La corrupción endémica del Partido Popular: por favor, desalojen y circulen

La Audiencia Nacional ha citado a Rajoy para que declare como testigo en el juicio del caso Gürtel, después de haber rechazado la petición en dos ocasiones, y con la oposición explícita de la Fiscalía y el abogado del PP. Según ellos, Rajoy no puede aportar nada y su declaración podría ser, incluso, “absolutamente perturbadora”. Como cuenta muy bien Ignacio Escolar, el PP se ha dedicado sin descanso a torpedear el juicio de la Gürtel, cuya nulidad solicitó sin éxito hace solo tres meses, aunque sabemos que Rajoy no sabía nada. Así que ahora pocos esperan ya que eso cambie.

Tenemos tan interiorizada la España pepera del “no me consta” que no aspiramos a otra cosa. Estamos convencidos de que, gesticule quien gesticule, Rajoy no sabrá nada y no comparecerá ante el Parlamento, como ha solicitado Unidos Podemos, eludiendo así sus responsabilidades políticas que son, las que tiene, sin ninguna duda. En fin, ellos son así, y para mucha gente su permanente inclinación a la impunidad y a las actitudes chulescas forma parte del paisaje.

La Audiencia Nacional, ha solicitado también la detención, entre otros, de Ignacio González, expresidente pepero de la Comunidad de Madrid, en la operación contra la corrupción en el Canal Isabel II, una institución de la que Cifuentes era consejera cuando se firmaron los contratos que ahora se investigan. Se prevén más detenciones en breve y este podría ser un paso importante para desmantelar a uno de los partidos más corruptos de Europa, pero muchos han perdido ya la confianza en el sistema y no albergan ninguna esperanza. La cosa empieza a percibirse como un vodevil, una especie de enredo cutre de serie B, propio de la telebasura, risible y prácticamente inocuo.

Sin embargo, el vodevil dista de ser una broma. Lamentablemente, lo que estamos viendo no es el enésimo capítulo de una telenovela, ni es un circo transeúnte, aunque pudiera parecerlo. Lo que tenemos encima es el aleteo constante de un montón de buitres que desde 1978 se han dedicado a desangrarnos y a estrechar cada vez más los márgenes de nuestras vidas. Una auténtica red mafiosa que nace en el propio suelo que pisamos, en las instituciones en las que creemos, y en las organizaciones que deberían protegernos de los delincuentes, los ladrones y los mangantes.

Porque desde 1978 hasta nuestros días se han descubierto más de 175 redes de corrupción asociadas, todas ellas, a los partidos en el poder, y según la CNMV, esa corrupción nos cuesta nada menos que 45.000 millones de euros anuales. El premio, por supuesto, se lo lleva el Partido Popular, que es el partido que gobierna y el que prevé seguir gobernando en los próximos años, simple y llanamente, porque la gente les vota. Ellos saben hace tiempo que sus votos y sus cuadros se alimentan de la desesperanza y la pasividad de la ciudadanía, del descrédito de todo cuanto no son ellos, de sus amigos del alma, de sus negocios, de su clientelismo y de sus prácticas corruptas.

El PP, ese partido que, según Rafael Hernando, está comprometido con la honradez, víctima de conjuras, maldiciones, traidores y rufianes, acumula en su haber un larga lista de casos de corrupción: el Caso Bárcenas, del que se ha derivado su imputación como partido; el Caso Gürtel, que afecta especialmente a Madrid y a Valencia, y que ha derivado en la imputación del expresidente Camps, exministros y diversos dirigentes del PP Valenciano; el Caso Púnica, que desveló la financiación ilegal del PP madrileño (todavía en el poder), y por el que ha sido imputado Francisco Granados; el Caso Palma Arena, que investiga sobornos a dirigentes del PP de Baleares, como el expresidente Jaume Matas; y el Caso Taula, que persigue la financiación ilegal del PP del País Valenciá. Y es probable, desde luego, que esta lista no logre ser exhaustiva.

Entretanto, algunos de sus más insignes representantes, todo ellos grandes humanistas, se dedican a disfrutar de sus abultadísimos salarios, a la sombra de las mismas empresas a las que tanto han beneficiado. Por las puertas giratorias, que son también mecanismos claros de corrupción, han llegado para quedarse: José María Aznar (consejero delegado de Endesa y consejero de KPMG, empresa que hace auditorías a la mayoría de la administración pública); Ángel Acebes (consejero externo de Iberdrola); Josep Piqué (vicepresidente segundo de la constructora OHL); Eduardo Zaplana (consejero delegado de Telefónica)…y unos cuantos más.

Así que la corrupción no es solo cosa de políticos y partidos, sino también de grandes empresarios que tienen nombres y apellidos; empresarios que contratan los servicios de quienes pueden ayudarles después a incrementar dividendos y que, además, eluden sus obligaciones tributarias, si les dejan. 34 de las 35 empresas del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales, unas 900 en total, y aunque a estas sociedades no se les debería reconocer personalidad jurídica para intervenir en el tráfico mercantil español, ahí están, campando a sus anchas en régimen de oligopolio.

Los papeles de Panamá sacaron a la luz a 1.200 empresas offshore creadas por el bufete Mossack-Fonseca por orden de españoles que evadían impuestos, y el exministro Soria tuvo que dimitir, pero muchos siguen percibiendo el asunto como una fatalidad inevitable, como un designio divino o natural, frente al que solo cabe resignarse.

Por eso, entre otras cosas, aunque sería posible prohibir a la Administración Pública contratar servicios con empresas que, directamente o mediante filiales, desviasen sus fondos a paraísos fiscales, como ya hace, por ejemplo, Barcelona, lo que se hace es favorecer la creación de tejidos corruptos de los que se aprovechan unos y otros. Y en lugar de marginar a quienes amparan a los corruptos, se contratan sus servicios, muchas veces, costosos, ineficientes, opacos y excluyentes.

En España se defraudan al año unos 88.000 millones de euros que podrían destinarse a amortiguar el recorte de derechos, el desmantelamiento de servicios, y el empobrecimiento que sufre ya casi un 30% de la población. Pero está claro que el Gobierno del PP no está interesado en frenar el lucrativo negocio que le mantiene donde está. Por eso en este país solo tenemos 26.900 inspectores de hacienda (frente a los 127.000 que tiene Francia, por ejemplo), esto es, 3 por cada 5.000 contribuyentes, que, lógicamente, solo pueden hacer un trabajo precario, y, por eso mismo el Sr. Montoro (que espera responder solo ante la historia) puso en marcha una amnistía fiscal que resultó ser tan injusta como ineficiente.

En fin, lo cierto es que hasta que la ciudadanía no reaccione y le arrebate el poder al Partido Popular, el margen de actuación de los jueces no será nunca suficiente, porque la judicatura se rige de acuerdo con las normas y los mecanismos que, en su mayor parte, articula e impone en solitario el partido que gobierna. De manera que lo único que cabe es obligarles a que desalojen y circulen, y cuanto antes mejor.