Un informe policial vincula el 'caso Millet' con Convergència
El nuevo juez titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijoan, ha decidido dar un nuevo impulso a la investigación sobre la relación entre el expolio del Palau de la Música de Catalunya a manos de su expresidente, Félix Millet, y de su ex director general, Jordi Montull, y la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya, el socio mayoritario de CiU, que gobierna la Generalitat. El antecesor de Pijoan, Juli Solaz, recibió todo tipo de descalificaciones mientras fue el encargado de la instrucción del caso Millet. Desde múltiples frentes se le acusó de ralentizar intencionadamente la instrucción del caso, de mantener en libertad a Millet y Montull a pesar de la gravedad de los delitos que se les imputa y de ignorar los vínculos entre el expolio del Palau y la supuesta financiación ilegal de Convergència.
Justo cuando parecía haber cedido a las presiones y decidió abrir una pieza separada para investigar la financiación irregular de CDC, en marzo del año pasado, fue designado magistrado de la Audiencia de Barcelona. El juzgado de instrucción número 30 de Barcelona ha pasado un año con jueces sustitutos e intentando cubrir la baja de Solaz. Hasta que, a primeros de año, un magistrado de la Audiencia de Barcelona, el progresista Josep Maria Pijoan, dio con la solución al pedir él mismo rebajarse la categoría para ocupar la plaza.A pesar de los recelos iniciales, porque Pijoan había ejercido en el pasado como abogado en el despacho del penalista corrupto Juan Piqué Vidal, que cumple condena por el caso Estevil y fue el abogado de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, el juez ha impulsado la investigación de la supuesta financiación ilegal de CDC con dinero del Palau.
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Encargó un informe a la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delitos Económicos de la Policía. Los responsables de la brigada entregaron el informe el pasado 8 de mayo. Y concluyen que, efectivamente, hubo financiación ilegal de Convergència, cifrada en unos 12 millones de euros. Como mecanismo, según el informe al que ha tenido acceso este diario, se utilizaron donaciones a la Fundació Trias Fargas, facturas falsas de la propia fundación y de las empresas New Letter y Letter Grafic, aunque algunas de los recibos de esas compañías eran reales, pero correspondían a trabajos realizados para las campañas electorales de CDC.
El juez Pijoan citó al administrador de ambas empresas, Juan Antonio M., para que compareciera en calidad de imputado el pasado 16 de mayo y que pudiera cumplimentar la diligencia de designar abogado y procurador. New Letter y Letter Grafic, siempre según el informe de la policía, facturaron entre 2007 y 2009 cerca de 900.000 euros al Palau de la Música que permanecen sin justificar. Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares consideran que buena parte del dinero facturado por estas empresas y por la fundación del partido, la Fundació Trias Fargas, son falsas y correspondería al blanqueo de una comisión ilegal pagada por la constructora Ferrovial a Convergència a través del Palau de la Música, por la concesión de una obra pública durante el último Gobierno de Jordi Pujol. En aquella época, el consejero de Obras Públicas era Felip Puig, en aquel momento secretario de organización de CDC y, en la actualidad, diputado de CiU en el Parlament. El tesorero de la formación era el ex dirigente de Convergència Daniel Osàcar, aunque, según acreditan las escuchas realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del caso Pretoria, la persona que se encargaba de la recaudación de fondos para el partido no era otro que Germà Gordó.
Las escuchas del caso Pretoria acreditan también que Gordó es un hombre estrechamente vinculado a Lluís Prenafeta, antigua mano derecha de Jordi Pujol. En una de las conversaciones telefónicas grabadas por la UCO, Prenafeta recomienda al hoy presidente de la Generalitat, Artur Mas, que promocione a Gordó si, como parecía previsible en aquel momento, CiU ganaba las elecciones. Fuera o no por el consejo de Prenafeta, Mas, tras alzarse con la victoria ante José Montilla, nombró a Gordó secretario general del Gobierno de la Generalitat. El padre de Gordó fue el principal encausado en el caso Casinos de financiación ilegal de Convergència. El caso acabó archivado porque, aunque el juez consideraba probados los hechos, la doctrina del Tribunal Supremo establecida en los casos Filesa y Naseiro (vinculados al PSOE y al PP, respectivamente), contemporáneos de Casinos, en aquel momento no existía en el Código Penal la figura jurídica de la financiación ilegal de partidos. De haberse producido hoy, los casos habrían conllevado importantes condenas.
Pero no todas, en las conclusiones del informe policial, que aparecen en la página 29 del informe adjunto –la número 27 según la paginación de los redactores– afirman que algunas de las facturas cargadas contra el Palau de la Música sí son reales, pero corresponden a trabajos realizados no para la Fundació Palau de la Música Catalana-Orfeó Català, sino par Convergència por la impresión de panfletos y diverso material gráfico durante periodos de campaña electoral.
El inspector jefe del Grupo 24 de la Brigada Central de blanqueo de capitales, que es quien firma el documento, asegura que ha llegado a estas conclusiones tras inspeccionar las cuentas del Palau de la Música en más de media docena de entidades, como La Caixa (hoy Caixabank), Banco Sabadell, Caixa de Manresa (actualmente Unnim), Caixa Catalunya (CatalunyaCaixa en la actualidad) o Caja Madrid (la recién nacionalizada Bankia).
Los redactores del informe son especialmente duros con algunas de las entidades en las que el Palau de la Música tenía sus cuentas. Sobre todo con CatalunyaCaixa y Bankia, a las que acusa de incumplir de forma sistemática la normativa vigente en cada caso sobre el blanqueo de capitales. Según el inspector jefe encargado del informe, estas entidades permitieron que de forma anónima se extrajeran enormes cantidades de dinero en billetes de 500 euros sin cumplir la obligación de informar al Banco de España sobre la identidad de las personas que realizaban el reintegro y sin ni siquiera conservar esa identificación en sus archivos. Lo mismo les atribuye en lo que respecta a la liquidación de cheques superiores a 3.000 euros.
Es especialmente ilustrativo un caso en el que un cheque al portador endosado contra una cuenta de CatalunyaCaixa por valor de más de 60.000 euros en el que no figura identificación alguna de la persona que cobró el cheque pero que contiene un documento anexo en el que tan sólo figura una firma, la de Félix Millet.
Los miembros de la brigada se quejan, en general, de la falta de colaboración de las entidades financieras, ya sea porque ni siquiera han respondido a sus requerimientos, como en el caso de Caixa Galicia o Caja de Navarra, o bien por la desidia con la que lo han hecho o con la que han aplicado el manual sobre blanqueo de capitales que los mismos inspectores han cotejado en cada entidad.
