La nueva ETA

Soy la nueva ETA, dicen. Les explico:

El pasado mes de abril, tras recibir una petición a través de Change.org avalada por 10.000 firmas ciudadanas, una agencia de viajes llamada Nautalia retiraba un paquete vacacional consistente en una oferta “hotel + entrada” para la feria taurina de San Isidro en Madrid. Los firmantes de la petición exponían que la empresa, perteneciente al grupo Pullmantur, se situaba al margen de la ciudadanía, al promover una actividad de sangre y tópicos a la que se opone la mayoría de los españoles y rechaza la mayor parte de los visitantes extranjeros. Esas miles de firmas, indignadas por su captación de clientes y dinero a costa del maltrato hacia los animales, hicieron reflexionar a Nautalia, que, “como empresa que valora las opiniones de su comunidad”, tomó la decisión de dejar de vender ese paquete, y, más aún, pidió disculpas “a las personas que se hayan sentido ofendidas”.

Como anunció Libera!, ONG promotora de la petición, la decisión de Nautalia demostró que “los consumidores tenemos el poder para cambiar las malas políticas comerciales”. Fue un triunfo de la ciudadanía y de los mecanismos de que ésta dispone. Con anterioridad, se había logrado que Letsbonus, una empresa internacional que opera en red ofreciendo descuentos por diferentes productos y servicios, retirara de su plataforma cualquier descuento relacionado con corridas de toros. Se daba además la contradictoria circunstancia de que la empresa hacía así apología de esta cruel actividad en Italia, Argentina, Uruguay o Chile, países en los que está prohibida, como en la mayor parte del mundo.

Pero hay quien no solo no se ha enterado aún de lo que es una movilización ciudadana democrática y pacífica, sino que calificó la petición en Change.org y la consecuente respuesta de Nautalia como una extorsión propia de terroristas. En un artículo (¡no se lo pierdan!) publicado, sin firma, en la web taurina mundotoro.com se afirmó lo siguiente: “El toreo está así porque hay una nueva organización terrorista consentida por las instituciones, por el sector, por los aficionados y por el público de toros (…) extorsionando, secuestrando (…) una organización violenta que chantajea a las empresas y a los núcleos políticos de forma ilegal (…) Es la nueva ETA”. Con esta última frase titulaban el libelo.

Soy una de las personas que firmó esa petición. Esa y muchas otras contra el maltrato a los animales y contra muchos otros abusos. Destino gran parte de mi tiempo y de mis recursos a lo que considero mi obligación como ciudadana: la intervención en los asuntos que afectan a la sociedad a la que pertenezco; la participación activa en favor de la comunidad de la que formo parte; la responsabilidad política que me corresponde como “animal social” que soy (en un sentido aristotélico que parece se le escapa a esa pluma anónima de mundotoro.com). Todo ello lo hago a través de mi trabajo: artículos, firmas, campañas de concienciación, manifestaciones, protestas pacíficas, contactos políticos. Todo ello es legal. Jamás he extorsionado a nadie. Jamás he secuestrado a nadie. En cuanto a matar a alguien: mi activismo se centra, precisamente, en la repulsa y la denuncia de los crímenes que cometen, fomentan o apoyan otros. Los taurinos, por ejemplo.

Soy la nueva ETA, según mundotoro.com, por todo lo anterior. Pero estarán ustedes conmigo en que como nueva etarra soy un bluf.

Sin embargo, la acusación de los taurinos nos sirve de ejemplo porque se inscribe en el escenario de una turbia recuperación de las siglas etarras, de una reedición capciosa de la palabra terrorista. La propia Esperanza Aguirre, tan amiga de los maltratadores de toros, ha tenido el cuajo de proclamar que “se sintió tratada como una terrorista” por los agentes de movilidad que osaron recriminarle sus abusos de poder y considerarla, así, un miembro de la polis como cualquier otro. Ella misma, la presidenta del PP de Madrid, hizo un llamamiento en un mitin de final de campaña para que los eurodiputados trabajen en Europa “para acabar definitivamente con el terrorismo”. También hemos visto como la empresa Coca-Cola ha retirado un anuncio porque en él participaba el actor Gotzon Sánchez, colaborador de una plataforma de apoyo a presos de ETA. Por su parte, la candidata a Europa en la lista de UPyD Maite Pagazaurtundua, a cuyo hermano Joseba asesinó ETA, ha apelado reiteradamente al terrorismo en sus discursos de campaña electoral.

El escenario en el que se inscriben estas novedosas alusiones a ETA es el de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana del ministro Fernández Díaz (conocida como Ley Mordaza y Ley Antiprotesta) y el de la reforma del Código Penal del ministro Gallardón, que pretenden, ambas, convertir en delitos distintas formas de protesta ciudadana. Sus pretensiones represivas son tan escandalosas que suponemos que, para legitimarlas, tienen que hacer circular abundantemente la palabra terrorismo. Pero la realidad es que pretenden, por ejemplo, que pasen a ser delitos de orden público, con penas de hasta tres años de cárcel, los llamamientos en redes sociales a sumarse a protestas “no autorizadas”. Por ellos, claro. La resistencia pasiva (una sentada pacífica, por ejemplo) también será un delito contra el orden público. Por no hablar de la prisión permanente, antes conocida como cadena perpetua. Los expertos denominan al de Gallardón “Código Penal de la peligrosidad” y alertan de sus atentados a “la libertad de expresión, reunión y manifestación”.

Es el mismo escenario en el que unas señoras del PP asesinan a una política del PP y, aprovechando que el Bernesga pasa por León, el Gobierno desata una caza en Twitter de brujas deslenguadas. Yo abomino de las groserías, y me repugnan quienes expresan deseos de muerte a los demás. Pero perseguir y detener gente por un tuit despreciable es traspasar una línea que, sin embargo, no se aplica a la hora de castigar a muchos delincuentes de corbata rayada. Es, básicamente, una estúpida demostración de fuerza bruta, un derroche de medios que son muy necesarios para sanear de verdad nuestro país de, por ejemplo, ladrones y corruptos. O maltratadores de animales.

Y, aprovechando el escenario, los taurinos piden también ahora que se persiga a quienes los increpan en las redes. Hay insultos por ambas partes (yo misma soy acosada e insultada por muchos taurinos que jamás han recibido un insulto mío: me limito a señalar sus crueles prácticas, a protestar contra su salvajismo) y no me gustan en ningún caso. Pero la diferencia es que unos torturan y matan, y otros se lo reprochan, por malas que lleguen a ser las palabras del reproche. El delito es, debiera ser, torturar y matar.

Quienes nos difaman, calificando como “la nueva ETA” a los antitaurinos (a quienes defendemos a los animales de sus sanguinarias aficiones), deberían avergonzarse de utilizar así a las víctimas del terrorismo, deberían pedirles perdón (ese perdón por el que, seguro, también claman) por atreverse a compararnos con los extorsionadores, secuestradores y asesinos de sus familiares, compañeros y amigos.

Y nosotros, los antitaurinos, ¿tenemos que consentir que nos acusen de terroristas?, ¿o debe el Ministerio del Interior irrumpir en la redacción de mundotoro.com? Si no lo hacen, es porque son sus amigos, sus cómplices.