Supremo modus operandi
No ha podido dictarse en mejor momento la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España por tratos inhumanos y degradantes a los etarras Portus y Sarasola. Nos permite entender muchas de las cosas que están sucediendo ahora mismo. Es una sentencia absolutamente pedagógica para visualizar cómo actúan algunos tribunales de este país -en casos que afectan a la llamada razón de Estado- entre los que se encuentra el Tribunal Supremo. Y digo que se encuentra porque esta realidad también afecta a la Audiencia Nacional y al Tribunal Constitucional. Además, la Corte Europea nos permite ver cómo los jueces y tribunales de órganos territoriales han dado en estos casos una respuesta más ajustada a Derecho y a la protección de los derechos fundamentales.
La lectura de la sentencia de Estrasburgo - ¡quién me iba a decir que al final hablar francés serviría para algo! - deja meridianamente claro que el Tribunal Supremo del Reino de España casó una sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa de una forma anómala y bastante vergonzosa. Como dice la Corte: “el Tribunal Supremo no se ha limitado a realizar una interpretación diferente de las pruebas documentales” -que podría- “sino que ha reevaluado también la credibilidad de los testimonios de los dos denunciantes y de los tres testigos”. Esta nueva apreciación de la prueba sin inmediación y sin contradicción fue determinante para la anulación de la condena de los guardias civiles y, sin embargo, no es lícita. El rapapolvo de Estrasburgo al Supremo va más allá, ya que le dice que se ha limitado a descartar la versión de los etarras sobre las torturas sin llegar a establecer una versión alternativa que pueda casar con los informes medico forenses y las pruebas presentes en el procedimiento. O sea, que Saavedra, Martínez Arrieta, Soriano, Berdugo y Sánchez-Melgar, se fundieron todas las cuestiones vedadas a un tribunal de casación para salvar de la condena a los guardias civiles que maltrataron a los dos etarras. Por encima de ellos, el Tribunal Constitucional ni siquiera admitió los recursos de amparo, así que tal aberración quedó salvada.
No contentos con ello, los magistrados del Tribunal Supremo tuvieron a bien arrastrar en la sentencia el trabajo realizado por los magistrados de la Audiencia de Gipuzkoa, afirmando que no fueron cautelosos a la hora de juzgar, que prestaron poca atención a algunos datos o que se creyeron la versión de los denunciantes “sin especiales valoraciones probatorias”. Pues bien, ha tenido que ser Europa la que reivindique el trabajo de los magistrados Subijana, Barbarín y Moreno Galindo, que supongo que haciendo de tripas corazón hicieron su trabajo y nada más que su trabajo. Ha tenido que ser una instancia supranacional la que avale el trabajo del instructor Luis García Delgado, al que la sentencia del TS también ponía bonito ya que, según decían, “no se le ocurrió hacer una reconstrucción de los hechos”. Difícil cosa, dado que los etarras iban con los ojos tapados y los guardias negaban que hubieran sucedido. Pasados los años, al menos esto constituye una mínima satisfacción personal para ellos y un reconocimiento por el trabajo bien hecho y por su defensa del Estado de Derecho. El Estado de Derecho se defiende así. Defendiendo sus principios te guste o no te guste, y sea el que sea el destinatario de las vulneraciones.
Los jueces europeos lo tienen claro, como claros eran los informes de los forenses vascos que decían que la costilla rota, el neumotórax, los hematomas y las lesiones oculares no eran compatibles con una detención que precisara de fuerza. Además, había un testigo de la misma que aseguraba que ellos se entregaron sin resistencia al ser descubiertos en un control. Así que los magistrados europeos han visto, como los de San Sebastián, que a los etarras entre la detención y su llegada al cuartel los llevaron a una senda forestal y les inflaron a hostias, además de hacerles la bañera en un río cercano.
Para todos los que justifican que se maltrate y se veje a individuos como estos -que habían asesinado a dos personas en un salvaje atentado en la T4 madrileña-, y dado que no comprenden la razón por la que un Estado democrático no puede comportarse como lo hacen los criminales, voy a recordarles lo peligroso de alentar estos comportamientos de venganza y violencia por parte de las fuerzas policiales. Les recuerdo el Caso Almería y aquellos tres jóvenes que iban a una comunión y que acabaron quemados en un barranco al ser confundidos por un vecino y por la Guardia Civil con un comando etarra. Las torturas los mataron. Eran inocentes. Ni siquiera han sido reconocidos como víctimas.
La sentencia del TEDH nos muestra cómo los tribunales más próximos al poder pueden llegar a poner la razón de Estado por encima de consideraciones puramente legales o de los derechos fundamentales. Y lo siguen haciendo. Ha sucedido con el caso de los jóvenes de Alsasua, en el que la respuesta de la jueza de Instrucción de Pamplona y de la Audiencia de Navarra fue ajustada y en el que hemos visto como el asunto le fue arrebatado a favor de una Audiencia Nacional, que ha procesado por un delito de terrorismo que no encaja en la legalidad. Roguemos porque la reparación de este daño no se dilate en un largo camino a Europa y que los juzgadores lo corrijan antes.
Es lo mismo que está sucediendo con los independentistas catalanes. Primero la Audiencia Nacional y luego el Tribunal Supremo asumen una postura como poco errónea, como ve cualquier penalista desapasionado, y que, es de temer, que no sea detenida y corregida hasta que llegue al Tribunal que hoy condena a España. Cuando eso suceda, diez años más tarde, ¿qué consecuencias políticas tendrá? A saber. Lo que importa es lo de ahora. Como sucedió con la Doctrina Parot y con tantas otras cosas.
Asistimos al mismo modus operandi. De telón de fondo, siempre el independentismo. Primero el violento y luego el no violento, que se ha transformado en rebelde por mor de un vuelo de pluma jurídico y unos informes de la Guardia Civil.
¡Viva la honrada la Guardia Civil...! y, a ser posible, los tribunales de Justicia!
