¿Nacionalización del sector eléctrico? PSOE y PP muestran el camino
Es frecuente oír hablar, sobre todo en campaña electoral, de la “nacionalización del sector eléctrico”, en su acepción coloquial, referida al proceso de conversión de activos eléctricos privados en bienes del Estado, por oposición a la idea de “privatización”. El término nacionalización es normalmente empleado por sus detractores asociándolo a algo propio de países como Venezuela o Cuba. No obstante, en el sector eléctrico español ya ha habido procesos de nacionalización, orquestados por los partidos tradicionales, y que prueban que la gestión pública de activos eléctricos estratégicos puede resultar una alternativa legal y viable.
A diferencia de lo que sucede en la mayoría de países de Europa, donde hay una o varias grandes compañías eléctricas de titularidad estatal (Enel en Italia o EDF en Francia), en España la regla ha sido históricamente que el sector eléctrico esté en manos de empresas privadas, con la excepción de Endesa, que durante algunos años fue pública (y que ahora vuelve a serlo, pero del Estado Italiano).
Incluso las redes eléctricas fueron desarrolladas, salvo excepciones, por empresas privadas, uniendo centros de generación (centrales hidráulicas o de carbón) con centros de consumo (ciudades, industrias), sin que el Estado interviniera en la planificación o gestión de esas redes.
Como es lógico, en los países en los que la red nació siendo pública y no se han producido procesos de privatización de activos eléctricos esenciales, no es necesario nacionalizar.
Pero en España, donde la red nació privada, la vía de recuperación de activos no es otra que la “nacionalización”, que se podría hacer de dos formas. La primera sería que el Estado se convirtiese en accionista principal o mayoritario de las grandes compañías eléctricas españolas (mediante el título habilitante que fuera), ejerciendo así el control sobre actividades estratégicas como la generación con bombeos o la gestión de la red de distribución, pero también sobre otras no estratégicas como la mayoría de generación eléctrica o la comercialización de energía eléctrica.
La segunda sería convertir en bienes públicos algunos activos estratégicos actualmente propiedad de empresas privadas, mediante el procedimiento que fuera (compraventa, expropiación…), sin entrar en su accionariado.
En España, el discurso político mayoritario considera esta “nacionalización” del sector eléctrico como algo negativo que haría que los inversores extranjeros huyeran del país. No obstante, hay algunas tímidas voces que empiezan a reivindicar la nacionalización del sector eléctrico, especialmente la de los activos estratégicos (no tanto de las empresas), para equiparar España a otros países del entorno, en los que las redes de distribución eléctrica son de titularidad pública, sea mediante una entidad estatal (Francia, Italia) o municipal (Alemania).
“Venta obligatoria”
No obstante, si analizamos la realidad del sector en las últimas décadas, observamos que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular ya han realizado procesos de traspaso de activos eléctricos privados a públicos, mediante el mecanismo de la “venta obligatoria”.
Así, en 1984, el Partido Socialista aprobó la Ley 49/1984, de Unificación del Sistema Eléctrico Nacional, en la que, entre otras cosas declaraba la explotación de las redes de alta tensión como “servicio público de titularidad estatal”, obligando a las empresas privadas propietarias de la misma a vendérsela a la empresa estatal Red Eléctrica de España (REE, después privatizada, pero aún controlada por el Estado a través de la SEPI).
Durante los años siguientes, REE fue comprando la red de transporte a las eléctricas, en un proceso que culminó en el año 2010, y que recibió su impulso final con el Gobierno de Zapatero (Ley 17/2007), quien dio tres años a las eléctricas que aún no habían vendido, y si se negaban, un juez independiente designado por la Comisión Nacional de la Energía establecería el precio de la venta.
Por su parte, el Partido Popular, en la primera legislatura de Mariano Rajoy, aprobó la Ley 17/2013, de sistemas eléctricos extrapeninsulares, en la que declaró que la proyectada central de bombeo de 200 MW de Chira-Soria (Gran Canaria), propiedad de Endesa, tenía que pasar a manos de Red Eléctrica, lo mismo que cualquier otra central de este tipo que se construya en el futuro en las Islas. De nuevo, observamos que unos activos privados pasan, por Ley y mediante un sistema de venta obligatoria, a manos públicas.
Todavía es pronto para hacer balance sobre la central de Chira-Soria, que aún está en desarrollo, pero sí que puede decirse que el traspaso de la gestión de la red de alta tensión por parte Red Eléctrica de España ha sido exitoso (al margen de que el precio que se pagó a las grandes eléctricas por los activos de alta tensión fuera o no excesivo), como prueban los numerosos premios y reconocimientos recibidos.
En definitiva, lo que humildemente pretende poner de manifiesto es que la gestión pública o semi-pública es una de las alternativas legales de gestión en todo sector estratégico, incluido el eléctrico, y que, por tanto, no es conveniente rechazarla apriorísticamente por razones puramente ideológicas. Habrá que valorar la mejor solución en cada caso, siendo conscientes de que existen vías legales para avalar tanto el mantenimiento del statu quo (red de distribución privada, red de transporte controlada por empresa semi-pública), como para la privatización o la nacionalización.
De hecho, cientos de municipios alemanes, de todos los colores políticos, ya están remunicipalizando (“nacionalizando” a nivel municipal) la gestión de la red de distribución eléctrica. En España, por el contrario, los mismos partidos que han “nacionalizado” una parte del sector eléctrico, mantienen ahora discursos totalmente opuestos a ella, sin otra justificación que la ideológica.
El modelo actual, de redes eléctricas de distribución de propiedad y gestión privada en manos de empresas que actúan sobre el resto de segmentos del sistema eléctrico, es una de las causas de la ausencia de competencia real, de que los beneficios de las grandes eléctricas se mantengan constantes y de que el precio final de la electricidad no deje de crecer.
Sabiendo que hay fórmulas legales para ello, ¿no valdría la pena explorar otras formas de gestión de activos estratégicos, tomando como referencia modelos de países vecinos y el pasado reciente de nuestro país, para tratar de mejorar las múltiples deficiencias del sistema eléctrico español?
