Municipalización de la energía térmica: una oportunidad histórica
La Historia no se acabó en los años 90, como vaticinaba Francis Fukuyama. Tras la fiesta neoliberal de alegre privatización de servicios públicos (agua, gas, electricidad, basuras, transporte...), vino la resaca en forma de servicios públicos más caros y de peor calidad, mediando, eso sí, pingües beneficios para las empresas adjudicatarias de esos servicios.
Para combatir la resaca, hay quienes recurren a la pastilla de la “remunicipalización” de algunos servicios públicos, basándose en la premisa de que ciertos servicios se prestan mejor de forma pública y sin ánimo de lucro.
Por lo general, cuando se nos pregunta a los abogados sobre las implicaciones legales de esta posibilidad, tendemos a ser portadores de malas noticias para los bienintencionados políticos que prometieron que municipalizarían los servicios básicos. Y es que antes de nada, se impone la necesidad de preservar la seguridad jurídica (salvo en los recortes a las renovables, claro, donde parece ser que todo vale) y no siempre es posible recuperar esos servicios sin quebrar la confianza legítima de los operadores. En algunos ámbitos, las cosas se hicieron mal y ahora se arrastra el error histórico. Pero hay otros en los que el momento es ahora. Entre los primeros encontramos la red eléctrica, mientras que ejemplo de los segundos es la red de energía térmica.
Empecemos por la eléctrica. En España, salvo honrosas excepciones de municipios pioneros (Centelles o Cádiz), las redes eléctricas fueron construidas, desde principios del siglo XX, por empresas privadas, las cuales son las propietarias y gestoras de esas redes. La compañía identificaba una necesidad eléctrica, construía una central para cubrirla y, de paso, la red para conectar producción y consumo. Y el Estado lo autorizaba. Así se fue llenando poco a poco el país de redes eléctricas privadas.
Por lo tanto, si ahora el Ayuntamiento quiere hacerse con las redes eléctricas, tendrá, con la legislación actual, que tratar de comprárselas a los actuales titulares, lo que exigirá un desembolso económico, incluso cuando en algunos casos se trata de redes completamente amortizadas. Y ello suponiendo que la compañía eléctrica acepte vender, lo que, a la vista de los enormes beneficios que da el negocio de la distribución eléctrica en España, es poco probable.
A diferencia de España, en el caso alemán la red eléctrica siguió siendo pública, si bien se otorgaron concesiones por 20-25 años para que empresas especializadas gestionaran esas redes. Una vez transcurrido ese plazo, muchos municipios están asumiendo la gestión directa de la red. Y gracias a esta gestión municipal de la red, se está contribuyendo decisivamente a la penetración masiva de renovables y al cambio de modelo energético en Alemania.
El (mal) ejemplo de las redes eléctricas en España sirve para que se vea mejor la gran oportunidad actual respecto a las redes de energía térmica (District Heating & Cooling).
Y es que paralelamente a las redes eléctricas y de gas, hace tiempo que se están desarrollando en Europa redes que transportan directamente la energía térmica, principalmente para calefacción, aunque en algunos casos también para refrigeración. Se trata de redes locales (“de distrito”) para cubrir las necesidades térmicas de hogares, industrias, empresas y administraciones públicas y que suponen una gran oportunidad para la energía térmica renovable.
Sin embargo, en España el District Heating está todavía poco desarrollado, como también lo está la legislación al respecto, que no va más allá de algunas tímidas referencias en la normativa que transpone de forma deficiente y tardía la Directiva de Eficiencia Energética. Por el momento, sólo algunos Ayuntamientos han lanzado concursos públicos para la construcción y gestión de la red de District Heating en sus términos municipales. Pero es previsible que muchos más sigan su ejemplo en los próximos años y décadas. Y aquí es donde reside la oportunidad histórica.
A la hora de construir las redes de District Heating caben diversas posibilidades. Primera, que el Ayuntamiento, con sus propios técnicos, construya y gestione la red. Segunda, que el Ayuntamiento, manteniendo la propiedad, encargue la construcción y gestión de la red durante un tiempo a una empresa especializada en la materia, estableciendo en los pliegos técnicos los precios a los que se tiene que vender la energía térmica y los porcentajes mínimos de fuentes renovables exigibles a la gestora de la red. Y tercera, que el Ayuntamiento encargue la construcción de la red de calor y frío a una empresa, la cual será propietaria de esa red.
Pues bien, cualquier Ayuntamiento con sentido histórico y visión de futuro debería optar por la segunda posibilidad, siempre que la primera no sea posible por incapacidad técnica o económica para construir y gestionar por sí mismos la red de energía térmica, y evitar la tercera. Que la red la construya y gestione temporalmente una empresa, sí, pero que la propiedad de la red sea pública, ya que ahorrarse ahora unos euros y que la red sea privada supone un grave error que se terminará pagando con una incapacidad absoluta para intervenir en materia de energía térmica en el futuro.
En conclusión, espero que este artículo sirva para no tener que elaborar complejos informes para futuros Ayuntamientos sobre las dificultades y los costes de la remunicipalización de la red de calor y frío dentro de algunos años. Y es que si las cosas se hacen bien, no habrá necesidad alguna de remunicipalizar nada, pues el servicio se habrá quedado desde un principio al calor de los dominios municipales.
