El patriotismo de la impunidad
Doce años después tener que escribir sobre el asesinato de José Couso, del que fui testigo, sigue siendo algo doloroso. Pensarle obliga a abrir la despensa de los recuerdos guardados bajo llave.
Con la memoria del ataque al hotel Palestina de Bagdad en el que nos alojábamos los periodistas occidentales en 2003, con la imagen de José herido, llegan otras vivencias que siguen ardiendo como si hubieran ocurrido hace solo unos meses: el cielo bagdadí rasgado por las estelas de los misiles, las montañas de cadáveres en las morgues, el olor a muertos, los gritos de dolor de las madres huérfanas de hijos, los médicos operando a los heridos en el suelo de los hospitales, el sótano del edificio de mi amiga Badía, donde se reunían los vecinos para hacerse compañía, la muerte de la hermana de Ahmed, la falta de luz y de agua, el terrorífico temblor de la habitación con los bombardeos estadounidenses, el sonido seco del proyectil que pasó tan cerca de mi cuerpo y que mató a José y a Taras e hirió de gravedad a Paul. Aquella invasión militar de Irak abrió las puertas del infierno actual que vive el territorio iraquí.
En estos 12 años han sido mucha las veces que pensamos que la investigación judicial sobre el asesinato de Couso se interrumpiría, a causa de los numerosos obstáculos, incluidos los introducidos por los sucesivos Gobiernos españoles. Hubo políticos que instrumentalizaron la muerte de Couso en busca de votos y se olvidaron de ella cuando llegaron al poder. Los cables de Wikileaks mostraron el interés de EEUU por lograr el archivo del caso y desvelaron las maniobras del Gobierno del PSOE en busca de la paralización de la investigación judicial.
Han sido años de frustración pero también reconfortantes porque nos hemos encontrado con la solidaridad de miles de periodistas de todo el mundo y porque, a pesar de todas las presiones, ha habido personas como el juez Pedraz que han luchado por la aplicación de la justicia y de las leyes. La ley de 2014 que restringe notablemente la jurisdicción universal, junto con la reciente sentencia del Supremo que impide juzgar el genocidio del Tíbet, obliga ahora a Pedraz a cerrar el caso, pero el magistrado ha querido dejar claro en su auto que lamenta la decisión –“el flexo no podrá mantenerse encendido”, ha escrito– y que el caso Couso es un crimen de guerra.
El 'patriotismo' del PP es así: quiere castigar una pitada al himno español mientras fuerza que asesinatos de ciudadanos españoles no sean investigados y juzgados. Multa a personas por ejercer su derecho a manifestarse mientras cede soberanía nacional a organismos financieros internacionales. No me cabe ninguna duda de que son muchos los españoles que no comparten este patriotismo sui géneris, dispuesto a arrodillarse ante intereses ajenos mientras se olvida del honor de defender los propios.
Como recuerda en su auto de este martes el juez Pedraz, resulta paradójico que el Gobierno español restrinja la jurisdicción universal mientras que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que España forma parte, acaba de aprobar una resolución “que insta una mayor protección a los periodistas en los conflictos armados”.
La nueva norma aprobada por el PP conlleva que ante crímenes contra periodistas, cooperantes o personas españolas consideradas como población civil ni la Fiscalía ni los familiares de las víctimas puedan solicitar la apertura de diligencias en España ni para investigar los hechos, ni para identificar a la víctima ni para solicitar la autopsia. Si ustedes como civiles son víctimas en el extranjero de crímenes de guerra, de tortura o asesinatos extrajudiciales por parte de otro Estado, el Gobierno español les abandonará por completo. Sus familias no tendrán derecho ni a investigación judicial, ni a identificación ni a autopsia en España. El insulto es máximo.
El magistrado Pedraz lamenta que “pese a que existen múltiples esfuerzos y recomendaciones a nivel mundial para perseguir y sancionar este tipo de delitos, (...) el delito quedaría impune. La decisión del legislador será discutible y podrá provocar debates en torno a tal impunidad, no solo para el presente caso sino para otros posibles, mas no corresponde a los jueces suplir al legislador”. Es cierto. Los jueces no pueden suplir al legislador, pero la ciudadanía puede cambiar a los legisladores en las urnas.
El caso Couso no es solo el caso sobre el asesinato de José Couso por parte del Ejército estadounidense, sino el caso sobre la defensa de la libertad de información como un derecho fundamental. Porque una sociedad mal informada es fácilmente manipulable, porque una guerra sin periodistas es una historia de propaganda. Porque el cierre de este caso abre las puertas a nuevos crímenes de guerra contra periodistas españoles. El Gobierno del PP quiere que salga gratis.
PD: La familia Couso ha anunciado que agotará todos los cauces judiciales y que está dispuesta a llegar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Gracias a todas las personas que han estado cerca de este caso judicial durante estos 12 años, gracias a quienes se han interesado por ello y a quienes han sabido comprender la trascendencia del mismo. Seguimos.
