El complemento salarial o las leyes de pobres británicas
Tras analizar en un artículo anterior la propuesta de contrato único de Ciudadanos, pasamos aquí a comentar la segunda de sus propuestas estrella: el denominado “complemento salarial”. Dejamos para una próxima tercera y última entrega el análisis de su propuesta en materia fiscal.
El complemento salarial es un impuesto negativo sobre la renta para completar los salarios más bajos, fijados supuestamente por la productividad marginal del trabajador, hasta un nivel considerado digno. La propuesta fue introducida en el moderno debate sobre las políticas redistributivas por Milton Friedman, que no era precisamente un amante de la socialdemocracia nórdica y de la equidad distributiva. Como otras propuestas de la Escuela de Chicago, es interesante analizar la filosofía y finalidad última que hay detrás. Los defensores del impuesto negativo sobre la renta lo consideran un mecanismo más eficiente para reducir la desigualdad que un salario mínimo, ya que parten de la hipótesis neoclásica de que el funcionamiento del mercado laboral no es una institución singular frente a otros mercados, y que el salario está determinado por la productividad marginal del trabajo. No es el momento de una digresión teórica sobre este asunto, pero sin ir más lejos en el reciente libro de Thomas Piketty (El Capital en el Siglo XXI, FCE, 2014) se puede encontrar una crítica y un análisis empírico que demuestran la falsedad de esta hipótesis. Por otro lado, Piketty muestra cómo uno de los mejores métodos en los que las sociedades han reducido la desigualdad ha sido mediante la introducción de los salarios mínimos y su incremento.
Pero, aunque la denominación de impuesto negativo sobre la renta es original de Friedman, y su moderna introducción en EE UU se inició con Richard Nixon, en realidad se trata de algo que ya se había aplicado a comienzos del siglo XIX, en el marco de las leyes de pobres británicas. Se trata del llamado sistema de Speenhanland, que se implantó entre 1795 y 1835 en los condados rurales de Inglaterra. Ante el estado de hambruna en muchas zonas rurales del país por la proletarización durante los cercamientos (enclosures) durante el siglo XVIII, los magistrados del condado de Speehhanland descartaron la opción de establecer un salario mínimo para los campesinos, y optaron por subsidiar las rentas de las familias jornaleras cuyos ingresos no fueran suficientes para cubrir las necesidades básicas de alimentación y vivienda hasta un nivel de ingreso mínimo, que variaba según el precio del grano en el mercado en cada momento. El subsidio sería financiado con un impuesto negativo sobre la renta de los contribuyentes. Como relata Karl Polanyi en La Gran Transformación (FCE, 2007), el sistema de Speenhanland se extendió rápidamente por múltiples condados rurales británicos y tuvo efectos contraproducentes, los empresarios redujeron progresivamente, y en todo lo posible los salarios que pagaban a sus trabajadores, a sabiendas de que la diferencia entre estos y el nivel de ingresos mínimo sería sufragada por los contribuyentes mediante el subsidio, lo que también redujo la productividad agrícola durante su período de vigencia entre 1795 y 1835.
Precisamente, los efectos del Sistema de Speenhanland tienen que ver, al igual que la propuesta de Garicano y Ciudadanos, con que se trata una subvención implícita a la demanda de empleo de bajos salarios, lo que tiene el incentivo perverso de reducir progresivamente el salario pagado por el empresario. Y esto a su vez tiene efectos nefastos sobre la productividad.
Garicano, Ciudadanos y su cohorte de aduladores seguramente desconozcan este capítulo de historia económica inglesa. De hecho, el sistema de subsidios del empleo de bajos salarios propuesto por Garicano toma como modelo para su aplicación en España el impuesto negativo compensatorio de los bajos salarios, instaurado desde los años setenta en EE.UU, el denominado Earned IncomeTax Credit (EITC). El EITC es el tercer programa de gasto social federal en ese país, después de Medicare y los cupones de alimentación. Los efectos del EITC son los mismos a escala que los del sistema de Speedhanland. La subvención implícita a los empleadores de trabajadores con bajo nivel salarial ha supuesto que, al tiempo que crecía el EITC unitario en los últimos 30 años (el EITC unitario aumentó en dólares constantes de 2010 desde 814 a más de 2.200 dólares), se redujeran los salarios reales de trabajadores con menores salarios y el propio salario mínimo (Ver gráfico 1).
Es decir, se trata de un sistema que, bajo la excusa de proteger a los trabajadores peor pagados, subvenciona y perpetúa los empleos de bajos salarios, mientras subsidia y contribuye a una devaluación salarial estructural, reduciendo a largo plazo el salario mínimo (que retrocedió en EE.UU un -19,3 % en términos reales, desde los años setenta hasta 2013) y los salarios medios de la industria manufacturera (que disminuyeron en un -5,2 %). De hecho, al tiempo que el EITC medio y el número de beneficiarios del EITC aumentaba, también lo hacía el número de “trabajadores pobres” (working poors), debido a los bajos salarios pagados por los empresarios y la caída de los salarios reales más bajos. Si el número de hogares beneficiarios por el EITC en EE.UU era de pocos más de 5 millones en 1975, en 2013 superó los 28 millones de dólares, al tiempo que los working poors crecieron casi un 70 % en ese mismo período (ver gráfico 2).
La propuesta de Garicano del impuesto negativo, al igual que el EITC en EE.UU, o hace tres siglos el Sistema Speedhanland tiene, obviamente, muy buena acogida entre los sectores empresariales, los mandarines neoliberales y demás amantes del centrismo, como pretendido paliativo a la desigualdad, ya que no cuestiona en ningún caso las políticas de devaluación salarial (eufemísticamente llamada “devaluación interna”, y que carecen cualquier soporte teórico y empírico por otra parte).
Se trata de una propuesta que, como relata magistralmente Karl Polanyi al analizar los devastadores efectos de la ley Speenhanland, es muy populista (en EE UU el EITC es la única medida de gasto público federal que es apoyada unánimemente por Republicanos como por Demócratas), pero no tiene ningún efecto redistributivo de lucha contra la pobreza a largo plazo: “Ninguna medida fue jamás tan popular; los empleadores podían reducir los salarios a su antojo y los trabajadores estaban seguros contra el hambre; los humanitarios aplaudieron la medida como un acto de misericordia, aunque no de justicia, y los egoístas se consolaron gustosamente pensando que no era una medida liberal, aunque fuese misericordiosa; y hasta los contribuyentes tardaron en advertir lo que ocurriría con los impuestos”. Pero debe quedar claro que se trata de una propuesta totalmente diferente a cualquier propuesta de renta básica, tanto conceptualmente como en sus más que previsibles efectos reales perversos.
