La seguridad pública: un tema de salud social
Todos damos por hecho que cuando defendemos la sanidad pública estamos protegiendo uno de los pilares del Estado de Bienestar, al igual que cuando salimos a la calle por la defensa de la educación pública. Pero a veces se olvida que la seguridad también tiene que ver con el bienestar de todos y que su privatización, igual que en los otros casos, puede abrir un suculento negocio a cambio de dar al traste con valores irrenunciables. Que el servicio de seguridad del Estado recurra a empresas privadas que a su vez se nutren de trabajadores precarios, mal formados, ajenos a toda idea de servicio público es un síntoma de enfermedad del sistema.
El pasado domingo un “encuentro” con un vigilante de seguridad de Cercanías RENFE me hizo pensar de nuevo en todo esto. Regresábamos a Madrid después de pasar un día en el campo cuando un revisor nos pidió los billetes. Se los entregamos, pero nos enteramos entonces con sorpresa que los billetes deberían estar marcados (en la estación donde subimos al tren no había torno y ninguna máquina a la vista). El revisor, sin un mínimo gesto de empatía o educación, dice que va a multarnos por “ir sin billete”, no sin antes advertirnos de malos modos –¿quizás por el acento argentino de mis acompañantes?- que nuestra obligación de validar el billete sale en el Boletín Oficial del Estado por lo que es una ley universal y que desconocerla no nos exime de cumplirla seamos de donde seamos (sic).
Y aquí es donde el asunto se complica. Omito todos los detalles que alargarían innecesariamente esto porque al fin y al cabo no es esta anécdota concreta lo que importa. Para ir al grano diré que aparecieron dos agentes de seguridad –llamados por el revisor- y que uno de ellos enseguida empezó a tutearnos, después a subir la voz, hasta finalmente proferir comentarios xenófobos: Que volviéramos a nuestro país, llegó a decir. Este señor era del tipo que te saca de quicio y luego te acusa de desorden. Tan profesional como un bombero pirómano. Tras su desafortunada actuación, bajamos del tren y esperamos a la guardia civil. Llegó una pareja, una mujer y un hombre, que nos escucharon con mucha educación y atendieron con amabilidad. Nunca hubiera pensado que me alegraría tanto verlos y sentirlos como un servicio público. Fueron, ellos sí, profesionales. La actuación del revisor y del vigilante de seguridad, por el contrario, resultó bochornosa hasta el final. Éste último, como un niño pequeño cuando llegan sus padres, se atropellaba contando su versión –distorsionada- de los hechos.
Este desagradable incidente da mucho que pensar. Con la ley de seguridad implantada por el PP los vigilantes privados adquirieron autoridad para detener e identificar a ciudadanos en espacios públicos y, lo más peligroso, para llevar armas. Considero una barbaridad dejar algo tan delicado en manos de empresas privadas que, obviamente, se mueven por intereses económicos y no de servicio público. El propio ministro de interior aludió en su día como primera razón en defensa de esta ley a las oportunidades de negocio que abría ¡! El sector, dijo orgulloso Fernández Díaz, factura al año más de 3.500 millones de euros.
La privatización de la seguridad, como la de la sanidad o la educación, debería haber producido su propia marea. Policías y Guardia Civil defendiendo su profesionalidad y reclamando más inversión en su mejora frente al negocio de las empresas. Frente a los dos años que requiere como mínimo pasar a formar parte del cuerpo de seguridad del Estado, a estos vigilantes privados les basta el graduado escolar y hacer un cursillo de 180 horas.
Una cosa es que alguien monte guardia en una joyería y detenga a un ladrón hasta que llegue la policía. Otra muy diferente es que patrulle el transporte o las zonas públicas y en su mano esté decidir a quién pide la documentación y cómo. El hombre que se dirigió a nosotros despectivamente porque pensó que éramos extranjeros en “su país” ¿qué formación tenía?, ¿con qué fantasmas peleaba?, ¿a cuento de qué venía decir eso? Todos recordamos todavía la actuación de los agentes de seguridad privados de RENFE el día de la manifestación ante el Congreso, en septiembre de 2012, cuando persiguieron y apalearon a manifestantes con desproporción absoluta en la estación de Atocha.
Ahora abundan las reacciones de hartazgo frente a las próximas elecciones (“tiran nuestros votos y nos piden otros”, oigo decir). Pero cuando penséis que qué coñazo votar otra vez, que estáis hartos de política o que todos los partidos son iguales acordaros de todo esto. Porque es de esto de lo que hablamos y esto es lo que importa, no si te cae mal tal político o si le tienes tirria a unas siglas. Acordaros de la ley mordaza. Mañana hay convocada en Madrid una manifestación para que los representantes políticos que la condenaron tampoco se olviden de ella. A la seguridad se la privatiza, entre otras cosas, para dificultar que salgamos a defender la salud, la educación o cualquier otro derecho. Es importante internalizar que una buena seguridad pública es garante de la salud social.
