Tratado de Libre Comercio UE-EEUU: un sueño neoliberal, una pesadilla democrática

El 12 de febrero de 2013, durante el discurso del Estado de la Unión, Obama anunció al mundo que se iniciarían unas negociaciones entre Estados Unidos y la UE para una amplia Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP). Es la primera vez que supimos de su existencia. El 25 de febrero de 2014, Mariano Rajoy durante el debate del Estado de la Nación afirmó que España lideraría el apoyo para la consecución del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, un acuerdo comercial sin precedentes por su abasto económico y demográfico y la complejidad jurídica que plantea.

Hay un año de diferencia entre estas dos intervenciones. Un año en el que el grupo de negociadores de la UE y de EEUU han avanzado en el acuerdo con total falta de transparencia: la mayoría de los textos negociados son secretos, incluso el propio mandato negociador. Algunas partes del acuerdo no verán la luz hasta que se hayan acordado y deban ser ratificadas. O al menos eso pretenden, ya que gracias al trabajo de entidades de la sociedad civil y grupos políticos se han filtrado borradores del acuerdo y aspectos muy importantes de las negociaciones. Como dice el premio nobel Joseph Stiglitz sobre la negociación clandestina del TTIP, no se entiende tanto secretismo, a no ser que lo que están tramando sea realmente malo.

Por lo que sabemos hasta ahora, el impacto negativo de este acuerdo va mucho más allá de los efectos sobre nuestras vidas y el medio ambiente. Es un ataque a la soberanía popular con el que se pretende reducir estándares ambientales, sociales y laborales e incrementar los privilegios a las corporaciones en un solo acuerdo. Estamos ante un nuevo instrumento demoledor del neoliberalismo desregulador, que va más allá de los acuerdos bilaterales vistos hasta ahora.

Uno de los puntos más preocupantes es el mecanismo que utiliza el TTIP para la solución de controversias inversor-Estado: permite a los inversores estar al margen de la justicia y presentar sus quejas directamente a los “tribunales internacionales de arbitraje”, a menudo compuestos por abogados de las mismas empresas. Este mecanismo existe en otros acuerdos comerciales bilaterales y aplicado a un área UE-EEUU puede significar costes millonarios para decisiones de los Estados defensa de los servicios públicos o de mayor regulación.

Tenemos ejemplos como el de la aseguradora sanitaria holandesa Achmea, que ganó 22 millones de euros contra Eslovaquia por supuesto “lucro cesante” cuando este país paralizó el proceso de privatización de la sanidad. Australia y Uruguay tuvieron que indemnizar a Philip Morris cuando estos países aprobaron legislaciones antitabaco más restrictivas. La petrolera estadounidense Occidental recibió 1.770 millones de dólares cuando Ecuador puso fin a un contrato por incumplimiento y Canadá tuvo que pagar por una moratoria al fracking. Ejemplos de cómo un tratado puede hipotecar el futuro democrático, económico, ambiental y social de “Estados de derecho”.

Otro de los efectos del TTIP sería la pérdida de control regulador. La idea detrás de este objetivo es simple, “si es bueno para nosotros, ha de ser bueno para ellos”, como afirmaban los productores de carne hormonada en EEUU escandalizados por su prohibición en la UE por cuestiones sanitarias. Las grandes empresas pretenden atacar el principio de precaución que guía la legislación medioambiental europea. Son evidentes las consecuencias sobre nuestra salud y medio ambiente. El objetivo es desregular o igualar estándares ambientales por abajo.

Cómo nos recuerda el último editorial del European Journal of Public Health, el TTIP amenaza importantes aspectos de los principios y protecciones existentes en salud pública: desde el acceso a los medicamentos esenciales y a los servicios sanitarios hasta el control y regulación del sector de la alimentación y los productos sanitarios. No se pueden ignorar las enormes consecuencias de una convergencia regulatoria: en EEUU domina una aproximación de libre comercialización hasta que la evidencia científica no demuestre su carácter nocivo, en la UE predomina el principio de precaución frente a nuevos productos. La diferencia es substancial.

En el ámbito laboral, la situación es exactamente la misma: se rebajaría la protección si tenemos en cuenta que EEUU no tiene ratificadas seis de las ocho normas fundamentales de la OIT.

El ataque al modelo social europeo no viene sólo de la Troika, sino también del impulso de tratados como este, que son alabados por populares, socialdemócratas y liberales, aunque suponen un giro de 180 grados en regulación europea e incluso en la cultura de protección social y ambiental.

Los think-tanks conservadores ya han empezado una gran campaña a favor del TTIP basada en un único punto: más comercio, más empleo. David Cameron aventura que el acuerdo creará ¡dos millones de puestos de empleo! Esta semana el propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en respuesta a los argumentos que planteamos desde Izquierda Plural sobre el TTIP profetizaba en la misma dirección. La Comisión Europea, más cauta, sólo habla de “millones de puestos de empleo”. Estas cifras son falsas, y lo saben. Nos recuerdan a los 230.000 puestos de empleo que iba a crear Eurovegas. O a los 20 millones de empleo que Bill Clinton prometió que crearía el ALCA, la zona de libre comercio de Canadá, EEUU y México, y que ha acabado con una destrucción de 900.000 empleos en Estados Unidos. Además, como insiste Stiglitz, si se crean empleos siempre serán peor pagados que los que se destruyan.

Hoy, luchar por una democracia real, por la defensa de los servicios públicos, contra el fracking, por la soberanía energética, por el trabajo digno y contra el paro, pasa también por luchar contra el TTIP. Esto no es sólo comercio. Como dice el profesor canadiense David Schneiderman, esto es un “Nuevo Constitucionalismo”, que garantiza derechos a los inversores por encima de los derechos de los ciudadanos. La institucionalización que necesita el neoliberalismo para consolidar su régimen. En definitiva, la pérdida de la soberanía popular ante unos inversores que ya no respetan ni las normas más básicas del pacto social. El sueño neoliberal, la pesadilla democrática.

Esto también está en juego el próximo 25 de Mayo. Ante el entusiasmo de la coalición de conservadores, socialdemócratas y liberales, los Verdes Europeos y la Izquierda Europea están dando la batalla como muchísimas organizaciones sociales y ambientales.

En España, el TTIP todavía es un gran desconocido porque, como es habitual, algunos están muy interesados en esconder estos debates de fondo.

Pero hay que lanzar un mensaje inequívoco a los negociadores: este acuerdo sin el voto favorable del Parlamento Europeo y el de los Estados miembro, no se ratifica. Para ello necesitamos una ciudadanía consciente e informada para poder responder y movilizarnos.

Les recordamos que tumbamos ACTA. Ganamos contra pronóstico y en medio de la polémica por el espionaje masivo. Ganamos la batalla contra ACTA y ganaremos la batalla contra TTIP si la ciudadanía conoce lo que nos estamos jugando.

Este es también nuestro compromiso, trabajar para seguir poniendo luz sobre este acuerdo, que no debería llevarse a cabo nunca y batallar en el Parlamento Europeo y en el Congreso para que así sea.