Una ley para criminalizar la protesta
Desde los primeros meses de su mandato, el Gobierno de Mariano Rajoy emitió nítidos mensajes sobre algunas de las tendencias –tentaciones– que le iban a caracterizar a lo largo de la legislatura. Así que no es cosa de sorprenderse ahora, cuando este jueves consuma el mayor recorte de la democracia a los derechos de manifestación, de denuncia y de protesta, sirviéndose de su mayoría absoluta parlamentaria para aprobar en solitario la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Texto en el que, de paso, ha aprovechado para introducir una reforma de la Ley de Extranjería que le permite ¿legalizar? las expulsiones en caliente de los inmigrantes que consiguen pisar suelo español después de atravesar medio continente africano y saltar, pongamos por caso, la valla de Melilla.
Qué más les da que se lo reproche la Unión Europea, el Consejo de Europa, la Iglesia o ACNUR. Qué les importa que les digan que es inhumano y no respeta la legislación internacional. Ellos a lo suyo, a adecuar las leyes a sus ideas y sus necesidades, no a ponerlas al servicio de la libertad y la dignidad de los ciudadanos.
Que el Tribunal Supremo consideró ilegal en 2012 subvencionar a colegios que segregan por sexo, pues se cambia la ley un año después, que para eso el PP tiene mayoría absoluta en las dos cámaras, y a ver qué dicen después los tribunales. Que los jueces no consideran delito rodear el Congreso o manifestarse en la puerta de las viviendas de los políticos o tratar de impedir los desahucios, pues se procede a introducir esas expresiones ciudadanas como faltas graves en la ley y se acaba con las generosas interpretaciones judiciales. ¡Ah!, que la ley prohíbe la entrega inmediata y sin asistencia jurídica de los inmigrantes, pues más de lo mismo. Se cambia la ley, y aquí paz y después gloria. Para completar el esperpento, las estupefacientes declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recriminando a las instituciones que le critican que ellas no tienen el problema y solicitándoles una dirección para enviarles “a esa pobre gente”.
La aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana es solo la conclusión de tres años de intento de deslegitimación y criminalizacion de las protestas. Si los que se manifiestan son los médicos de la sanidad pública para evitar la privatización, el Gobierno dice que lo hacen para defender su plaza fija de por vida, aunque la mitad de los facultativos sean interinos. Si los que protestan son los profesores, dicen que lo hacen para defender ese cómodo quehacer de 20 horas lectivas –como si el resto de la jornada no trabajasen– mientras que los padres de sus alumnos están en el paro. Y si son los jueces los que hacen huelga, pues el ministro del ramo asegura que es porque les han quitado la paga extraordinaria.
En el argumentario del Gobierno las protestas se hacen siempre por intereses espurios, nunca porque los distintos colectivos quieran defender el interés general frente a reformas, cuando menos, criticables. Así que después de la deslegitimación, llega la criminalización por la vía de las declaraciones -antisistema, violentos-, después por la vía de las reformas legales. Eso sí, por lo que se ve en los sondeos, ese pertinaz empeño regresivo se está desarrollando con escaso éxito de crítica y público.
