La conspiración de la AVT contra la democracia

No ocurre muchas veces que un Gobierno abdique de su labor de defensor de la legalidad y el Estado de derecho. Tampoco es frecuente que un Gobierno tome una decisión y luego haga todo lo posible para deslegitimarla ante la opinión pública. Lo que es menos extraño es que un Gobierno reaccione atemorizado y sea incapaz de defender los principios que, a veces en un alarde de optimismo, se le suponen.

Sin apelar a trucos sucios o dilaciones injustificadas, los ministerios de Interior y Justicia dejaron claro desde el principio que no podían ni querían impedir la aplicación por los tribunales españoles de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la doctrina Parot. No hubo ninguna apelación a “ingenierías jurídicas” en ese momento, así que al menos en eso debemos elogiar al Gobierno por no haber hecho una incursión en un universo legal paralelo, es decir, inexistente.

A partir de entonces, todo cambió. Se dijo que el Gobierno lo tenía todo preparado para encajar el previsible malestar de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Ministros y dirigentes del PP se iban a multiplicar con el fin de que ese rechazo a la sentencia no terminara impactándoles de lleno. Parece que no han tenido mucho éxito porque al final el PP, forzado por las circunstancias, terminará participando con una notable presencia de dirigentes en una concentración –la de la AVT el domingo– que exigirá al Gobierno que ignore la legalidad.

Dejémoslo en un caso de desdoblamiento de personalidad. La duda consiste en saber cuál es la auténtica y cuál es la falsa.

Acusar a un Gobierno de cinismo es un poco como poner multas por exceso de velocidad en un Gran Premio de Fórmula 1. No es lo más grave que se puede decir de un partido político. Es mucho más hiriente cuando el partido en el poder suscribe una visión conspiranoica de la historia reciente de España, que niega la realidad y que no hace ascos a pasar por encima de la ley para mantener esa ficción. Esa trama falsa es responsabilidad de un grupo de presión, la AVT, que cuenta con poderosos aliados en el Partido Popular (el sector que idolatra a Aznar, incluido su líder, que se idolatra a sí mismo) y en los medios de comunicación.

El lobby en cuestión afirma que hubo una trama secreta de pactos entre ETA y el Gobierno de Zapatero (que coincidió curiosamente con la detención de casi todos los comandos activos de la organización terrorista). Sostiene que ETA no ha sido derrotada, a pesar de que, acorralada y sin más opciones lleva dos años sin dedicarse a lo que fue su única actividad durante décadas –matar, secuestrar y extorsionar– y de que no ha conseguido ninguno de sus objetivos políticos. Afirma que cumplir lo que dice la ley (y las decisiones del TEDH están incorporadas al derecho interno desde que España firmó la Convención Europea de Derechos Humanos) supone entregar una victoria a los terroristas.

Ahora se plantea en público qué puede pasar con las víctimas de los atentados protagonizados por Inés del Río, cómo podrán asumir el dolor al ver a la etarra abandonar la prisión. El Ministerio de Interior afirma que enviará equipos de asistentes sociales para atender a esas personas y a las víctimas de otros terroristas que también puedan ser excarcelados. Es una decisión correcta, pero habría sido más efectivo que alguien con autoridad política y moral hubiera parado los pies antes a los que han llenado durante años la cabeza a esas personas de odio, resentimiento e información falsa.

Nadie les ha dicho que el cálculo de número de años cumplidos por víctima era un despropósito que sólo serviría para causarles más dolor. 26 años por 24 asesinatos hacen una media de 1,08 años por víctima en el caso de Inés del Río. Pero si la etarra hubiera continuado encarcelada hasta 2017, en aplicación de la doctrina Parot, ese cálculo daría una media de 1,25. ¿Acaso esta diferencia ínfima hace que la segunda cifra sea más justa o aceptable que la primera? ¿Se mide la vida de un ser humano por una diferencia de 0,17 años?

La crítica al PSOE y al PP, más en el primer caso que en el segundo, por no haber promovido ninguna reforma legislativa del sistema de cumplimiento de penas hasta 1995 sí es legítima. Se prefirió optar por una costumbre que ha continuado después: el remiendo permanente del Código Penal hasta convertirlo en una especie de Frankenstein jurídico, siempre (todo hay que decirlo) para hacerlo más represivo.

Esa crítica esconde sentimientos mucho peores. La venganza no puede venderse como sustitutivo de la justicia. Los presos, con independencia de su delito, también tienen derechos, como puede comprobarse con cualquier lectura, incluso apresurada, de la Constitución y el Código Penal. Las leyes no se pueden reinterpretar para prolongar la estancia en prisión de un asesino con la intención de complacer a la opinión pública. La alarma social no es un factor que permita saltarse el hecho incuestionable de la irretroactividad de leyes e interpretaciones judiciales. Eso lo sabían jueces y juristas progresistas o conservadores, pero se impusieron razones políticas para un cambio que pocos tuvieron el coraje de plantear en voz alta y persistente.

Toda esta deriva autoritaria en la AVT se inició en la época del Gobierno de Zapatero. No digo que antes fuera inexistente, pero se intensificó desde entonces en paralelo a las teorías de la conspiración sobre el atentado del 11M. Un personaje mediocre y aun así jaleado por la prensa conservadora y el PP, Francisco José Alcaraz, llamó a Zapatero “embajador de ETA”. La Justicia no consideró injuriosa esa imputación carente de pruebas, lo que no es tan escandaloso como pudiera parecer. No es malo que los tribunales pongan un listón extremadamente alto a las críticas a los políticos. Pero lo que no merece reproche penal, sí puede ser merecedor de reproche político o moral.

Los dirigentes del PP no lo hicieron. Antes al contrario, alentaron esa locura absurda. La aprovecharon en su beneficio. Rajoy acusó a Zapatero de “traicionar a los muertos” en el Congreso. El monstruo que crearon se vuelve ahora contra ellos. Hay algo de justicia poética, pero es estúpido alegrarse por ello.

Algunos periodistas conservadores están ahora preocupados por el desgaste que la manifestación supondrá para el Gobierno de Rajoy hasta el punto de que denuncian al sector montaraz de desear que ETA siga viva. Pero no es sólo un duelo interno dentro de la derecha. Si fuera así, sería extraño por ejemplo que Rubalcaba no haya tenido valor suficiente como para opinar sobre la sentencia del TEDH (precisamente él que fue ministro de Interior).

El daño que produce esta conspiración es colectivo. Se ha extendido entre la gente la idea de que pasar 20 o 25 años en prisión es un símbolo de impunidad. Que los etarras, contra toda evidencia, han salido triunfantes. Que es legítimo alterar las normas jurídicas a posteriori para satisfacer un deseo de venganza. Que el Gobierno puede meter o sacar a gente de la cárcel cuando eso es función de los tribunales. Que el Estado debería negarse a aplicar la sentencia y por tanto olvidarse de la Convención Europea de Derechos Humanos.

¿En qué momento esta democracia comenzó a aceptar la idea demencial de que los derechos humanos, tal y como son concebidos por Europa desde 1950, son contrarios a la justicia?