PGE 2014: unos presupuestos que empobrecen… aquí y allí
Estos días se debate en el Parlamento el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2014. La propuesta de Presupuestos que presenta un Gobierno, lejos de ser una cuestión meramente técnica, constituye la manifestación más auténtica de las políticas públicas de ese Gobierno. En esa propuesta se plasman sus objetivos políticos para el año venidero, pero también nos muestra cuáles son las prioridades a medio y largo plazo, y qué asuntos no lo son.
El desarrollo de políticas sociales en las últimas décadas, que había permitido a España un acercamiento a los niveles de Estado de bienestar de los países europeos de nuestro entorno, se frenó en seco cuando comenzó la crisis. Y la tendencia actual es una reversión acelerada de dichas políticas sociales que, además de alejarnos de nuevo de los países europeos más avanzados, está produciendo pobreza y desigualdades, y destruyendo derechos económicos, sociales y laborales.
La excusa, “no hay dinero”, resulta cada vez menos creíble, pues la ciudadanía observa cómo la banca engulle recursos públicos sin problemas de escasez, las grandes empresas continúan beneficiándose de desgravaciones fiscales y el gran fraude fiscal, con sus necesarios paraísos fiscales, siguen sin ser combatidos. El denominador común de estos “beneficiarios” de las políticas públicas, por acción u omisión, es el poder económico que ostentan.
Resulta, pues, cada vez más evidente que los recortes en inversión social, en las políticas que benefician a sectores mayoritarios de la población, ahora y en el futuro, así como a los vulnerables y a los excluidos, no son ajustes temporales en tiempos de crisis, sino que el poder, político y económico, está estableciendo unas nuevas “reglas del juego” (en este juego que se llama sistema económico capitalista), similares a las que organismos como el FMI llevan años imponiendo en países del Sur, en especial en América Latina: se trata de realizar ajustes estructurales que responden a una ideología neoliberal, en la que priman los intereses de los mercados sobre los derechos de las personas, con evidentes beneficios para la élite económica, pero también con evidentes consecuencias negativas para la gran mayoría, que padece un aumento de las desigualdades y mayores niveles de pobreza. A pesar del fracaso de este tipo de políticas en términos de bienestar de la población —reconocido incluso por el propio FMI—, las clases dirigentes no cejan en su empeño.
En este contexto de recortes generalizados, el gasto público destinado al Estado de bienestar ha retrocedido a niveles de hace más de una década, tal y como pone de manifiesto un revelador artículo de Ana M. Guillén y Marga León, publicado recientemente en el blog 'Agenda Pública' de este diario.
Y aún mayor está resultando la reversión de la política de cooperación española, que constituye también una política social del Estado, destinada en este caso a erradicar la pobreza, defender los derechos humanos y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones desfavorecidas en los países empobrecidos.
Sin entrar en el hecho de que la política de cooperación al desarrollo va mucho más allá de destinar ciertos recursos a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), y centrándonos en esta última, según el análisis realizado por la Coordinadora de ONGD-España, el proyecto de presupuestos para 2014 establece un nuevo recorte de la AOD, por quinto año consecutivo, esta vez de un 9,2% respecto a 2013. La caída acumulada de la AOD desde 2009 es superior al 70%. En ese año, España se situaba entre los principales donantes del mundo, al destinar a la ayuda al desarrollo un 0,46% de nuestra Renta Nacional Bruta. Esa cifra pasará a ser del 0,17% en 2014, devolviéndonos a niveles de principios de los noventa y situándonos a la cola de los países donantes. El compromiso del Gobierno español en la lucha contra la pobreza, tantas veces reiterado en foros internacionales, no se ve respaldado por los hechos.
Este proceso de aniquilación de la AOD significa que España ha abandonado de facto el objetivo de destinar el 0,7% de la RNB a ayuda al desarrollo en el año 2015, compromiso consensuado en las Naciones Unidas en el año 2000, así como asumido en el seno de la UE. Parece que hay compromisos que sí se pueden incumplir, mientras otros resultan indiscutibles.
Detrás de este desmantelamiento de la política de cooperación española se encuentra, como factor subyacente, una visión del desarrollo que, de nuevo, está ganando terreno en los últimos años en el sistema internacional de la ayuda, según la cual se identifica desarrollo con crecimiento económico, y que pretende la reducción de la pobreza mediante soluciones de mercado. Por otro lado, los países donantes intentan conciliar las políticas de cooperación al desarrollo con los “intereses nacionales” (es decir, los intereses económicos de sus grandes empresas). De esta manera, la ayuda al desarrollo pasa a destinarse a facilitar la implantación y el desenvolvimiento de las empresas, especialmente de las corporaciones transnacionales, en esos países. Las empresas, por su parte, diseñan estrategias de negocio (entre las que se incluyen las Alianzas Público-Privadas) dirigidas a lo que denominan la “base de la pirámide”, ese segmento de población compuesto por 4.700 millones de personas pobres en el mundo, a los que se pretende convertir en “consumidores” en lugar de ser ciudadanos con plenos derechos.
Entre las implicaciones de este cambio en el paradigma del desarrollo se encuentra la devaluación del papel que han venido jugando de las organizaciones de la sociedad civil, principalmente las ONGD, tanto en la definición, seguimiento y control de las políticas de cooperación, como en su implementación. Según un reciente estudio de la Plataforma 2015 y más sobre la reconfiguración del papel de la sociedad civil en el actual contexto, se reconoce ampliamente que las ONGD aportan un valor estratégico a las políticas de cooperación, en términos de fortalecimiento de la propia política de cooperación pero también de la democracia, por su apoyo al desarrollo del tejido asociativo de los países empobrecidos y por la movilización social que generan a través de la construcción de una ciudadanía global activa y preocupada por los problemas del desarrollo. Todo esto está en peligro, a la vez que los actores del sector privado empresarial cobran mayor protagonismo en el diseño de las políticas de cooperación.
Sin embargo, en el mundo globalizado e interdependiente en que nos ha tocado vivir, ningún Estado puede desentenderse de los graves desafíos globales a los que nos enfrentamos: la garantía y defensa de los derechos humanos (incluidos los derechos económicos, sociales y culturales) de todas las personas, la erradicación de la pobreza, la equidad de género, la reducción de las desigualdades, la sostenibilidad medioambiental y, en fin, el logro de una vida digna y plena, no se van a alcanzar mediante la acción del libre mercado. Deben ser los Estados los que respondan de manera efectiva a los desafíos globales, mediante un intenso trabajo conjunto en el seno de la comunidad internacional, así como destinando recursos suficientes para la gestión de los asuntos globales.
Desde la sociedad civil organizada defendemos unas políticas públicas que beneficien a la inmensa mayoría de la población y luchen contra la pobreza y la exclusión atacando sus causas. Por ello, la Alianza Española contra la Pobreza y la Cumbre Social (que reúnen a más de 1.000 organizaciones sociales españolas) han dirigido recientemente una carta abierta a Mariano Rajoy exigiéndole un compromiso real y firme con la erradicación de la pobreza y las desigualdades, con el desarrollo humano y sostenible y con la justicia social, aquí en nuestro país, pero también allí, en el Sur global. Y los Presupuestos para 2014, lejos de ir en esa dirección, contribuirán al empobrecimiento de la ciudadanía, aquí y allí.
Este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autora.
