Un preso político en Madrid

Alfonso Fernández Ortega, Alfon, un joven de 21 años, vecino del barrio de Vallecas de Madrid, salió de su casa temprano el miércoles 14 de noviembre. No era una mañana cualquiera sino la del 14N, día de la huelga general. Se dirigía a un piquete informativo, acompañado por su novia. Tenía previsto reunirse en un rato con su madre y con su tío, que también iban a secundar la huelga de manera activa, pero Elena Ortega, la madre, ya no pudo localizarlo: a cien metros de su casa, Alfon y su novia fueron detenidos. Ella fue puesta en libertad con cargos y debe presentarse en los juzgados dos veces al mes. Alfon pasó a prisión preventiva y cumple en la cárcel de Soto del Real lo que puede considerarse una pena anticipada a la sentencia.

La prisión preventiva es una medida cautelar que se aplica en casos que producen gran alarma social. Es lo que adujo el juez para enviar a Alfon a prisión, aunque parece mayor la alarma que ha causado su detención, e incluso parece que fuera lo que persigue este caso. Muchos lo acusan de montaje policial, presuntamente para desviar la atención sobre el éxito de la huelga general en Vallecas, donde el cierre del pequeño comercio alcanzó casi al 100%.

Según la policía, Alfon llevaba una bolsa con gasolina en el momento de su detención, extremo que él niega rotundamente: “Estoy tranquilo porque no he hecho nada, sé que soy una cabeza de turco, que el objetivo de la policía era otro y que me han utilizado a mí para ello”. Se lo ha dicho a su madre en una de las escasas visitas que le han permitido hacerle en la cárcel y no parece casualidad que ella, Elena Ortega, sea una conocida activista del barrio de Vallecas.

En una entrevista concedida al programa Todo Por la Kausa, de Tele K, televisión local de Vallecas, cuenta que su hijo y su novia se negaron a declarar sin presencia de un abogado y que por ello sufrieron tortura psicológica: fueron interrogados cada dos horas por individuos encapuchados que les amenazaron con hacer “cosas horribles” a sus familias. Como no consiguieron declaración alguna, decidieron hacer registros en sus domicilios. Elena cuenta que cuando cinco policías también encapuchados se presentaron de madrugada en su casa, amedrentándola a ella y a su marido, amenazándoles también con lo que le iba a pasar a su hijo, fue firme: “Está claro que somos gente de izquierdas. Aquí ven mi bandera republicana, mi camiseta de la escuela pública, el tipo de libros que tengo. Pero no somos terroristas”.

A Alfon se le ha aplicado el Régimen F.I.E.S. (Ficheros Internos de Especial Seguimiento), que conlleva aislamiento (lo llaman “la cárcel dentro de la cárcel”), restringe sus comunicaciones (solo puede recibir alguna visita de su familia) y controla su correspondencia. Se aplica a los presos que el sistema penitenciario considera “peligrosos”, generalmente personas que pertenecen a bandas armadas o grandes narcotraficantes. El propio Tribunal Superior de Justicia lo considera ilegal, por vulnerar los derechos de los presos y excederse en las competencias de los reglamentos. Que le haya sido aplicado a Alfon puede ir en la misma línea de su detención: la criminalización de una juventud organizada, crítica y reivindicativa a través de un joven cercano a grupos antifascistas y aficionado al Rayo Vallecano. La sede de Bukaneros, seguidores de este equipo que se declaran “contra el racismo, la represión y el fútbol negocio”, también fue registrada por la policía.

Según Elena Ortega y los propios Bukaneros, que emitieron un comunicado posterior, el Ministerio de Interior y la Delegación del Gobierno les someten a una persecución sin precedentes a partir del 25S porque en los partidos sacan pancartas denunciando, por ejemplo, que el Congreso de los Diputados estuviera rodeado por 1.500 policías mientras que el marido de Cristina Cifuentes está en “ignorado paradero”. Denuncian también que la detención y envío a prisión de Alfon puedan ser una cortina de humo para desviar la atención sobre las manifestaciones históricas del 14N y sobre las cargas “desproporcionadas e inhumanas” de las fuerzas de seguridad.

La madre de Alfon, que llevó su historia al Congreso Internacional Contra la Represión, organizado por Igualdad Animal y celebrado con enorme éxito en Madrid los pasados días 6 y 7 de diciembre, insiste en que quieren criminalizar a los jóvenes de barrios obreros y sacudidos por la crisis, como Vallecas, Villaverde o Carabanchel. Denuncia que son jóvenes que tienen que enfrentarse a un sistema que les niega el futuro, chavales que han tenido que abandonar la Universidad porque no la pueden pagar e incluso la Formación Profesional tras la subida de las tasas, chavales para quienes no hay previsión alguna de que puedan incorporarse al mercado laboral. “Una juventud”, dice, “sin expectativas, acorralada, acosada y perseguida por la policía”.

Ella resiste por “la fuerza de la razón y de la verdad”, porque conoce Vallecas desde que era un puñado de chabolas y sabe que es un barrio luchador que puede organizarse. Por eso advierte de que las madres de esos jóvenes están llegando a un límite: “Los hemos parido con mucho amor y los hemos criado con mucho amor y con mucho respeto, para que ahora nos los apaleen, nos los maltraten y les quiten todo. Vamos a empezar a reaccionar porque no estamos dispuestas a permitir que nos los destrocen”.

Parte del proceso de ese destrozo puede ser la prisión preventiva. Si una persona detenida no tiene antecedentes y dispone de un domicilio conocido, no debe ir a prisión. Tampoco si no hay riesgo de fuga o puede controlarse imponiendo una fianza proporcional. Lo contrario es crear un preso. En este caso, por motivos ideológicos, es decir, un preso político. Tan político como una huelga general.