La vuelta a la normalidad del 155
La operación que se puso en marcha con la activación del artículo 155 de la Constitución tenía como finalidad volver a la normalidad. Ese, como se recordará, es el mensaje que se transmitió a la opinión pública. Se recurre al 155 para convocar elecciones ante la negativa del president Puigdemont a hacerlo, a fin de darle la palabra al pueblo catalán para que en una consulta con todas las garantías, no como la del 1 de octubre, pueda decidir libremente el camino a seguir.
Esta fue la justificación oficial de la operación. No se trata propiamente de suspender nada e intervenir la comunidad autónoma, sino de posibilitar que la voz de los ciudadanos de Catalunya pueda ser oída con las garantías democráticas exigibles.
Y así hubiera podido ser, si la operación se hubiera reducido a la convocatoria de elecciones para el 21-D. La destitución del Govern durante los 54 días que dura el proceso electoral más los que fueran necesarios para la investidura del president por el nuevo Parlament, era la aplicación más suave del 155 CE de todas las posibles, aunque eso no quiere decir que tuviera una cobertura constitucional indiscutible. Pero en términos políticos, el coste para la vuelta a la normalidad no era elevado.
Pero a esa operación de convocatoria de elecciones se sumó una operación judicial, instrumentada mediante la acción combinada del Presidente del Gobierno, el Fiscal General y la Audiencia Nacional primero y el Tribunal Supremo después, que ha conducido a que se admitieran a trámite querellas por delito de rebelión inicialmente contra varios miembros del Govern y de la Mesa del Parlament y más adelante contra un buen número de ahora ya parlamentarios nacionalistas electos el 21-D.
Nada se dijo por el Presidente del Gobierno de esta segunda operación, como si no tuviera nada que ver con la aplicación del 155 CE. Y jurídicamente, no tienen nada que ver. Son dos operaciones distintas. Pero sin la primera, sin la pérdida del fuero jurisdiccional por los miembros del Govern como consecuencia de su destitución por el Presidente del Gobierno en virtud de la aplicación del 155 CE, el Fiscal General no hubiera podido proceder contra ellos como lo hizo. La aplicación del 155 CE por el Presidente del Gobierno fue el presupuesto de la activación de las querellas por el Fiscal General. Sin la primera operación no hubiera sido posible la segunda.
Y si la primera operación podía considerarse como un instrumento de vuelta a la normalidad, la segunda es imposible verla desde esa perspectiva.
Más todavía. La segunda imposibilitaba que la primera pudiera alcanzar dicha finalidad, en la medida en que vaciaba en cierta medida de contenido el resultado del ejercicio del derecho de sufragio por los ciudadanos. El Gobierno que pudiera constituirse no podría no contar con lo que hubieran votado los ciudadanos, pero no se decidiría exclusivamente por lo que hubieran votado los ciudadanos, sino por lo que decidiera también el Tribunal Supremo. En positivo decidirían los ciudadanos. En negativo, el Tribunal Supremo. El Gobierno sería el resultante de esa combinación.
Esto no lo podían desconocer quienes orquestaron la doble operación. En el punto de partida estaba ya el punto de llegada en que ahora nos encontramos. Nadie puede llamarse a engaño.
Bajo esas condiciones se desarrolló el proceso electoral, con varios candidatos en prisión o en el exilio y bajo esa condiciones se está desarrollando el proceso de investidura tras la constitución del Parlament. De vuelta a la normalidad no ha habido nada ni en el proceso que condujo al 21-D ni en el proceso de investidura que se está viviendo tras el 21-D.
Y estamos solo en la fase inicial de esta doble operación. En poco tiempo porque parece que el juez instructor tiene previsto cerrar la instrucción y dictar el auto de procesamiento en los próximos meses, no solo se habrá producido el “descabezamiento” del nacionalismo en un proceso electoral (Soraya Sáenz de Satamaría dixit), sino la condena penal e inhabilitación política para muchos, muchísimos años, de la mayor parte de sus dirigentes.
¿Puede considerar alguien que Catalunya y su relación con el Estado puede ser normal con los dirigentes nacionalistas en prisión y, como consecuencia de ello, con el nacionalismo más que debilitado, casi esterilizado, para hacer política? Políticamente Catalunya va a ser una sociedad mutilada, en la que la competición política va a estar viciada de manera inexorable.
No es la primera vez en la historia de España en que se ensaya la mutilación política de Catalunya. Los resultados han sido siempre terribles. ¿Por qué va a ser diferente ahora?
