El Orgullo de Ana Botella

Desde el punto de vista ultraliberal de Ana Botella, las celebraciones del Orgullo Gay en Madrid tendrían que ser su perita en dulce (ella que es tanto de peras y manzanas): el Orgullo es el evento anual que más turistas atrae a la ciudad, más de 200.000, y que le reporta unos ingresos de más de 110 millones de euros. Durante cinco días, sirve, además, de altavoz internacional de ese Madrid diverso que el Ayuntamiento quiere exportar en el exterior. Sin embargo, la homofobia de Botella es tan profunda que está por encima de sus intereses económicos y de esa marca España tan cacareada por el PP.

El sábado por la mañana, a pocas horas del inicio de la multitudinaria Manifestación Estatal que se celebraría por la tarde, los organizadores del Orgullo se vieron obligados a dar una rueda de prensa para transmitir su malestar a causa de los métodos utilizados por el Ayuntamiento de Madrid y denunciar la descoordinación del Consistorio en la organización de los eventos previstos, así como sus intentos continuados de boicot contra las emblemáticas fiestas del barrio de Chueca y contra la manifestación. Boti García Rodrigo (presidenta de la FELGTB), Esperanza Montero (presidenta de COGAM) y Juan Carlos Alonso (presidente de AEGAL) argumentaron el boicot del Consistorio: aún a sabiendas de la enorme afluencia de público que genera el Orgullo, el Ayuntamiento de Botella no refuerza los transportes públicos y ofrece medidas higiénicas (baños químicos y contenedores de basura) claramente insuficientes; a solo una semana de las celebraciones, el Ayuntamiento de Botella prohíbe el escenario que ocuparía la Red de San Luis, propuesto por el propio Ayuntamiento y eliminado sin ofrecer alternativas; a solo 24 horas del inicio de la manifestación, el Ayuntamiento de Botella se echa atrás en el montaje de la iluminación y el sonido del escenario final, donde tradicionalmente se lee el manifiesto con las reivindicaciones del colectivo LGTB.

Los organizadores del Orgullo dicen haberse reunido unas 30 veces, desde finales de 2012, con los responsables del Ayuntamiento para tratar de coordinar un evento de esta envergadura. Unas reuniones a las que nunca ha asistido Ana Botella, cosa sospechosa e irresponsable, dado que es la alcaldesa de una ciudad célebre en el mundo por su Orgullo. Unas reuniones que han sufrido un cambio constante de interlocutores, que ignoraban los compromisos de sus antecesores. Se trataba de un trabajo de colaboración imprescindible para garantizar la seguridad y sostenibilidad que exige un evento de esta magnitud y que demanda el propio Ayuntamiento, pero, lejos de trabajar para ello, el Ayuntamiento ha desarrollado una estrategia de retrasos, trabas administrativas (demanda de documentos ya presentados o no solicitados previamente, cambio en las normativas etc.) y falsas promesas que dilataban la organización y finalmente eran incumplidas, dejando a los organizadores sin margen de reacción. De tal descoordinación municipal solo puede deducirse la intención de restar visibilidad al colectivo LGTB y un intento de minimizar la incidencia tanto de las fiestas como de la manifestación del Orgullo.

El colmo del abuso de poder consistorial se produjo a cuatro días de la manifestación: el Ayuntamiento exigió una fianza de 150.000 euros para permitirla. Solo tras la filtración a la prensa de esta ilegalidad, el Ayuntamiento reconoció que se trataba de “un error”. Ya sabemos que en la neolengua española del PP también caben nuevos sinónimos y lo que antes significaba prevaricación hoy puede significa error. Esta vergüenza venía a sumarse a las dudosas multas impuestas en años anteriores, algunas referidas a plazas donde no se habían celebrados actos del Orgullo. Venía a unirse al recorte de escenarios en la calle Pelayo y la plaza de Chueca (donde se ha llegado a limitar a una hora la lectura de un pregón que apenas se podía oír porque las exigencias policiales de sonido lo hicieron casi imposible), y a la denegación a última hora de las alternativas ofrecidas por el propio Ayuntamiento. Venía a unirse a la supresión de las ayudas otorgadas anteriormente para actividades vecinales e infantiles, y a la reducción a más de la mitad del presupuesto de participación ciudadana. Los organizadores lo denominan ceguera, dada la evidencia de que la inversión en Orgullo ha sido siempre extraordinariamente rentable. Es la ceguera que produce la homofobia (y no aquella que los curas, tan amigos de Ana Botella, achacaban al onanismo).

El Ayuntamiento de Madrid firmó el apoyo al proyecto World Pride 2017, un evento que podría reportar millonarios beneficios, tanto económicos como de imagen exterior. Así que el boicot al Orgullo 2013 es una contradicción y Botella será responsable de las presumibles pérdidas. Porque una Chueca infestada de policías llevando a cabo identificaciones masivas e indiscriminadas no parece el mejor escenario para atraer visitantes. Una Chueca y aledaños llena de basura y meadas echará para atrás a mucha gente. Una Chueca convertida en un gigantesco botellón porque se han eliminado buena parte de los espacios festivos destinados a la celebración no será el mejor reclamo. Pero es que esta vez a Botella se le ha visto el plumero (para que luego diga de las plumas LGTB). Ha preferido pérdidas a maricones y bolleras.

Cuando vino el Papa a Madrid, por poner el ejemplo más evidente, se puso a disposición de sus seguidores todo el sistema de transportes de la ciudad: durante el Orgullo se ha producido en esos servicios un atasco humano incómodo y muy poco prometedor para un World Gay Pride como el que quiere celebrarse en 2017. Durante las referidas JMJ, se llenó el parque del Retiro de confesionarios: en el Orgullo han faltado hasta contenedores. Durante las JMJ, la policía madrileña se dedicó a allanar el paso y la estancia de los que vinieron a ver al Papa: en el Orgullo la policía acosa a los visitantes. Queda patente que para la alcaldesa hay madrileños y visitantes que merecen todo el apoyo y protección, como los católicos y sus familias, mientras que otros, como los gays, las lesbianas, los transexuales y sus familias, merecen ser boicoteados. No nos sorprende, pero denota una homofobia que en España está tipificada como delito.

Otra cuestión es la crítica que puede hacerse a la mercantilización del Orgullo por parte de AEGAL, empresarios gays que han monopolizado el Orgullo y en gran medida lo han despojado de su carácter reivindicativo, con la presunta complicidad de la FELGTB y de COGAM, y en connivencia con el propio Ayuntamiento. Desde hace años se oyen muchas voces que acusan a estos empresarios de convertir una lucha de derechos humanos y civiles en un simple negocio, una lucha plegada a las exigencias del capitalismo. Desde ese punto de vista eminentemente mercantilista, se habría diseñado un Orgullo (despojado de las reivindicaciones más incómodas y con patéticas presencias oficiales como la de Leticia Sabater, Carmen Lomana o Kiko Rivera: o los organizadores son unos horteras de bolera o la elección de este elenco se la tienen que hacer mirar) cuyo sesgo neoliberal lo acercaría a la política económica de alguien como Ana Botella. ¿Qué ha pasado, entonces, para que se rompa esa supuesta connivencia? ¿La homofobia de Botella es de tal calibre que arrasa incluso con sus planteamientos económicos? ¿Debieran los organizadores del Orgullo reconocer que de aquellas lluvias, estos lodos?

Sea como fuere (y conviene no dejar de reflexionar en ello), un año más la Manifestación Estatal del Orgullo fue masiva, reivindicativa y festiva. Los desencuentros entre organizadores y Ayuntamiento no alcanzaron a una ciudadanía que año tras año toma las calles con libertad y con una fuerza, política, que es la del desprejuicio, el humor y la reclamación de unos derechos que aún son conculcados a causa de una homofobia como la de Ana Botella. Una homofobia que es delito.