Las grietas de la impunidad
La impunidad del franquismo está quedando más que nunca en evidencia. Merece la pena recordar los movimientos que se han producido en los últimos meses y subrayar su importancia:
1. Por primera vez hay una causa abierta contra los crímenes del franquismo en un país extranjero, en Argentina, donde los tribunales han llamado a declarar a víctimas y han solicitado la extradición de varios torturadores franquistas que residen en España, entre ellos Billy el Niño.
2. El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha instado recientemente a España a cumplir “su obligación” y buscar a los más de cien mil desaparecidos del franquismo (una cifra récord sólo superada en el mundo por Camboya).
Además, esta misma semana el relator de la ONU ha emitido un informe –de recomendable lectura– en el que critica con dureza que España siga impidiendo la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura.
3. El pasado mes de diciembre la Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) publicó un escrito en el que recurría la decisión de dicho tribunal de denegar amparo a una víctima del franquismo. Por primera vez el fiscal del Constitucional pidió a dicho tribunal que revisara la Ley de Amnistía y que atendiera al informe del comité de la ONU.
La víctima en cuestión reclama su derecho a recuperar los cuerpos de dos familiares perfectamente localizados en el Valle de los Caídos, conocido campo de concentración y de trabajos forzados y monumento homenaje a la dictadura.
El fiscal general del Estado entró en escena exigiendo la retirada de dicho recurso, algo que ha acatado el fiscal del Constitucional, aunque podría no haberlo hecho.
4. La cosa no termina ahí: la Fiscalía General del Estado ha acusado de desleales a una parte de los fiscales del TC y ha ordenado que, a partir de ahora, todos los casos que entren en el Constitucional y que tengan que ver con el franquismo o la memoria histórica sean supervisados por una persona de su confianza.
Ante ello, varios fiscales han reprochado al fiscal general su injerencia al atribuirse el reparto de trabajo, una tarea que en realidad no le corresponde a él, sino a la junta de fiscales.
Ni aquí ni allí
Cada vez se está poniendo más en evidencia a los sectores enrocados y empeñados en obstaculizar la aplicación de la justicia contra el franquismo y en impedir algo tan simple como la localización y exhumación de cadáveres de la fosas comunes por parte del Estado.
Por ejemplo, en una postura cuando menos llamativa, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a extraditar a Billy el Niño a Argentina porque considera que se le podría juzgar en España, pero a la vez sostiene que no se le puede juzgar en España, porque estima que los delitos han prescrito. Es decir, la misma institución que argumenta que se le podría juzgar aquí –premisa fundamental para justificar que no se le extradita– desestima la posibilidad de juzgarlo aquí.
De este modo la Fiscalía aísla de su contexto los delitos de tortura por los que se acusa a Billy el Niño. Y ese contexto no es otro que el de un escenario de persecución y represión constante contra toda persona crítica con la dictadura, que supone que son delitos que no prescriben.
Ante ello, el relator de la ONU ha sido claro: “España debe extraditar a Billy el Niño o juzgarle”, ha dicho. Además, Naciones Unidas ha recordado que es el Estado el que debe asumir la localización y exhumación de los desaparecidos y ha insistido en que la Ley de Amnistía no impide investigar los crímenes del franquismo.
También esta semana, en un artículo muy interesante publicado en este medio, un fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, defiende que la Ley de Amnistía “no puede equipararse a una ley de punto final o a una suerte de impunidad para los represores o sus cómplices” y que “no debe cubrir los delitos y arropar los crímenes de sus dirigentes o servidores”.
La posición de las autoridades españolas es clara: están dando la espalda a la jurisdicción universal, que, como es lógico, defiende a las víctimas y no a los verdugos. En este país donde todo se quiso dejar atado y bien atado se enterró la verdad para proteger a quienes participaron directa o indirectamente en la represión contra los demócratas. Se borró parte de nuestro pasado, que permanece escondido, clandestino, en los relatos familiares transmitidos de padres a hijos y ahora a nietos y bisnietos.
Pero hay algo más difícil de borrar, y es el presente, este presente en el que tanto dentro como fuera de nuestras fronteras se resquebraja el silencio y se reivindica justicia, verdad y reparación, con la ley en la mano.
Algo se está moviendo, dentro y fuera del mundo de la judicatura, porque cada vez es más evidente que el único obstáculo para juzgar los crímenes del franquismo no es judicial, sino político.
