Venezuela: de la democracia formal de Chávez a la lógica autoritaria de Maduro
En 2006 viajé a Caracas para participar en un seminario académico que se desarrolló en la Universidad Andrés Bello en torno al sistema de protección de derechos humanos en Europa y América. Como advierten quienes se dedican a la materia, el sistema de protección internacional de derechos humanos creado en el marco del Consejo de Europa ha inspirado al modelo de protección establecido al efecto en la Organización de Estados Americanos. De tal forma que, más allá de algunas diferencias no significativas, los textos que contemplan los derechos a proteger de las personas que se encuentren bajo jurisdicción de los Estados parte (Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, 1950 y Convención Interamericana de Derechos Humanos, 1969), así como la jurisprudencia de los órganos con competencia en la materia (Corte Internacional de Derechos Humanos y Tribunal Europeo de Derechos Humanos) despiertan el interés científico y su estudio comparado ofrece, sin duda, conclusiones bien interesantes.
Ya entonces se podía advertir, sin mucho esfuerzo, el progresivo deterioro sobre el sistema de libertades que impulsaba el Presidente Chávez gobernando con firmeza un país en el que la oposición carecía de capacidad para alinear esfuerzos en torno a un objetivo común. Bastaba con analizar, en este sentido, los duros pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus condenas a Venezuela por el cierre de Radio Caracas Televisión para advertir que la democracia que ya entonces tomaba cuerpo en Venezuela era tal en un sentido puramente «formal». Sin embargo, las conversaciones con sectores desfavorecidos de la sociedad caraqueña permitían incorporar una variable interesante para conformarse juicio ponderado sobre la situación del país. Así, aquellos que justificaban cualquier exceso de Chávez insistían en lo que previamente habían cometido quienes habían gobernado el país de espaldas a una parte significativa de la sociedad. Subrayaban que sólo Hugo Chávez visibilizó y atendió sus necesidades a través de una serie de programas en el ámbito social y de la salud financiados gracias los beneficios que reportaba el buen precio del petróleo en los mercados internacionales.
No discuto que las dos miradas que he tratado de sintetizar en estas líneas respondieran, en su momento, a la realidad que vivían los venezolanos. De hecho, la confianza que la ciudadanía le expresó a Hugo Chávez le permitió ganar las elecciones de aquel mes de diciembre y también las que tuvieron lugar en 2012. Fue el cáncer el que finalmente apartó a Chávez de la presidencia en 2013 y le otorgó el gobierno a Nicolás Maduro.
Desde entonces, entiendo que la situación de Venezuela admite bastantes menos matices de los que algunos estarían dispuestos a aceptar para el «período chavista». De hecho, no me parece exagerado afirmar que el gobierno de Maduro tiene en la actualidad al Estado venezolano y a su sociedad al borde del colapso. Nos referimos, por supuesto, a la depauperada situación económica del país, a la degradación de unos pretendidos servicios públicos insostenibles por la caída del precio del petróleo o a los niveles de violencia que hacen de Venezuela uno de los países más peligrosos del mundo. Pero, además, nos parece imprescindible no dejar pasar por alto aquellas decisiones adoptadas por el gobierno de Maduro conducentes a desmantelar los últimos vestigios democráticos que todavía podrían permanecer en pie en Venezuela. En este sentido, la convocatoria de una Asamblea Constituyente para sustituir los poderes de un parlamento mayoritariamente controlado por la oposición resulta una medida inaceptable que hay que denunciar en los términos que lo han hecho distintos organismos internacionales, así como una pluralidad de Estados, entre ellos, España por constituir, sencillamente, una subversión del orden constitucionalmente establecido.
Los lazos que unen a nuestra país con Venezuela, así como los miles de venezolanos que residen en nuestro países merecen de España una negativa contundente a aceptar una nueva realidad parlamentaria que Maduro ha ideado a través de una consulta ilegal en su convocatoria y con claros indicios de fraude en su desarrollo. Además, España debe liderar en el marco de la Unión Europea la adopción de aquellas medidas que, sin causar daño a la sociedad, puedan orientarse directamente contra quienes son responsables de la actual situación, invitándoles de esta manera a renunciar a una situación que conducirá a una Venezuela no democrática al aislamiento internacional.
Los próximos días son determinantes para configurar una estrategia que facilite a las partes una solución para Venezuela dentro de los parámetros democráticos más elementales. Si dicha estrategia fracasara, la Venezuela de Nicolás Maduro habrá renunciado a cualquier atisbo de formalidad democrática para su país instalando a su gobierno en la más pura lógica autoritaria. La Comunidad Internacional lo lamentará, pero serán los venezolanos los que sufrirán las consecuencias en primera persona. No parece razonable dejarles solos.
