Mi identificación policial, la intimidación y el foco mediático

El pasado miércoles 6 de julio, fui objeto de una identificación policíal al finalizar una rueda de prensa en la calle en la que, justamente, denuncié, junto al conocido activista y profesor Antonio Aramayona, la escalada de intentos de amedrentamiento e intimidación por parte del Gobierno y a través de las fuerzas de seguridad a las personas que se manifiestan pacíficamente para denunciar el robo a gran escala de lo público, la complicidad del poder político con el poder económico en la consecución de dicha estafa y el empeoramiento acelerado de los derechos de todos como lógica consecuencia.

La identificación tuvo cierto recorrido en las redes y en la prensa y me gustaría hacer algunas aclaraciones al respecto:

1. Los dos motivos principales de la rueda de prensa tras la cual se me identificó fueron:

La denuncia contundente a los salvajes recortes en educación que están llevando a cabo tanto el Gobierno de España como el de Aragón, hipotecando el futuro de nuestros niños y de nuestro país en general, así como el apoyo a la lucha que vienen desarrollando en este sentido y desde hace más de un año Aramayona y sus compañeras Marga y Marisol.

El rechazo firme a la ya mencionada escalada de identificaciones y sanciones económicas a activistas sociales, por parte de las fuerzas de seguridad y autoridades administrativas, siendo los casos más recientes en Zaragoza el de los “Jardineros en lucha”, el de STOP Desahucios o el del propio Antonio Aramayona.

2. Considero que situar el foco mediático en la identificación de Pablo Echenique-Robba en tanto que eurodiputado, aún teniendo una cierta importancia (ya que, siendo legalmente preceptivo en multitud de ocasiones, como explicaré más adelante, no veremos nunca identificaciones de políticos de la casta), desvirtúa y oculta en gran medida los dos puntos anteriores, de un alcance infinitamente mayor y en los que deberíamos centrar prioritariamente nuestra atención.

3. La Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, comienza con una loa, no normativa, a la necesidad de garantizar el derecho constitucional de reunión sin poner trabas administrativas que lo hagan inefectivo para luego declarar, ya normativamente, en su artículo primero, apartado 2, que:

A los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada.

Asimismo, en el artículo octavo, podemos leer que:

La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo. Si se tratare de personas jurídicas la comunicación deberá hacerse por su representante.

Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación, a que hace referencia el párrafo anterior, podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas.

4. De acuerdo con esta ley y teniendo en cuenta que, por un lado y en efecto, la rueda de prensa congregó a más de 20 personas y, por el otro, no fue comunicada a las autoridades, puede parecer a primera vista que la presencia policial y la identificación posterior son preceptivas. Sin embargo, hay dos consideraciones que me hacen dudar de este punto:

En primer lugar, resultaba imposible prever si iban a acudir a la rueda de prensa 12 personas, 17, 28 o 121. Entiendo que esto es cierto de muchas reuniones en la vía pública (incluyendo las que voy a introducir en el párrafo siguiente). No queda claro entonces de qué modo deben actuar los ciudadanos; a menos que se nos esté sugiriendo que todas las reuniones han de ser comunicadas... por si acaso al final aparecen más de 20 personas. No parece que esta exigencia esté muy alineada con el ya mencionado espíritu constitucional.

En segundo lugar, produce cierta sorpresa comprobar que, según la definición en el artículo segundo, son reuniones a las que afecta esta ley y de las que, por tanto, habría que avisar a las autoridades con antelación, las charangas de pueblo, las colas a la entrada de un cine, las excursiones de colegio por la calle, las despedidas de soltero, las congregaciones de padres esperando a sus hijos a la puerta de un colegio —todas ellas habitualmente bloqueando la acera mucho más que la rueda de prensa a la que me refiero en este artículo— y no sigo que me da la risa.

5. El surrealismo que emana de modo evidente del punto anterior lo que nos está diciendo es que la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, no se aplica, sino que se utiliza.

Si se aplicase de un modo homogéneo y a todo el mundo por igual, las calles de España estarían llenas de policías identificando a todo quisqui a velocidades ultrasónicas para que no se les escape el siguiente infractor. Pero eso no es lo que vemos, no. Lo que vemos es que, cuando alguna reunión —aunque sea pacífica, aunque no bloquee la vía pública, aunque esté formada por menos personas que una charanga— contesta a las políticas de rapiña y opresión que nuestros representantes políticos han puesto en marcha siguiendo las órdenes de sus amos financieros, entonces sacan a la policía de paseo para que identifique y multe de un modo muy específico y con un claro objetivo político y de intimidación.

6. En este sentido, es bueno puntualizar que esto no es una crítica a la policía como institución ni, muchísimo menos, a los policías individuales. Al revés, es una defensa de nuestras fuerzas del orden, las cuales desean —no me cabe duda— servir a la ciudadanía a la que se deben y no a los objetivos miserables de unos políticos cobardes que tienen tanto miedo a la gente digna, pacífica y decente como al debate sosegado y a los argumentos. El policía que me identificó a mí, por ejemplo, fue amabilísimo y muy profesional... y algo me dice que tenía muchas más ganas de identificar a un Bárcenas, a un Pujol, a un Blesa o a un Emilio Botín que a un activista de la Marea Verde.

Huelga decir que el torpe intento de intimidación por parte de la Delegación del Gobierno no ha tenido el más mínimo éxito, pero, en cualquier caso, lo importante no es que la policía identifique a un eurodiputado. Lo importante es todo lo demás.