El plan de Ribera Salud para ahorrar: reutilizar catéteres, derivar a pacientes no recuperados y operar antes a los rentables

El 25 de septiembre del año pasado, el director general (CEO) de Ribera Salud, Pablo Gallart, convocó a una reunión online a 20 directivos del grupo y del Hospital de Torrejón, un centro público de gestión privada y que atiende a una población de 150.000 habitantes en la Comunidad de Madrid.

En esa alocución dio la orden de hacer procesos más rentables para encajar los costes de la atención sanitaria con el dinero que le aporta la Comunidad de Madrid. Actualmente, el Gobierno de Ayuso le paga un canon de 581 euros por habitante adscrito a esa área –se trate o no el centro hospitalario–. Según el CEO, si ese proceso suponía aumentar las listas de espera, habría que hacerlo, una información revelada por El País, que publicó los audios del encuentro desencadenando un escándalo que llevó a la Consejería de Sanidad a hacer dos auditorías en diciembre que no han encontrado ningún problema.

Sin embargo, esa normalidad que encontró el gobierno de Ayuso con sus inspectores contrasta con la realidad que describieron un mes después de la reunión con Gallart cuatro directivos del propio grupo asignados a Torrejón. Tanto la gerente como otros tres altos cargos relataron en un canal de denuncias interno que aquella charla que les dio el CEO había desembocado en un “plan de contingencia” que incluía, en su opinión, medidas que suponían una “vulneración de los derechos de los pacientes, una mala praxis asistencial y un incumplimiento de los compromisos adquiridos con la Consejería de Sanidad”, según un documento que avanzó El País tras los audios y al que ha tenido acceso elDiario.es. Las medidas, según estos directivos, fueron compartidas el 8 de octubre por el equipo financiero, “indicando que el CEO insistía en implantarlo” y que estaban previstas en el presupuesto 2026.

Ribera Salud ha confirmado la reunión de directivos del 25 de septiembre, pero no ha contestado a la pregunta concreta sobre si este “plan de contingencia” se activó o se llegó a poner en marcha. Estas fuentes oficiales se remiten a que “todas las auditorías, más de 40 en el último año, han resultado favorables”.

Catéteres reutilizados ilegalmente

Estos directivos –que enviaron las denuncias un mes después de la charla y que fueron inmediatamente despedidos– revelan en su escrito que el 2 de octubre, dos jefes de Ribera dieron orden al Comité de Dirección del hospital de Torrejón, entre otras cosas, de “reesterilizar material de un solo uso”, una práctica ilegal y peligrosa.

Este hecho fue demostrado con documentación por elDiario.es hace una semana, cuando publicó que la jefa de auditoría de Ribera Salud instó a Torrejón en un correo del 6 de octubre a reutilizar hasta “diez veces” catéteres cardíacos “lo antes posible” y tal y como ya estaba haciéndose en el hospital concertado que Ribera tiene en Elche (el hospital del Vinalopó). Esta práctica está prohibida por el riesgo de infección. El objetivo que se perseguía, según el propio mail de la directiva, era ahorrar dinero: “La media de catéteres por procedimiento en Torrejón es de 2,02 vs 0,59 en Vinalopó (ahorro potencialmente evitable superior a los 160.000 euros)”, dice esta empleada de un grupo que facturó 808 millones en 2023, los últimos datos mercantiles publicados.

El mail enviado con órdenes de reutilizar catéteres de un solo uso.

Trasladar a mitad del ingreso

Otra de las medidas para aumentar la rentabilidad que revelan los directivos es que Ribera ordenó que, a los dos días de ingreso, se trasladara a pacientes a su hospital de origen con el objetivo de “facturar el GRD y reducir estancias”, recoge la denuncia. El GRD es el Grupo Relacionado de Diagnóstico con el que se factura a la Consejería de Sanidad los tratamientos de pacientes que vienen de otros hospitales (normalmente públicos). Por ejemplo, en el caso de una parturienta de cesárea que le tocara La Paz, pero hubiera elegido Torrejón, Ribera Salud facturaría como un parto con esa complicación. Pero Ribera quería que, a los dos días, se la trasladara a La Paz para que acabara allí la recuperación. Así cobraría el total del proceso sanitario, pero se ahorraría los costes de ingreso, en detrimento de las arcas públicas y de los hospitales de gestión pública que hubieran tenido que atender ese caso a mitad de recuperación. Es decir, el plan era aceptar al paciente de libre elección por su alta rentabilidad pero sin darle la prestación completa.

Lista rápida para pacientes rentables

Según la denuncia en el buzón interno de Ribera, no era la única práctica que se quiso implantar respecto a la libre elección. Por ejemplo, se revela que ese mismo 2 de octubre se dio al Hospital de Torrejón la instrucción de “incrementar la cirugía no cápita [los pacientes de libre elección que llegan de otras áreas, que son los más rentables] desplazando a pacientes cápita [los que pertenecen a Torrejón] de la programación quirúrgica”. elDiario.es ya constató este proceder ilegal en diciembre y mostró que Torrejón manejaba, al menos desde marzo de 2025 y hasta diciembre de ese mismo año, una lista de espera que era siempre más corta si el paciente era de fuera. La rentabilidad económica viene por el hecho de que, además del canon fijo, Ribera factura aparte a la Comunidad de Madrid cada operación de paciente externo que no es de su área, utilizando unas tarifas que se aprueban cada año según el tratamiento sanitario.

Además, estos directivos se quejaron de que se les ordenó (entre ellos la directiva que firmaba el mail de los catéteres) “atender consultas a pacientes cápita, pero no realizar sus cirugías”, que es la orden que se intuye en los audios publicados por El País. El motivo es que abrir los quirófanos cuesta dinero por la estructura y los salarios y Ribera Salud consideraba que bajar demasiado la lista de espera operando mucho no le resultaba rentable porque el coste era muy alto. La lista de espera debía ser lo suficientemente larga para no incurrir en una baja rentabilidad y lo suficientemente corta como para atraer a pacientes de los hospitales de gestión pública, que son la mayoría (en Madrid hay cinco de gestión privada: cuatro que gestiona Quirón y el de Torrejón, en manos de Ribera Salud).

Mensajes del departamento de admisión del Hospital de Torrejón en los que pide al servicio de cirugía cardiaca del centro programar una intervención para cumplir el cupo de pacientes "no cápita".

Suspender diálisis peritoneal

Según esta denuncia interna, al Hospital de Torrejón también se le dio instrucciones de “suspender la atención de diálisis peritoneal” para los pacientes de fuera del área de Torrejón, por lo que se remitía pacientes a otros centros pese a que hubieran elegido Torrejón, “vulnerando la Ley de Libre Elección de la Comunidad de Madrid”. Esta ley, impulsada en 2009 por Esperanza Aguirre y que puso a competir a la privada con la pública (ya que cuantos más pacientes captan Ribera y Quirón para los cinco hospitales públicos que gestionan, más ganan), pretende blindar precisamente el derecho del paciente a elegir dónde recibir el tratamiento. Según los directivos, no se cumplió en el caso de este tratamiento, que se utiliza de manera domiciliaria en pacientes con insuficiencia renal y que se caracteriza por ser un servicio caro.

Siempre según la versión de los denunciantes, la indignación por este plan llevó a un grupo de 15 jefes de servicio (responsables de las distintas especialidades del hospital) y a tres supervisores de enfermería a visitar al alcalde de Torrejón (del PP) el 17 de octubre para exponer lo que se pretendía hacer en el hospital de referencia de su municipio, además de escribir cartas a Ribera Salud y a la dueña del grupo, la francesa Vivalto Santé. Según fuentes conocedoras del encuentro, el alcalde confirmó estos hechos denunciados con la entonces gerente del hospital (que fue despedida tras la denuncia interna) y aseguró que daba traslado a la viceconsejera de Sanidad. El Ayuntamiento de Torrejón no ha contestado a elDiario.es sobre el encuentro o la llamada a la Consejería. Por su parte, Sanidad no ha respondido a la pregunta concreta de si esa llamada se produjo o no y, por tanto, si en octubre el departamento estaba al tanto de estas prácticas. Estas mismas fuentes oficiales se ciñen a que “el Sermas no tiene necesidad de tener otras fuentes, la auditoría es constante”.

Un mes más tarde de esta denuncia, y con los cuatro directivos ya despedidos, la empresa les respondió a sus demandas en el buzón interno que no había encontrado “evidencias” de los hechos denunciados, pese a que, en parte, están recogidos en los audios de su propio CEO en la reunión del 25 de septiembre.

Respecto al despido de directivos, Ribera Salud lo enmarca en la “pérdida de confianza en su gestión” aunque no da los detalles por motivos de “confidencialidad”, pero los desvincula de las denuncias en el canal interno. Respecto a la pregunta de si Pablo Gallart, que se apartó de la gestión de Torrejón tras el escándalo de los audios, se ha vuelto a ocupar de este centro concertado, el grupo sanitario asegura que sigue desvinculado y añade que la empresa “ha sido objeto de una fuerte campaña de desprestigio”. Ribera dice ser “plenamente consciente del origen y objetivo” y añade que está tomando las medidas legales para “defender su honor y reputación”.

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