La clave es la deuda privada

24 de septiembre de 2012 21:37 h

Resulta sorprendente que, después de cuatro largos años de crisis, todavía haya trileros de feria empecinados en contar la historia al revés. Se diría que todo se reduce a una horda de políticos mediocres y corruptos que ha aprovechado la fiesta del dinero barato para servirse de las instituciones públicas en beneficio propio, causando a su paso dolor y devastación a empresas y hogares que, en el imaginario colectivo, no han tenido ninguna responsabilidad en este desaguisado.

La realidad es otra. La clase política española no está más podrida que el común de la ciudadanía, y el repentino auge del déficit público no se explica ni por políticas fiscales arbitrarias y desnortadas (que sí las ha habido), ni por el gasto en consumo final de las administraciones (responsable tan sólo de un incremento equivalente a 0,8 puntos de PIB entre 2007 y 2011), ni por un supuesto exceso de inversión pública (que en el mismo periodo pasó del 4,1% al 2,7% del PIB). El déficit público tampoco se explica por el fraude fiscal recurrente e inadmisible, ni por la corrupción que todo lo impregna, ni por el gasto suntuario, ni por el abuso en el consumo de servicios públicos... Todas estas lacras no nacieron con la crisis, ya las cultivábamos cuando el país nadaba en la abundancia del ladrillo. Hora es de corregirlas, con crisis o sin ella.

No es cierto que el sector público tenga un peso excesivo en la economía española, al menos en términos relativos, pues tanto el gasto como los ingresos públicos en España han sido hasta ahora inferiores a los de las grandes economías de la Zona Euro. En 2007, último ejercicio antes de la crisis, el gasto de las administraciones públicas españolas representaba el 39,2% del PIB mientras en Alemania era el 43,5%, en Francia el 52,6% y en Italia el 47,6%. En la misma fecha nuestros ingresos públicos equivalían al 41,1% del PIB frente al 43,7% en Alemania, el 49,9% en Francia y el 46,0% en Italia.

Tampoco es cierto que, tomadas en su conjunto, las administraciones públicas españolas hayan vivido por encima de sus posibilidades. El problema del déficit público es endémico en la Zona Euro pero no tanto en España que es el país, entre las grandes economías europeas, que mejor venía respetando el criterio de déficit recogido en el Tratado de Maastricht.

A finales de 2011 nuestra deuda pública representaba el 68,5% del PIB frente al 81,2% en Alemania, el 85,4% en Francia y el 120,1% en Italia. En cambio, tras cuatro años soltando lastre, la deuda del sector privado español todavía representaba el 198,6% del PIB, donde 117,4 puntos correspondían a la deuda de las empresas y 81,2 a los hogares. Y es que, lo admitamos o no, muchas empresas y hogares españoles se han comportado como verdaderos ludópatas en el casino hipotecario español (donde, por definición, la banca nunca pierde).

La deuda pública y la deuda privada están unidas por vasos comunicantes que los economistas llaman “estabilizadores automáticos”. Éstos, principalmente el ingreso por IVA e IRPF y el gasto en prestaciones sociales, evolucionan en sentido contrario al ciclo económico permitiendo, en periodos de recesión, expandir la renta de empresas y hogares al reducir su carga fiscal y/o incrementar directamente sus ingresos. Al final del proceso lo que antes era deuda privada se transforma en deuda pública. Tanto en España como en la Zona Euro la correlación entre el ahorro bruto de las administraciones públicas y el déficit privado entre 2000 y 2011 supera el 90%. De tu deuda a la mía.

Las conclusiones a partir de cifras de Eurostat son claras a este respecto. El déficit de las administraciones públicas españolas se debe, en primer lugar, a la disminución de la recaudación como consecuencia de la menor actividad económica: en 2011 los ingresos públicos cayeron el equivalente al 6% del PIB con respecto a 2007 mientras en Alemania crecían 1%, en Francia 0,8% y en Italia 0,1%.

En segundo lugar el déficit público se debe al incremento del gasto social, principalmente en prestaciones por desempleo pero también en otras transferencias a empresas y hogares. En concreto el gasto en 2011 se incrementó el equivalente al 4,4% del PIB con respecto a 2007, mientras en Alemania crecía tan sólo 2,1%, en Francia 3,3% y en Italia 2,3%.

Así pues, cuidémonos de confundir la austeridad necesaria para atajar el problema urgente del déficit público con la interpretación interesada de quienes pretenden invertir la relación de causalidad: la raíz de la crisis está en el sobreendeudamiento de empresas y hogares, que ha traído como consecuencia el problema del déficit público, y no al revés. La deuda pública acumulada en estos años no es el fruto de un ataque de irresponsabilidad de nuestras instituciones, sino el precio a pagar por mantener la cohesión social en un país que ha desaprovechado el último periodo de crecimiento para, entre otras cosas, reducir la desigualdad en la distribución de la renta.