La reforma de la Constitución: ¿por qué, para qué, cuándo y cómo?
La conmemoración del día de la Constitución se ha convertido, especialmente en los últimos años, en la ocasión perfecta para reactivar el debate político en torno a la conveniencia, necesidad, oportunidad y, en su caso, urgencia de iniciar un proceso de reforma constitucional. En esta ocasión, el debate ha venido acompañado por la existencia de rumores, más o menos fundados, sobre la creación de algún mecanismo en el ámbito parlamentario que permita explorar el alcance de una reforma consensuada.
Las declaraciones del presidente de Gobierno el pasado 6 de diciembre no permiten, sin embargo, confirmar su voluntad de afrontar un proceso de reforma cuyo resultado podría ser incierto. No se trata de adivinar las intenciones reales de Mariano Rajoy, resulta más interesante, a mi juicio, ofrecer algunas razones que demuestran la necesidad de la reforma constitucional. Para ello trataré de responder, de una parte, al porqué y al para qué de la reforma y, de otra, al cuándo y al cómo abordarla.
¿Por qué? Porque España necesita abrir una etapa política encaminada a actualizar y mejorar nuestra arquitectura jurídico-institucional siguiendo los mecanismos constitucionalmente establecidos al efecto. Plantear una reforma constitucional no es un ejercicio de frivolidad. Tampoco es honesto atribuir a quien defiende la necesidad de una reforma la intencionalidad de querer destruir el sistema. La reforma constitucional responde, más bien, a la lógica de quien, respetando el sistema actual, utiliza los instrumentos por él previstos para actualizarlo y responder a los desafíos de una sociedad en continuo cambio que aspira a renovar las reglas que regulan su convivencia.
¿Para qué? Para perfeccionar un texto como el de la actual Constitución Española que, habiendo sido muy útil hasta ahora, da muestras de cierto agotamiento en las respuestas a los problemas de una España que se parece poco a la de 1978. Así ocurre con aspectos claves de la arquitectura que sostiene el modelo territorial. También pasa con el modelo de financiación autonómica. Nadie duda tampoco de la conveniencia de perfeccionar el procedimiento mediante el que se garantiza la participacion de España en la Unión Europea. Ni probablemente sobre la exigencia de acomodar el sistema electoral actualmente vigente.
Por último, no es cuestión menor apreciar la necesidad que tiene la monarquía de legitimarse democraticamente, una vez el relevo en la Corona se ha realizado sin sobresaltos. Y, por supuesto, la 'cuestión catalana' nos advierte sobre la conveniencia de afrontar con audacia una reforma para ensanchar los espacios jurídicos que permitan acoger, con garantías para la unidad del Estado, una actualización del modelo autonómico susceptible de corregir ineficiencias y absorber algunas de las actuales tensiones territoriales.
¿Cuándo? Mejor ahora. Somos conscientes de que hay quien aprecia en el momento actual una situación demasiado inestable para afrontar con garantías de éxito una reforma constitucional. Los efectos de la crisis económica, el desafío territorial de Cataluña, la crisis del PSOE, la fragmentación parlamentaria, la desafección hacia la política y sus representantes conforman un escenario, en opinión de algunos, no muy proclive para aventuras políticas. Sin embargo, quienes así se expresan caen, a mi juicio, en el error de convertir en una amenaza lo que en realidad no deja de ser un contexto que puede tener rasgos estructurales y que, en consecuencia, los poderes públicos deben acostumbrarse a administrar con cierta naturalidad.
¿Cómo? La reforma constitucional que parece necesitar España requerirá, por los ámbitos susceptibles de reforma, la puesta en marcha del procedimiento agravado que describe el artículo 168 de la Constitución vigente. Su tramitación requiere la consecución de mayorías muy reforzadas, la disolución de las Cortes, la ratificación de la reforma aprobada por unas nuevas Cortes y la convocatoria de un referéndum. Un proceso largo y difícil de abordar con éxito pero garantiza, sin duda, la consecución de los consensos imprescindibles para validar el resultado al que se pudiera llegar.
Mas allá de todos los elementos expuestos, resulta oportuno recordar que no habrá reforma de la Constitución duradera si la sociedad no acompaña el proceso, lo conoce, lo reconoce como propio y, finalmente, acepta su resultado. El consenso que exige un texto constitucional no es solo el que se deriva del imprescindible acuerdo parlamentario, sino especialmente el que la Constitución obtiene a través del resultado que en su momento arroje el preceptivo referéndum. Este es, en realidad, el verdadero desafío que conlleva cualquier proyecto ambicioso de reforma constitucional. ¿Cómo estamos dispuestos a hacerle frente?
