El laberinto de los nuevos 400 euros
El Gobierno prorrogó el pasado viernes la ayuda de 400 euros para personas en paro que hayan agotado todas sus prestaciones, a cambio, eso sí, de endurecer las condiciones para cobrarla, lo que limitará el número de potenciales perceptores. En varias ocasiones, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, rehusó dar estimaciones de cuántos podrían ser los perceptores de la ayuda. “No es un programa de recualificación profesional de las personas que agotan su prestación por desempleo, sino medidas para reducir el número de potenciales beneficiarios”, asegura UGT.
Un estudio de CCOO señala que cerca del 80% de los jóvenes que viven con sus padres y que son potenciales beneficiarios del programa Prepara no podrán cobrar la ayuda debido a las nuevas condiciones, concretamente al contabilizar a los padres en el cálculo de la renta media familiar. Hasta ahora, solo contabilizaban los hijos menores de 26 años y los cónyuges; a partir de ahora también se tendrá en cuenta a los padres.
Desde el 15 de agosto, sólo podrán percibir la ayuda los parados que tengan cargas familiares (en este caso podrán cobrar hasta 450 euros en función de las personas a cargo) o aquellos que lleven al menos doce meses en paro, es decir, los desempleados de larga duración y que, eso sí, no hayan percibido con anterioridad alguna ayuda similar. En los dos casos será necesario, también, no tener rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, es decir, de 481 euros mensuales. more
Para hacer el cálculo se tendrá en cuenta a toda la unidad familiar, incluidos los padres: los ingresos totales (procedan de salarios o de cualquier tiempo de subsidio) se dividirán por el número de miembros de la unidad familiar y si el resultado es superior a 481 euros por persona, el desempleado no tendrá derecho a la ayuda.
Este requisito penaliza especialmente a los jóvenes que no han podido independizarse o que han vuelto a casa de sus padres por falta de ingresos. Por ejemplo, si un joven vive con sus padres y uno de ellos cobra 1.500 euros, ya no tendrá derecho a la ayuda, incluso aunque su otro progenitor también esté en paro. En el caso de una familia monoparental, basta con que uno de los dos miembros cobre 962 euros para que el otro, si está desempleado, no pueda percibir los 400 euros.
Los parados que quieran acceder a la ayuda tendrán que demostrar que buscaron empleo de forma activa durante los 30 días anteriores. ¿Cómo? El reglamento que se elaborará en las próximas semanas debe especificarlo. Desde Empleo sugieren que servirá, por ejemplo, acreditar cursos de formación o entrevistas de trabajo. “La carga de la prueba recae en los desempleados, ¿cómo vas a conseguir demostrarlo?, ¿cómo acreditas que has echado veinte currículum?, ¿se considerará eso búsqueda activa de empleo?”, se pregunta la secretaria de Empleo de CCOO, Paloma López. Desde UGT temen que de esta forma el Gobierno esté dando más competencias a las empresas de trabajo temporal, “después de que se hayan mermado los recursos del Sistema Público de Empleo”.
López denuncia que mientras el reglamento se pone en marcha, se da una situación de “desprotección jurídica, un limbo legal”, porque se desconoce qué criterios van a aplicarse a las personas que soliciten desde ya la ayuda de 400 euros. “Lo normal es que la gente lo solicite al menos un mes después”, se escudan desde Empleo, donde no aclara si los servicios públicos de empleo tienen ya instrucciones de qué requerir a los nuevos solicitantes.
Para justificar el endurecimiento de las condiciones de cobro de la ayuda de 400 euros, Fátima Báñez esgrimió el viernes algunos datos. Por ejemplo, que menos del 8% de los beneficiarios asistió a cursos de formación. Hay que recordar, sin embargo, que a pesar del aumento desenfrenado del paro, el presupuesto para políticas activas de empleo (es decir, para acciones de orientación, formación y recualificación) se ha reducido en los últimos años.
El último recorte, el perpetrado en los Presupuestos Generales de 2012, redujo la partida de los 7.322 millones de euros a 5.765 millones, un 21,3% menos que en 2011 (cuando ya se recortó un 5,5% respecto a 2010). De los algo más de 7.000 millones, tan sólo 1.811 están destinados a acciones formativas. Además, de los 3.000 orientadores disponibles, 1.500 fueron despedidos el pasado julio porque el Gobierno de Rajoy no renovó la partida presupuestaria con la que se les contrató hace dos años.
Báñez dijo también que el 70% de los algo más de 300.000 beneficiarios no se reinsertó en el mercado laboral. Dado que la economía española no sólo no consigue crear empleo neto sino que sigue destruyendo puestos de trabajo (alrededor de tres millones durante la crisis), lo complicado parece ser encontrar un empleo. Señaló también que menos del 1% de los usuarios de esta prestación consiguieron un contrato indefinido y que sólo el 18% logró colocarse durante más de dos meses.
¿Culpa del diseño del programa Prepara o del maltrecho mercado laboral? Las cifras hablan solas: los contratos indefinidos suelen suponer, de media, tan sólo el 9% de los nuevos contratos registrados cada mes. En julio, por ejemplo, de 1.352.444 contratos firmados, sólo 91.166 fueron indefinidos, y el resto (1.261.278), temporales. Si se toma otro mes, por ejemplo, enero de este año, los contratos indefinidos representaban sólo un 7,3 % del total (75.899 sobre 1.038.601 de contratos registrados durante el mes).
