La UE aprieta a las ONG: planea retirar la 'cláusula humanitaria' que permite no criminalizar la asistencia a los migrantes

En una semana en la que la primera respuesta de varios países europeos a la caída del régimen de Bashar al Asad ha sido la suspensión de la tramitación de las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios y en la que la Comisión Europea ha avalado la suspensión de ese derecho en las fronteras del este por la “amenaza híbrida” de Rusia y Bielorrusia, los 27 envían otro gesto de endurecimiento de la posición antiinmigración. En este caso, el mensaje tiene como principales destinatarias a las ONG que prestan ayuda a los migrantes al plantear la eliminación de la conocida como 'cláusula humanitaria' según la cual la legislación europea permite a los estados miembros criminalizar la ayuda para llegar a suelo europeo cuando tenga una finalidad humanitaria.

La decisión la han adoptado los ministros de Justicia este viernes en el marco de la revisión de la directiva de 2002 que establece unas normas comunes mínimas para prevenir el tráfico ilícito de migrantes, aunque su adopción definitiva depende de una negociación posterior con el Parlamento Europeo, que aún no ha fijado su posición, pero que ha sufrido una importante derechización tras las elecciones del pasado mes de junio. Lo que mayoritariamente quieren los gobiernos, a excepción de Alemania, España y Portugal, es que desaparezca del articulado de la normativa la posibilidad de “no imponer sanciones” a quienes ayuden a los migrantes a entrar en un estado de la UE, a pesar de que incumpla la legislación vigente, si tiene una finalidad humanitaria.

La denominada 'cláusula humanitaria' figura en la actual normativa sin que ello impida a los países sancionar la ayuda humanitaria. Según los datos de la Plataforma Internacional para la Cooperación con las personas sin papeles (PICUM, por sus siglas en inglés), al menos 117 personas fueron criminalizadas por ayudar a migrantes en 2023; al menos, 102 personas en 2022, y al menos 89 personas, entre enero de 2021 y marzo de 2022. “La mayoría fueron acusados de facilitar la entrada, la estancia o el tránsito o de tráfico ilícito de migrantes”, recoge la organización en su último informe. Italia y Grecia fueron los países que más persiguieron ese tipo de conducta, pero también lo hicieron Polonia o Letonia.

La propuesta inicial de la Comisión Europea eliminaba la 'cláusula humanitaria', pero porque limitaba las sanciones a los casos en los que hubiera ánimo de lucro en la ayuda. La música a priori sonaba bien, pero desató también las alarmas por la posibilidad de que se usara como coladero para castigar la ayuda humanitaria. “Puede haber supuestos en los que la línea es bastante gris. Por ejemplo, un navío que está contratado por una fundación cobrando y rescata migrantes”, explican fuentes diplomáticas, que apuntan también al pago del capitán de un barco que salva personas en el mar.

“Se trata de que la directiva deje claro que los estados miembros no tienen por qué castigar penalmente a quien ayuda al inmigrante por motivos humanitarios. No es que se deje fuera del delito. Va a permitir que los Estados miembros decidan no castigar. Alguno podrá castigar. España no quiere y de hecho no lo vamos a hacer”, señalan fuentes diplomáticas españolas.

En la negociación, un grueso de países se posicionó a favor de quitar la 'cláusula humanitaria', a pesar de que tenerla ya les permite castigar esa conducta. Otros países eran favorables a que permaneciera en el articulado y, finalmente, el texto que se ha cerrado y que contará con el aval de la inmensa mayoría de países se limita a mencionar la posibilidad de no castigar la ayuda humanitaria en el preámbulo.

España se opone “radicalmente” a esa decisión y ha votado en contra de la iniciativa al completo en el Consejo de la UE que se celebra este viernes. “El mensaje político que se lanza llevándolo a los considerandos puede ser preocupante. La posición de España de que se incorpore al articulado tiene sentido desde el punto de vista de la técnica jurídica y desde el mensaje político que queremos lanzar”, ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Alemania y Portugal también han intervenido en contra de la decisión. “Tendrá que quedar claro que si se presta auxilio por razones humanitarias no será delito”,ha dicho la representante lusa.

Fuentes diplomáticas advierten de que hay dudas técnicas respecto a lo que supondrá la eliminación del articulado, a pesar de que la Comisión Europea les ha garantizado que no habrá problemas por no recoger sanciones en el Código Penal. “Si permite no castigar algo que teóricamente podría ser delito, lo tiene que decir los artículos, no en un preámbulo”, advierten esas fuentes.

Pero el rechazo a la iniciativa tiene también un importante trasfondo político dada la imposición que se está produciendo en la UE de las posiciones antiinmigración con una mayoría de países, por ejemplo, empujando para crear centros de deportación fuera de territorio comunitario, como ha hecho Italia con Albania. “En la ola que estamos viviendo ahora mismo en Europa, el mensaje que manda la directiva, relegando esa cláusula al preámbulo, a España le ha parecido muy preocupante”, explican las mismas fuentes.

España, contra la “campaña” de la extrema derecha conta las ONG

“El Gobierno es consciente de que existe una campaña contra las organizaciones no gubernamentales liderada por la extrema derecha a nivel europeo con el único objetivo de promover un discurso xenófobo que favorezca electoralmente a estos partidos. Esta campaña parte de la falsedad de equiparar estas entidades a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, lo cual es evidentemente falso y tiene todo el rechazo del Ejecutivo español”, señalan fuentes gubernamentales

“Dicho discurso no solo puede tener consecuencias políticas, sino también legales y humanitarias: si se permite la persecución a las ONG que rescatan personas migrantes, volverían a la UE los delitos por convicciones políticas y humanitarias y las vidas de miles de personas que cruzan el mar para buscar una vida mejor, niños incluidos, correrían mucho más peligro”, agregan esas fuentes.

“Sin un requisito legal que prohíba la criminalización de la migración y la solidaridad, existe una verdadera preocupación de que los Estados miembros aumenten los procedimientos legales contra los propios migrantes y las personas que ayudan a los migrantes”, denuncian desde PICUM. “Los gobiernos europeos han adoptado cada vez más medidas enérgicas contra los migrantes y las personas que les ayudan. Esta votación va en la dirección de una mayor criminalización, y se espera que más personas se enfrenten a juicios, multas y penas de prisión simplemente por ayudar a otras personas”, lamenta Marta Gionco, Responsable de Incidencia Política de la organización.

La reunión de los ministros del Interior de la UE fue el último escaparate de ese endurecimiento de la posición antiinmigración. En un almuerzo, analizaron las “soluciones innovadoras” para abordar el fenómeno migratorio, que es el eufemismo que se usa en el club comunitario para iniciativas como la de la ultraderechista Giorgia Meloni de crear centros de deportación. Una mayoría de ministros reiteró el apoyo a que se explore esa posibilidad que ahora mismo no tiene cabida en la legislación europea y que Ursula von der Leyen se abrió a estudiar al arrancar su segundo mandato ante la presión de 15 estados miembros.

España es de los pocos países que mantiene el rechazo a esa posibilidad y apuesta por cooperar con países de origen y tránsito básicamente para cortocircuitar al máximo las salidas de personas migrantes.

El otro asunto que ha estado sobre la mesa ha sido la situación de los refugiados sirios. Una mayoría de países europeos ha decidido paralizar la tramitación de las nuevas solicitudes tras la caída del régimen de Bashar al Asad. España ha criticado esa decisión que considera precipitada y, por ahora, no se contempla una aceleración de los retornos, aunque incluso se planteó antes de que se produjera el cambio.