los jueces. Los jueces lo acaban siendo. Pero lo acaban siendo porque el presidente del Gobierno ha decidido hacer uso del fiscal general del Estado como ariete contra el nacionalismo catalán. Sin la intervención del fiscal general del Estado de la forma en que lo está haciendo, no tendríamos problemas dignos de mención con los tribunales. Mariano Rajoy se ha dado cuenta de que no podía hacer uso del artículo 155 CE para hacer una intervención indefinida de la autonomía de Catalunya, pero ha decidido hacer uso de un 155 fiscal y, como consecuencia de ello, judicial, para hacer una suerte de intervención “de facto”, interfiriendo de paso en el proceso electoral del 21D.
El 155 fiscal y judicial empezó antes del recurso al 155 CE por el Gobierno con el concurso del PSOE y Ciudadanos y la aprobación del Senado. Ahí está el ingreso en prisión de los “Jordi”. Más intenso está siendo el 155 fiscal y judicial tras la entrada en vigor de la “coacción federal”, como las querellas contra todos los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament ponen de manifiesto.
Todo en esta operación resulta extraño. La pone en marcha un fiscal general reprobado por el Congreso de los Diputados, es decir, una persona que carece de legitimidad de ejercicio para desempeñar el cargo. En la comunidad científica casi nadie considera que las conductas de los querellados encajen en los tipos delictivos de los que están siendo acusados: rebelión y sedición. El órgano judicial al que se ha acudido, la Audiencia Nacional, no es competente para entender de estos delitos, según su propia doctrina. Las decisiones de la jueza de la Audiencia Nacional mediante la cual adoptó la medida de prisión provisional para los “Jordi” y ha admitido a trámite las querellas contra los miembros del Govern tienen una fundamentación jurídica delirante.
No existe la más mínima apariencia de administración de justicia. Todos los indicios apuntan a que nos encontramos ante una operación política del Presidente del Gobierno a través del fiscal general del Estado, que, justamente por eso continua siéndolo, a pesar de la reprobación.
Es coherente con lo que ha venido siendo la estrategia de Mariano Rajoy desde el primer momento. El nacionalismo catalán no plantea un problema de naturaleza política, sino un problema de naturaleza penal, al que hay que responder con la actuación de la Fiscalía en todo caso y con los tribunales después.
Afortunadamente el momento judicial ya no lo controla el presidente del Gobierno.
