Las transexualidad no es una enfermedad mental
Con motivo del Día Internacional por la Despatologización Trans, que este año 2016 se ha celebrado el 22 de octubre, los colectivos LGTBI y las personas transexuales se han movilizado para exigir que, de una vez por todas, la transexualidad deje de ser considerada como un ‘trastorno de la identidad sexual’. Es decir, que las personas transexuales dejen de estar psiquiatrizadas y no dependan del control diagnóstico de las instituciones médicos-psiquiátricas. Reclaman, frente a esos poderes, la autogestión de género que corresponde a toda persona libre. En España, han pasado más de nueve años desde la aprobación de la Ley de Identidad de Género que requiere de una modificación que no llega: la eliminación de la actual necesidad de un especialista que lo identifique como un trastorno, algo que ya han dejado atrás países como Noruega, Dinamarca, Argentina e, incluso, Irlanda, Malta o Nepal.
Lo que los activistas persiguen es algo tan razonable a estas alturas como que las personas trans puedan decidir su sexo registral, es decir, cómo son reconocidas legalmente, de modo que haya una relación de equidad entre quienes realmente son y quienes los papeles dicen que son. Salvo ciertas normas autonómicas que han incorporado el principio de despatologización, en España las personas trans que quieran cambiar su sexo registral deben estar diagnosticadas de 'disforia de género' y haber recibido tratamiento hormonal durante al menos dos años. En el DNI pueden cambiar su nombre pero no el sexo que les fue asignado en el nacimiento. Ese cambio debe autorizarlo un juez tras esos requisitos que suponen que la persona trans pase por reconocer que es una enferma mental.
Las personas trans no son enfermas mentales, algo que la mayoría de la gente comprobaría si la estigmatización y la patologización históricas no las mantuvieran en una radical discriminación en todos los ámbitos de relación social: familiar, educativo, laboral, administrativo, mediático. Discriminación tan agresiva que a la mayoría de la gente no trans le haría necesitar tratamiento psicológico: ha provocado mucha marginación, mucha exclusión, mucho sufrimiento y mucho suicidio. La enfermedad, pues, la tiene una sociedad que mantiene una concepción del género binaria, cerrada e impositiva. Una concepción represora, por cuanto quien se decida por el ejercicio al derecho de autodeterminación de su género habrá de pasar por el examen de una presunta autoridad, que casi siempre es incompetente por ideologizada y obsoleta, y a los hechos podemos remitirnos: el intervencionismo patologizador no solo es un error científico sino que además conlleva una injusticia que, como tal, lejos de mejorar la vida de las personas trans supone para ellas graves perjuicios en su día a día (desde la imposibilidad de abrir una cuenta bancaria a la reducción al extremo de conseguir un puesto de trabajo). Se trata, por tanto, de una cuestión política.
El 82% de las personas transexuales ha sufrido una agresión física a lo largo de su vida. Se dice pronto. La violencia contra ellas suele comenzar en la infancia, arropada por un sistema educativo que no las protege del acoso de los demás (un acoso que a su vez procede de la ignorancia derivada de una pedagogía también binarista, incapaz ante la diversidad), y alcanza su cota más alta contra las mujeres trans (muchas víctimas lo son en el contexto del trabajo sexual, que se ven obligadas a ejercer porque todo el proceso anterior las ha dejado fuera de otras opciones de supervivencia). Certeramente, Mané Fernández, activista transexual y portavoz de FELGTB, lo denomina “transfeminicidio”. Él mismo ha resumido lo que, para nuestra vergüenza, es en un altísimo porcentaje la vida de una persona trans: “La vida no me ha tratado bien. He tenido que pagar mucho por una deuda que no era mía, ni quería contraer. Fue una deuda que me vino impuesta y la sociedad se encarga de recordármela casi todos los días”.
Para que ese recuerdo se borre de manera definitiva del imaginario colectivo, debemos apoyar al activismo que reclama unos derechos que son humanos. Manifestar nuestro rechazo a la patologización de la diferencia. Celebrar, por el contrario, la diversidad. Estamos hablando de los cuerpos de otras personas, sobre el que solo ellas son, han de ser, soberanas. Y estamos hablando de una sociedad que por definición será mejor si fomenta la libertad y felicidad de todas. Una sociedad, entonces sí, más sana.
