La “legitimidad de las urnas” ya no es infalible

La mayoría absoluta parlamentaria que permite aprobar una ley con sólo apretar un botón o levantar una mano no es suficiente. Eso es lo que parecía avisar, entre líneas, el presidente de Madrid, Ignacio González, esta semana al anunciar que dejaba caer su proyecto estrella.

Madrid abandona su plan privatizador de la sanidad por la “inseguridad” que genera tener una adjudicación millonaria pendiente, durante meses, de una decisión judicial. Sin embargo, su entorno desliza que el heredero de Esperanza Aguirre tomó la decisión porque la adjudicación de los seis hospitales se había convertido en un lastre, en un encendido debate social que no pudo acallar ni siquiera con los redobles de varias bajadas de impuestos.

González ha hecho sus cálculos y la sola posibilidad de que esta carrera judicial se alargara durante varios meses, y de que el runrún de la polémica pudiera empañar sus posibilidades de cara a unas ya de por sí complicadas elecciones en 2015, ha hecho mella en sus convicciones. Porque el de Madrid es, de lejos, el Gobierno autonómico popular más ideologizado de España.

No ha sido la inseguridad jurídica, sino la inseguridad del propio González, la que ha precipitado la salida del consejero Javier Fernández-Lasquetty y la que ha dado muerte a un plan que en los papeles (en los de la Comunidad de Madrid, al menos) era la solución para conseguir una sanidad pública eficiente y sostenible. ¿Tumbó la Justicia los planes de González? No, los tumbó la política.

La crisis ha acentuado el distanciamiento de la población de la clase política. Pero, curiosamente, la ha acercado más a la política. Según la última Encuesta Social Europea, el nivel de desconfianza en los partidos y en las instituciones es el más alto desde que comenzó a medirse, en 2002. Pero el estudio muestra a su vez un aumento de casi todos los indicadores de participación ciudadana con respecto a la edición anterior. La victoria de la 'marea blanca' es también un llamamiento a la democracia deliberativa, y un indicador de que hay una forma de hacer política que está, lentamente, resquebrajándose.

Los partidos y los Gobiernos han vivido durante décadas muy cómodos con sus mayorías absolutas, con la “legitimidad de las urnas” con las que siguen justificando decisiones tomadas sin consenso político, ciudadano o sectorial. Como la nueva ley de Educación, nacida con “voluntad de consenso” pero aprobada sólo con los votos del PP, y que ha provocado manifestaciones multitudinarias, amenazas de insumisión, recursos ante el Tribunal Constitucional... y el compromiso de casi toda la oposición de derogarla en cuanto sea posible.

O como ocurre con la ley del aborto, que ha levantado ampollas dentro del propio PP y que se ha convertido en una encrucijada política a la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy busca ya una salida digna. Falla, en definitiva, el sistema de imposición. La impunidad de la mayoría absoluta y el propio funcionamiento de los partidos ha hecho que las decisiones residieran cada vez más en menos personas, lo que, lógicamente, aumenta el margen de error.

¿Cómo se explica, si no, la sorpresa y la resistencia de los barones populares ante la ley Gallardón? Nadie les había consultado. No hubo debate. Ni en el PP, ni en el Parlamento, ni en la calle. Pero el sábado habrá una manifestación –cuya convocatoria ya ha superado todas las expectativas– para reivindicar que, al menos en aquellos asuntos que tocan derechos o servicios fundamentales, la mayoría absoluta de un Gobierno no sea su carta blanca.

Hay muchas razones para este triunfo de la 'marea blanca': la constancia, la organización, una inteligente iniciativa judicial. Y, también, huyendo de la mirada naif, la unanimidad en el rechazo de un colectivo, el de los médicos, históricamente conservador. El peso de la oposición es mucho más fuerte cuando el que protesta, el que se queja, es tu votante. Y cuando ese pataleo no es una rabieta sino que se mantiene en el tiempo.

Eso es lo que ha pasado en Madrid. Donde un PP tocado y dividido ha dejado caer por voluntad propia y por primera vez en su historia un proyecto emblemático. Esta victoria puede ser un ejemplo para muchas otras resistencias. Y no todas van a triunfar. Al final, el resultado depende de montones de pequeños factores, contextos, situaciones, cálculos electorales. Lo que sí parece claro es que en las calles (y en los tribunales) se está cociendo un nuevo significado para la palabra legitimidad.