Mentiras, verdades y negocios sobre el default de Argentina

En un país como España que acumula una deuda soberana equivalente ya al valor de su producción anual de bienes y servicios (PIB) y con un crecimiento un tanto raquítico, la complicada situación de Argentina (si está o no en suspensión de pagos o default para argentinos), merecería análisis menos sesgados en algunos grandes medios convencionales.

Porque, para empezar, se pretende ignorar el hecho de que una vez emitida la deuda pública se compra y se vende como cualquier otra mercancía; y los instrumentos de la deuda soberana son hoy uno de los negocios financieros más florecientes. Y cuando un fondo de inversiones no busca la rentabilidad comerciando con bonos soberanos adquiridos sino que intenta obtener esa rentabilidad del propio Estado emisor, intentando su abono al valor nominal más los intereses recurriendo a presiones de cualquier tipo, tenemos a un fondo buitre, calificativo que no admiten muchos ortodoxos. Pero esa es la línea de negocio que siguen esos fondos especulativos que acosan a Argentina desde hace varios años y que han creado la complicada situación actual.

A menudo se subraya que la Argentina se declaró en suspensión de pagos en 2001 pero se omite el dato que la enorme deuda que pesaba sobre los gobiernos se había acumulado desde la dictadura militar y se había adecentado por las medidas neoliberales aplicadas durante diez años por el presidente Carlos Menem al dictado del FMI. Como también se suele omitir que en 2005 y 2010 el gobierno argentino acordó la reestructuración de esa deuda acumulada con el 92,4 por ciento de los tenedores de los bonos, que aceptaron el canje de bonos antiguos por los nuevos con recortes del 40 y el 70 por ciento del valor nominal; pero al mejorar las políticas, crecer la economía y la coyuntura mundial, los resultados fueron beneficiosos para ambas partes.

Los problemas surgieron porque un 7,6 por ciento de los bonistas no aceptaron aquel canje de bonos acordado; y vendieron sus bonos devaluados a un grupo de fondos buitres que los adquirieron a 20 centavos el dólar, unos 325 millones de dólares que ahora representan 3250 millones, según algunas fuentes. Y comenzó el acoso implacable de estos fondos buitre liderados por MNL Capital, domiciliado en Las Caimán, filial de Elliot Management, un fondo de inversiones de alto riesgo (hedge fund), propiedad del multimillonario Paul Singer, un influyente y acreditado depredador financiero desde Perú al Congo-Brazzaville. Y desde hace años, los últimos gobiernos argentinos hacen frente a la presión de esos fondos buitre que ha incluido la creación de un lobby financiero en los EEUU, la ATFA (American Task Force Argentina) que, entre otras tareas, ha fomentado la sesgada imagen exterior de Argentina (véase la web oficial de ATFA); el secuestro en Ghana de la fragata escuela Libertad o la ristra de pleitos contra ese país del Cono Sur.

En esta última fase, han logrado que un juez de Manhattan obligue a Argentina a pagarles 1500 millones de dólares a estos fondos, el valor nominal más intereses de los bonos rebajados que compraron; algo que en algún caso supone una ganancia del 1600 por cien, según datos del gobierno. Pero si Argentina pagara esos 1500 millones antes de acabar 2014, en virtud de la ley argentina y de la cláusula de igualdad de trato de los acuerdos de reestructuración (RUFO), las reclamaciones de los tenedores de los bonos reestructurados podrían alcanzar la cifra de 120,000 millones, lo que sí supondría la suspensión de pagos del país.

Lo cierto es que para expertos estadounidenses este fallo judicial favorable a los fondos buitre, resulta cuando menos discutible. El premio Nobel Joseph Stiglitz señalaba también la debilidad de los argumentos de la decisión del tribunal; y destacaba que resulta revelador que el FMI, el Departamento de Justicia de EE.UU. y las ONG de lucha contra la pobreza coincidan en la oposición contra los fondos buitre, (La victoria de los buitres, articulo en Project Syndicate, 4/9/2013)

Finalmente, para complicar más las cosas, el mismo juez neoyorquino ha impedido en julio al Banco Mellon de Nueva York, que es el gestor de los pagos argentinos, el abono a los tenedores de bonos de los 539 millones de dólares de intereses que Argentina entregó en plazo a ese Banco. De ahí la interrogante, ¿puede un juez provocar la suspensión de pagos del Estado argentino? Desde luego hasta el momento de escribir este artículo no puede decirse que ha sido declarada por el gobierno.

Pero hay otro asunto generalmente ignorado por la opacidad del mundo financiero. Y es que, entre tanto, siguen en paralelo otros negocios financieros, porque estos fondos especulativos, que disponen de abundante liquidez, buscan oportunidades en el mercado de derivados del crédito donde se cruzan apuestas sobre las contingencias que afectaran al crédito del que derivan. Son los conocidos CDS (credit default swap) o permutas de impago de créditos, una suerte de seguro sobre el bono soberano adquirido frente al impago de los intereses o del capital (pero carente de regulación ni control público), un contrato convertido en activo financiero que se compra y vende en estos mercados financieros opacos y extrabursátiles.

Por un lado, como se trata de un mercado de notoria volatilidad, le impactan las noticias y rumores espontáneos o fabricados por los propios fondos buitre o medios afines, que dificultan la financiación exterior del país afectado ofreciendo una imagen nociva o distorsionada de su situación. Lo que explicaría el alarmismo y la confusión reflejada en ciertas informaciones o los comentarios repletos de verdades a medias y también de mentiras sobre Argentina en este caso, aprovechando la complejidad de los intereses en juego.

Por otro lado, el hecho es que la decisión judicial haya impedido el pago de intereses a los tenedores de bonos reestructurados, ha acentuado en los últimos días las bajadas en las cotizaciones de los bonos argentinos en los mercados; y al mismo tiempo ha provocado subidas en el coste de los “seguros” de esos bonos, que los días 1 y 2 de agosto dispararon la prima de riesgo de los CDS soberanos argentinos, de los cuales ciertamente una buena cantidad se dice que está en poder de esos propios fondos buitre o de entidades allegadas a sus dueños.

Por lo pronto, la asociación gremial que regula privadamente este mercado de derivados CDS, la ISDA (International Swaps and Derivatives Association), ya ha declarado que ese impago de intereses por Argentina, aunque sea a causa de la orden judicial, es una “contingencia de crédito” (crédit event), lo que faculta a que los tenedores de bonos con CDS soberanos argentinos requieran el pago del “seguro” a la contraparte apostante. Y esas liquidaciones de los CDS ascenderán a un billón (trillion) de dólares según Bloomberg (Argentine Bonds Decline as Default Triggers $1 Billion of Swaps, 2/8/14); es decir, estos fondos buitre habrán logrado pingües beneficios en la cuantía que les toque.

Más aún, como la contraparte de esas apuestas de los derivados CDS suelen ser los grandes bancos, se podrían explicar la noticias de que algunos grandes bancos estén gestionando un posible arreglo del conflicto entre fondos buitre y el gobierno argentino, una inesperable “ayuda”.

Y es que las complejidades del funcionamiento de estos mercados financieros desregulados y descontrolados por el poder público, colocan con frecuencia a los gobiernos en posiciones complicadas, cuando no de debilidad y hasta de subordinación a los mercados globales que intentan gobernarnos.

En un país como España que acumulauna deuda soberana equivalente ya al valor de su producción anual debienes y servicios (PIB) y con un crecimiento un tanto raquítico, lacomplicada situación de Argentina (si está o no en suspensión depagos o default para argentinos), merecería análisis menossesgados en algunos grandes medios convencionales.

Porque, para empezar, se pretendeignorar el hecho de que una vez emitida la deuda pública se compra yse vende como cualquier otra mercancía; y los instrumentos de ladeuda soberana son hoy uno de los negocios financieros másflorecientes. Y cuando un fondo de inversiones no busca larentabilidad comerciando con bonos soberanos adquiridos sino queintenta obtener esa rentabilidad del propio Estado emisor, intentandosu abono al valor nominal más los intereses recurriendo a presionesde cualquier tipo, tenemos a un fondo buitre, calificativo que noadmiten muchos ortodoxos. Pero esa es la línea de negocio que sigueesos fondos especulativos que acosan a Argentina desde hace variosaños y que han creado la complicada situación actual.

A menudo se subraya que la Argentina sedeclaró en suspensión de pagos en 2001, pero se omite el dato quela enorme deuda que pesaba sobre los gobiernos se había acumuladodesde la dictadura militar y se había adecentado por las medidasneoliberales aplicadas durante diez años por el presidente CarlosMenem al dictado del FMI. Como también se suele omitir que en 2005 y2010 el gobierno argentino acordó la reestructuración de esa deudaacumulada con el 92,4 por ciento de los tenedores de los bonos, queaceptaron el canje de bonos antiguos por los nuevos con recortes del40 y el 70 por ciento del valor nominal; pero al mejorar laspolíticas, crecer la economía y la coyuntura mundial, losresultados fueron beneficiosos para ambas partes.

Los problemas surgieron porque un 7,6por ciento de los bonistas no aceptaron aquel canje de bonosacordado; y vendieron sus bonos devaluados a un grupo de fondosbuitres que los adquirieron a 20 centavos el dólar, unos 325millones de dólares que ahora representan 3250 millones, segúnalgunas fuentes. Y comenzó el acoso implacable de estos fondosbuitre liderados por MNL Capital, domiciliado en Las Caimán, filialde Elliot Management, un fondo de inversiones de alto riesgo (hedgefund), propiedad del multimillonario Paul Singer, un influyente yacreditado depredador financiero desde Perú al Congo-Brazzaville. Ydesde hace años, los últimos gobiernos argentinos hacen frente a lapresión de esos fondos buitre que ha incluido la creación de unlobby financiero en los EEUU, la ATFA (American Task ForceArgentina) que, entre otras tareas, ha fomentado la sesgada imagenexterior de Argentina (véase la web oficial de ATFA); el secuestroen Ghana de la fragata escuela Libertad o la ristra de pleitos contraese país del Cono Sur.

En esta última fase, han logrado queun juez de Manhattan obligue a Argentina a pagarles 1500 millones dedólares a estos fondos, el valor nominal más intereses de los bonosrebajados que compraron; algo que en algún caso supone una gananciadel 1600 por cien, según datos del gobierno. Pero si Argentinapagara esos 1500 millones antes de acabar 2014, en virtud de la leyargentina y de la cláusula de igualdad de trato de los acuerdos dereestructuración (RUFO), las reclamaciones de los tenedores de losbonos reestructurados podrían alcanzar la cifra de 120,000 millones,lo que sí supondría la suspensión de pagos del país.

Lo cierto es que para expertosestadounidenses este fallo judicial favorable a los fondos buitre,resulta cuando menos discutible. El premio Nobel Joseph Stiglitzseñalaba también la debilidad de los argumentos de la decisión deltribunal; y destacaba que resulta revelador que el FMI, elDepartamento de Justicia de EE.UU. y las ONG de lucha contra lapobreza coincidan en la oposición contra los fondos buitre, (Lavictoria de los buitres, articulo en Project Syndicate, 4/9/2013)

Finalmente, para complicar más lascosas, el mismo juez neoyorquino ha impedido en julio al Banco Mellonde Nueva York, que es el gestor de los pagos argentinos, el abono alos tenedores de bonos de los 539 millones de dólares de interesesque Argentina entregó en plazo a ese Banco. De ahí la interrogante,¿puede un juez provocar la suspensión de pagos del Estadoargentino? Desde luego hasta el momento de escribir este artículo nopuede decirse que ha sido declarada por el gobierno.

Pero hay otro asunto generalmenteignorado por la opacidad del mundo financiero. Y es que, entre tanto,siguen en paralelo otros negocios financieros, porque estos fondosespeculativos, que disponen de abundante liquidez, buscanoportunidades en el mercado de derivados del crédito donde se cruzanapuestas sobre las contingencias que afectaran al crédito del quederivan. Son los conocidos CDS (credit default swap) o permutas deimpago de créditos, una suerte de seguro sobre el bono soberanoadquirido frente al impago de los intereses o del capital (perocarente de regulación ni control público), un contrato convertidoen activo financiero que se compra y vende en estos mercadosfinancieros opacos y extrabursátiles.

Por un lado, como se trata de unmercado de notoria volatilidad, le impactan las noticias y rumoresespontáneos o fabricados por los propios fondos buitre o mediosafines, que dificultan la financiación exterior del país afectadoofreciendo una imagen nociva o distorsionada de su situación. Lo queexplicaría el alarmismo y la confusión reflejada en ciertasinformaciones o los comentarios repletos de verdades a medias ytambién de mentiras sobre Argentina en este caso, aprovechando lacomplejidad de los intereses en juego.

Por otro lado, el hecho es que ladecisión judicial haya impedido el pago de intereses a los tenedoresde bonos reestructurados, ha acentuado en los últimos días las bajadas en las cotizaciones de los bonos argentinos en los mercados;y al mismo tiempo ha provocado subidas en el coste de los “seguros”de esos bonos, que los días 1 y 2 de agosto dispararon la prima deriesgo de los CDS soberanos argentinos, de los cuales ciertamente unabuena cantidad se dice que está en poder de esos propios fondosbuitre o de entidades allegadas a sus dueños. Por lo pronto, laasociación gremial que regula privadamente este mercado dederivados CDS, la ISDA (International Swaps and DerivativesAssociation), ya ha declarado que ese impago de intereses porArgentina, aunque sea a causa de la orden judicial, es una“contingencia de crédito” (crédit event), lo que facultaa que los tenedores de bonos con CDS soberanos argentinos requieranel pago del “seguro” a la contraparte apostante. Y esasliquidaciones de los CDS ascenderán a un billón (trillion) dedólares según Bloomberg (Argentine Bonds Decline as DefaultTriggers $1 Billion of Swaps, 2/8/14); es decir, estos fondosbuitre habrán logrado pingües beneficios en la cuantía que lestoque.

Más aún, como la contraparte de esasapuestas de los derivados CDS suelen ser los grandes bancos, sepodrían explicar la noticias de que algunos grandes bancos esténgestionando un posible arreglo del conflicto entre fondos buitre y elgobierno argentino, una inesperable “ayuda”.

Y es que las complejidades delfuncionamiento de estos mercados financieros desregulados ydescontrolados por el poder público, colocan con frecuencia a losgobiernos en posiciones complicadas, cuando no de debilidad y hastade subordinación a los mercados globales que intentan gobernarnos.-

En un país como España que acumulauna deuda soberana equivalente ya al valor de su producción anual debienes y servicios (PIB) y con un crecimiento un tanto raquítico, lacomplicada situación de Argentina (si está o no en suspensión depagos o default para argentinos), merecería análisis menossesgados en algunos grandes medios convencionales.

Porque, para empezar, se pretendeignorar el hecho de que una vez emitida la deuda pública se compra yse vende como cualquier otra mercancía; y los instrumentos de ladeuda soberana son hoy uno de los negocios financieros másflorecientes. Y cuando un fondo de inversiones no busca larentabilidad comerciando con bonos soberanos adquiridos sino queintenta obtener esa rentabilidad del propio Estado emisor, intentandosu abono al valor nominal más los intereses recurriendo a presionesde cualquier tipo, tenemos a un fondo buitre, calificativo que noadmiten muchos ortodoxos. Pero esa es la línea de negocio que sigueesos fondos especulativos que acosan a Argentina desde hace variosaños y que han creado la complicada situación actual.

A menudo se subraya que la Argentina sedeclaró en suspensión de pagos en 2001, pero se omite el dato quela enorme deuda que pesaba sobre los gobiernos se había acumuladodesde la dictadura militar y se había adecentado por las medidasneoliberales aplicadas durante diez años por el presidente CarlosMenem al dictado del FMI. Como también se suele omitir que en 2005 y2010 el gobierno argentino acordó la reestructuración de esa deudaacumulada con el 92,4 por ciento de los tenedores de los bonos, queaceptaron el canje de bonos antiguos por los nuevos con recortes del40 y el 70 por ciento del valor nominal; pero al mejorar laspolíticas, crecer la economía y la coyuntura mundial, losresultados fueron beneficiosos para ambas partes.

Los problemas surgieron porque un 7,6por ciento de los bonistas no aceptaron aquel canje de bonosacordado; y vendieron sus bonos devaluados a un grupo de fondosbuitres que los adquirieron a 20 centavos el dólar, unos 325millones de dólares que ahora representan 3250 millones, segúnalgunas fuentes. Y comenzó el acoso implacable de estos fondosbuitre liderados por MNL Capital, domiciliado en Las Caimán, filialde Elliot Management, un fondo de inversiones de alto riesgo (hedgefund), propiedad del multimillonario Paul Singer, un influyente yacreditado depredador financiero desde Perú al Congo-Brazzaville. Ydesde hace años, los últimos gobiernos argentinos hacen frente a lapresión de esos fondos buitre que ha incluido la creación de unlobby financiero en los EEUU, la ATFA (American Task ForceArgentina) que, entre otras tareas, ha fomentado la sesgada imagenexterior de Argentina (véase la web oficial de ATFA); el secuestroen Ghana de la fragata escuela Libertad o la ristra de pleitos contraese país del Cono Sur.

En esta última fase, han logrado queun juez de Manhattan obligue a Argentina a pagarles 1500 millones dedólares a estos fondos, el valor nominal más intereses de los bonosrebajados que compraron; algo que en algún caso supone una gananciadel 1600 por cien, según datos del gobierno. Pero si Argentinapagara esos 1500 millones antes de acabar 2014, en virtud de la leyargentina y de la cláusula de igualdad de trato de los acuerdos dereestructuración (RUFO), las reclamaciones de los tenedores de losbonos reestructurados podrían alcanzar la cifra de 120,000 millones,lo que sí supondría la suspensión de pagos del país.

Lo cierto es que para expertosestadounidenses este fallo judicial favorable a los fondos buitre,resulta cuando menos discutible. El premio Nobel Joseph Stiglitzseñalaba también la debilidad de los argumentos de la decisión deltribunal; y destacaba que resulta revelador que el FMI, elDepartamento de Justicia de EE.UU. y las ONG de lucha contra lapobreza coincidan en la oposición contra los fondos buitre, (Lavictoria de los buitres, articulo en Project Syndicate, 4/9/2013)

Finalmente, para complicar más lascosas, el mismo juez neoyorquino ha impedido en julio al Banco Mellonde Nueva York, que es el gestor de los pagos argentinos, el abono alos tenedores de bonos de los 539 millones de dólares de interesesque Argentina entregó en plazo a ese Banco. De ahí la interrogante,¿puede un juez provocar la suspensión de pagos del Estadoargentino? Desde luego hasta el momento de escribir este artículo nopuede decirse que ha sido declarada por el gobierno.

Pero hay otro asunto generalmenteignorado por la opacidad del mundo financiero. Y es que, entre tanto,siguen en paralelo otros negocios financieros, porque estos fondosespeculativos, que disponen de abundante liquidez, buscanoportunidades en el mercado de derivados del crédito donde se cruzanapuestas sobre las contingencias que afectaran al crédito del quederivan. Son los conocidos CDS (credit default swap) o permutas deimpago de créditos, una suerte de seguro sobre el bono soberanoadquirido frente al impago de los intereses o del capital (perocarente de regulación ni control público), un contrato convertidoen activo financiero que se compra y vende en estos mercadosfinancieros opacos y extrabursátiles.

Por un lado, como se trata de unmercado de notoria volatilidad, le impactan las noticias y rumoresespontáneos o fabricados por los propios fondos buitre o mediosafines, que dificultan la financiación exterior del país afectadoofreciendo una imagen nociva o distorsionada de su situación. Lo queexplicaría el alarmismo y la confusión reflejada en ciertasinformaciones o los comentarios repletos de verdades a medias ytambién de mentiras sobre Argentina en este caso, aprovechando lacomplejidad de los intereses en juego.

Por otro lado, el hecho es que ladecisión judicial haya impedido el pago de intereses a los tenedoresde bonos reestructurados, ha acentuado en los últimos días las bajadas en las cotizaciones de los bonos argentinos en los mercados;y al mismo tiempo ha provocado subidas en el coste de los “seguros”de esos bonos, que los días 1 y 2 de agosto dispararon la prima deriesgo de los CDS soberanos argentinos, de los cuales ciertamente unabuena cantidad se dice que está en poder de esos propios fondosbuitre o de entidades allegadas a sus dueños. Por lo pronto, laasociación gremial que regula privadamente este mercado dederivados CDS, la ISDA (International Swaps and DerivativesAssociation), ya ha declarado que ese impago de intereses porArgentina, aunque sea a causa de la orden judicial, es una“contingencia de crédito” (crédit event), lo que facultaa que los tenedores de bonos con CDS soberanos argentinos requieranel pago del “seguro” a la contraparte apostante. Y esasliquidaciones de los CDS ascenderán a un billón (trillion) dedólares según Bloomberg (Argentine Bonds Decline as DefaultTriggers $1 Billion of Swaps, 2/8/14); es decir, estos fondosbuitre habrán logrado pingües beneficios en la cuantía que lestoque.

Más aún, como la contraparte de esasapuestas de los derivados CDS suelen ser los grandes bancos, sepodrían explicar la noticias de que algunos grandes bancos esténgestionando un posible arreglo del conflicto entre fondos buitre y elgobierno argentino, una inesperable “ayuda”.

Y es que las complejidades delfuncionamiento de estos mercados financieros desregulados ydescontrolados por el poder público, colocan con frecuencia a losgobiernos en posiciones complicadas, cuando no de debilidad y hastade subordinación a los mercados globales que intentan gobernarnos.-