Por los que vienen, por los que se van
Dejo la primera línea de este artículo vacía. Más abajo expongo la razón.
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La Unión Europea ha iniciado otra macrorredada para capturar e interrogar a personas migrantes en situación irregular con el objetivo de “recuperar información relevante con el fin de desarticular grupos de crimen organizado”. Ya sólo en esta explicación se esconde una voluntad clara de identificar con las mafias criminales al extranjero, al diferente, al migrante. La operación, bautizada con el nombre Mos Maiorum, se activó este lunes y durará hasta el 26 de octubre.
Como denuncian 37 organizaciones no gubernamentales, dicha iniciativa, al igual que otros mecanismos de control, se usa “para justificar redadas con un claro perfil racial, absolutamente ilegales según la legislación española, que criminalizan a las personas migrantes al ser sometidas a identificaciones y detenciones en lugares públicos”.
Vivimos una profunda crisis moral y por ello es preciso recuperar valores, principios, sensatez, solidaridad. Se impulsan redadas contra los más débiles, contra la diferencia –aunque ésta sea enriquecedora social y culturalmente–, contra personas cuya única falta es no tener papeles, mientras se rinde pleitesía a gente que acumula dinero y riquezas de forma dudosa. Se detiene en plena calle a hombres y mujeres sólo en función de su color de piel o sus rasgos faciales mientras algunos protagonistas de los casos de corrupción que afectan a nuestro país se frotan las manos sabiéndose libres de redadas.
Se persigue a los que vienen de fuera para trabajar mientras se deja en los puestos de poder a quienes recortan en sanidad y educación. Se buscan chivos expiatorios en los extranjeros, como objeto al que señalar de toda culpa, y mientras en las universidades españolas hay 45.000 alumnos menos debido al aumento de las tasas, como precisamente este miércoles denuncia la campaña Faltan 45.000, impulsada por estudiantes y respaldada por la plataforma Juventud sin futuro: con ella hoy en muchas aulas universitarias los alumnos dejarán las primeras filas vacías, en solidaridad con los que han sido expulsados por no poder pagar la subida de tasas –en algunos casos llegan a los 10.000 euros al año– o debido a la reducción de becas. [Más información, aquí]
Escribía el filósofo Santiago Alba Rico en un excelente prólogo del libro Mamadú va a morir, de Gabriele del Grande, que “en este mundo sólo se puede viajar en dos direcciones: o contra los otros o hacia ellos”. Elegir una u otra es una decisión de la que depende nuestro futuro y la posibilidad de vivir con la dignidad de seres humanos civilizados, no como simples autómatas.
Para ello es preciso conquistar otras políticas que estén al servicio de la gente en toda su diversidad y no de los poderes que se han enriquecido a base de despojar a otros de derechos y trabajos dignos. En esas políticas, la migración debe ser considerada no sólo como una realidad, sino como un derecho, porque las necesidades de millones de personas condenadas a la pobreza o al desempleo son incuestionables. Porque la apuesta por la exclusión es una forma de guerra contra la diversidad, es decir, contra la libertad. Porque aceptar las puertas cerradas, los muros elevados, los lugares exclusivos, es limitarnos y condenarnos al gueto.
La voluntad de migrar está en la condición humana. Lo sabe bien la Marea Granate, compuesta por jóvenes que no han tenido más remedio que irse del país para poder ofrecer allí donde trabajan los conocimientos que nuestro país rechaza, condenándoles a un horizonte sin futuro.
La globalización de este modelo económico extiende el control de una minoría privilegiada frente a una mayoría subordinada. Se confunde libre circulación de materias primas, del capital, de armas, con libertades individuales y colectivas. Y se concibe la igualdad no como derecho formal, sino como herramienta de constricción que nos sitúa como seres de usar y tirar, conmensurables y sustituibles. No lo somos. Cada persona contiene una historia, unas emociones, unos deseos, unos caminos que transitar sin redadas que estigmatizan y criminalizan a gente decente o sin tasas que limitan el derecho fundamental a una educación pública de calidad.
Por eso permítanme que deje en blanco la primera y última línea de este artículo, como espacio para los 45.000 que faltan, como hueco para los que han tenido que exiliarse por razones económicas, como homenaje a los que llegan y temen ser expulsados. Por los que vienen, por los que se van.
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