Tumban la licitación de la nueva contrata de ambulancias de Osakidetza, valorada en 1.359 millones
El Órgano Administrativo de Recursos Contratuales (OARC, dependiente del Gobierno vasco) ha tumbado la licitación del que probablemente sea el mayor contrato de externalización de servicios de Osakidetza e incluso del Gobierno vasco, la contrata de ambulancias. Los dos paquetes, el de transporte urgente y el programado, alcanzan un valor máximo estimado de 1.359 millones de euros, incluidas todas las posibles prórrogas. Se argumenta que no está justificada la no prestación del servicio con recursos públicos propios, como ocurre con las UVI móviles.
Los pliegos del nuevo servicio fueron anunciados en verano. Poco después, sindicatos como LAB, ESK, LSB-USO y ELA presentaron recursos, así como una patronal. ELA desistió hace unos meses, eso sí. Esta licitación doble busca regularizar un servicio que funciona con parches desde hace ahora dos años. En noviembre de 2024, el Gobierno decidió rescindir por adelantado la contrata con la catalana Grup La Pau, adjudicataria de ambas redes en Álava y Bizkaia. Acumulaba impagos, denuncias y otras irregularidades.
Desde entonces, Ambulancias Gipuzkoa mantiene el contrato en Gipuzkoa y lo ha visto extendido a Álava. Mientras, para Bizkaia se creó una nueva marca llamada Bizkanb, conformada por la rama sanitaria de Alsa (Sanir) y por la local Baztan-Bidasoa. El equipo del consejero de Salud, Alberto Martínez, pretendía regularizar el servicio con estas adjudicaciones de cara al 1 de enero de 2027. Antes ya era complicado porque los recursos tenían paralizado cautelarmente el procedimiento y ahora ya queda anulado, según consta en las resoluciones del OARC.
Según el OARC, el Departamento de Salud no ha acreditado suficientemente la carencia de medios propios que justificaría la externalización de este servicio básico. “No se discute la potestad de autoorganización de la que dispone el poder adjudicador para gestionar los servicios de su competencia y decidir, entre otras cuestiones, si deben prestarse con medios propios o contratados al efecto. Sin embargo, dicha potestad discrecional tiene como límite el respeto del ordenamiento jurídico”, se puede leer en una de las resoluciones del expediente. Aunque se desestiman otras pretensiones de los recurrentes, el OARC ve motivos más que sobrados para parar la licitación por la falta de justificación de la privatización.
LAB ha destacado que la ley “establece la preferencia por la gestión pública directa” y señala que se paraliza el “desvío” de cerca de 1.400 millones “a manos privadas”. La central reclama al Gobierno vasco la “publificación integral” de las ambulancias. ESK, en una valoración de urgencia, ha manifestado que “esta resolución muestra claramente que las vías de las privatizaciones no sólo no están justificadas sino que suponen un menoscabo para la asistencia sanitaria y las condiciones laborales de las plantillas subcontratadas”.
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