Viaja hacia el Senado un atentado contra los ecosistemas
España es el país que atesora la mayor biodiversidad de Europa. Esta afirmación puede resultar difícil de creer dado que se han cometido enormes errores en el ámbito medioambiental. Se ha llevado a cabo una horrible planificación urbanística, salvo honrosas excepciones, llenando nuestras costas con moles de hormigón sin ni siquiera dotarlas de sistemas de ahorro y eficiencia energética. Un importante número de nuestros municipios no depuran sus aguas. Y apenas un 16% de nuestros montes cuentan con un plan técnico de gestión, en un país en el que el monte arbolado aumenta en más de 4,1 millones de hectáreas. Este dato, junto con la opinión de personas expertas, indica que lo apropiado sería diseñar bosques más resistentes a las plagas, enfermedades, fuegos, severidad climática extrema. También más estables y de mayor calidad paisajística, optimizadores de la biodiversidad y más útiles hidrológica y socialmente.
Ante esto último, lo lógico sería pensar que una reforma de la ley que trata de estos temas abordaría el asunto y pondría los cimientos para, sin olvidar la protección y basándose en una gestión sostenible, regular y potenciar la productividad forestal, ofrecer oportunidades de futuro a las poblaciones que viven en el ámbito rural, además de hablar de empleo, planes técnicos y proyectos de ordenación. Pero la realidad es que la reforma de la Ley de Montes propuesta por el PP y aprobada en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso el 13 de mayo, no aborda estos asuntos. El resultado: menos gestión, menos exigencias, menos control público y desregulación.
El mayor despropósito que contenía esta reforma —más allá de eliminar la prohibición de recalificar terrenos incendiados o hablar de temas cinegéticos y piscícolas, de olvidarse de la obligación de ordenar los montes y dotarles de herramienta técnicas de gestión— era lo redactado, o mejor dicho lo no redactado, en el artículo 6, al abrir las puertas a la privatización de la vigilancia e inspección, pues quitaba el carácter de personal funcionario a los y las agentes forestales y medioambientales. La movilización de estas trabajadoras y trabajadores ha hecho que el sentido común vuelva a las filas conservadoras y mediante una enmienda transaccional aparece de nuevo el carácter de funcionario.
No ocurre así en lo referente al artículo 58, donde les eliminaba el carácter de policía judicial genérica, dejándoles con las manos atadas para la persecución de los delitos ambientales, lo que les convertiría en meros observadores. Han endulzado el asunto y ahora se les limita a realizar exclusivamente las primeras diligencias de prevención ante un posible delito y no aceptan el término coordinación que parece el más acertado para este asunto. Les gusta más auxilio y colaboración. En definitiva, lo que tiene que hacer cualquier ciudadana o ciudadano de este país.
Esperar antes de actuar
Nadie podría entender que si se produjera una emergencia, una avalancha, un derrumbe, un terremoto, una inundación, un accidente, etc., las y los bomberos o las urgencias médicas tuvieran que esperar a que llegaran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para empezar a actuar. Lo normal es que comiencen a trabajar al llegar y, según se vayan sumando otros colectivos con competencias en la materia, se coordinen y todos estén para el bien común, que es lo lógico y por ello lo que se hace hasta el momento actual. Sumar, colaborar, trabajar hombro con hombro, ayudarse y ayudar. Deber de colaboración y cooperación entre distintas administraciones. Hay mucho trabajo y hay trabajo para todas y todos.
En definitiva, esta reforma se la podían haber ahorrado, pues con tanta gente que ha estado y está en contra, termina convirtiéndose en un disparate. La coordinación y colaboración entre administraciones, la protección de los montes, la fauna, la flora, los espacios naturales y la biodiversidad de este país, el empleo y la fijación de las poblaciones rurales, es lo verdaderamente importante. Lo demás es humo tras un incendio.
