Cinco mentiras sobre el cierre de las televisiones autonómicas
Cerrarlas es un gran ahorro. Falso. De entrada, los irregulares ERE de Telemadrid o Canal 9 ya han supuesto un coste extra para valencianos y madrileños. A partir de ahí, echen las cuentas. Cerrar una empresa implica un coste que casi nunca se detalla para magnificar el ahorro. En la mayoría de las partidas, no se ahorra, solo se desplaza el gasto de una administración a otra. Los trabajadores pasan a sumar en la factura del paro y la deuda pasa a Hacienda. La deuda que arrastran muchas televisiones debe satisfacerse igual, sigan abiertas o cierren. De hecho, el principal problema de esas televisiones no reside tanto en el coste de su funcionamiento como en su endeudamiento. Desde 2007, las autonómicas han reducido su coste total en más de un 40% y los costes laborales en más de un 20%. Sin embargo, los costes de amortización se han duplicado. A estas cuentas, añadan el impacto brutal que el cierre tiene sobre el sector audiovisual privado estatal y autonómico. Más gente al paro, más empresas cerradas, menos tejido industrial, menos valor añadido.
Ese dinero se necesita para sanidad o educación. Pura demagogia. Ese dinero y el que, por ejemplo, la Comunidad Valenciana ha despilfarrado en fútbol o coches. Dice el presidente Fabra que prefiere gastar los 110 millones de Canal 9 en hospitales y escuelas. Pero nada dice sobre los 81 millones de euros que va a consumir en la viabilidad del Valencia FC, o los 300 millones de euros enterrados en carreras de Fórmula 1. Es como cuando Wert recorta cincuenta millones en becas Erasmus alegando la necesidad de ahorrar pero emplea 70 millones en concertar colegios privados que segregan por sexo. Se trata de una decisión ideológica. Nunca hay dinero para lo público, sea televisión, educación o sanidad. Pero siempre sobra para lo privado, sea un colegio, un coche o un club de fútbol.
Solo pueden ser instrumentos de propaganda. Mejor, cerrarlas. Falso. Es cierto que se usan muchas veces como instrumentos de propaganda, pero eso no implica que tengan que pagar por ellos sus trabajadores y sus espectadores. Los mayores responsables de la propaganda y del endeudamiento, sus gestores y directivos, nunca pagan. Ni uno se ha visto afectado por los ERE de Telemadrid o Canal 9. Sus despidos se cierran habitualmente con indemnizaciones millonarias. La televisión pública no es necesariamente la televisión del Gobierno. No hay nada de malo en el modelo público. Puede ser de calidad y plural. Lo demostró la Televisión Española de Zapatero y lo demuestra a diario la BBC.
No son un servicio público imprescindible. Esa es una cuestión que seguramente desmentirán con facilidad muchos gallegos, catalanes, valencianos o vascos que nos informamos en esas televisiones cuando pasa algo aquí que importa poco a los medios estatales. O que careceríamos de una oferta de medios en nuestras lenguas propias si se cerrasen las televisiones públicas que ahora los emplean y difunden casi en solitario. La lengua propia es un valor cultural, pero también un bien de mercado y una inversión. En Galicia, por ejemplo, responde por casi 4 puntos del PIB.
Todos salimos ganando. Bueno, unos más que otros. Las empresas que van a hacerse a precio de saldo con los recursos que el cierre de una televisión pone en el mercado ganarán mucho más. No digamos los medios privados. La alegría de algunos editores, directores y de algunas TDT tiene una explicación muy sencilla: 245 millones de euros. Es el montante que facturaron en 2012 las televisiones autonómicas en publicidad. Durante los años buenos, superaban los 350 millones. No es por ahorrar, sino por facturar. Ese dinero que usted cree que se ahorra se lo van a gastar igual, pero ahora de manera opaca y en hacerse publicidad entres sus medios afines y amigos. Es el truco más viejo del mundo.
